El Comité Permanente de la CECh pidió que el proyecto explicite que sus normas no pueden ser invocadas para afectar de modo alguno la naturaleza de la familia, “como tampoco para facultar la adopción de niños y niñas por parejas del mismo sexo”.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, monseñor Ricardo Ezzati, hizo pública este lunes una declaración en nombre de todos los obispos de Chile, sobre el proyecto de ley contra la discriminación que se discute el Congreso, llamando a que se perfeccione para evitar su uso “con fines del todo ajenos a la intención de los legisladores”.
El documento del Comité Permanente de la CECh, realizado por acuerdo de la Asamblea Plenaria, que tiene como título “Todo ser humano tiene derecho a ser persona”, asegura que “en virtud de leyes de formulación imprecisa, el justo rechazo a la discriminación ha sido esgrimido eficazmente en algunos países para, entre otros propósitos, afectar la esencia del matrimonio como unión entre un varón y una mujer, abierta a la generación de hijos conforme a su naturaleza”.
“Afirmando que esta definición discriminaría a quienes quieren utilizar su libertad para “casarse” con alguien del mismo sexo, se ha logrado que dichas uniones sean aprobadas como uniones civiles, buscando equipararlas a la institución matrimonial”, agrega el texto.
Los obispos del Comité Permanente aseguraron que una “ley que establezca medidas contra la discriminación cuenta con todo nuestro apoyo”, aunque acotaron, que desde su perspectiva “el actual proyecto de ley requiere ser perfeccionado, de manera que la igualdad en dignidad de toda persona, que es el fundamento de la convivencia, no sea invocada erradamente contra derechos inherentes a la naturaleza humana”.
Según la alta jerarquía Católica, con el “pretexto de evitar la discriminación se ha atentado contra el derecho superior del niño de contar con un padre y una madre, ya sean éstos sus progenitores o sus padres adoptivos”.
El grupo de obispos, recalcó que “es del todo necesario que se explicite en la misma ley que sus normas no pueden ser invocadas para afectar de modo alguno la naturaleza del matrimonio y de la familia, como tampoco para facultar la adopción de niños y niñas por parejas del mismo sexo”.
Los religiosos propusieron que “la ley no utilice términos ambiguos, que son susceptibles de interpretaciones arbitrarias, por ser ajenos a nuestro ordenamiento jurídico, tales como las palabras “género” y “orientación sexual”.
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) reaccionó ante tales postulados asegurando mediante una declaración que “la Iglesia Católica no sólo quiere negar el derecho al matrimonio, sino también busca que siga legitimándose legalmente la homofobia y la transfobia, lo que contraviene incluso sus propios discursos, por ciertos también incoherentes”.
Según la organización los obispos olvidan “que estamos en un Estado laico y que las leyes deben representar a todos los chilenos y chilenas, y no sólo a grupo de personas que comparten sus pronunciamientos. Esta Iglesia no apela a la igualdad, sino que a la legalización de privilegios e injusticias en función de la orientación sexual o identidad de género de las personas”.
A juicio del Movilh “queda una vez más claro que la Iglesia no está habilitada para hablar de derechos humanos y no discriminación, pues no comprende que esos principios son universales. Su desprecio a la diferencia y la diversidad social, la inhabilita para que sus propuestas sean consideradas”.
