La férrea oposición por parte del subsecretario del Interior a hacer públicos correos electrónicos relativos a la reconstrucción tiene en jaque al gobierno. Y es que la decisión del consejo, que determinó que todos los mails institucionales deben ser transparentados si así alguien lo requiere, abre una caja de pandora difícil de manejar. Todo en medio de las transversales críticas a la salida de Urrutia y el abogado Juan Pablo Olmedo, que ha sido leída como una revancha gubernamental.
A través de la prensa. Así se enteró el presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia (RN) que ya no continuaría en el cargo que ocupó durante tres años. La noticia lo sorprendió, ya que aunque señala que no necesitaba mayores explicaciones, “me habría bastado una llamada telefónica y no enterarme por los medios de comunicación”.
La llamada telefónica vino al día siguiente, por parte del ministro secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, que “me dijo que había sido una decisión del Presidente de la República para darle la posibilidad a otras personas de tomar el aprendizaje que significaba estar en el Consejo”.
Su permanencia en el cargo, así como la del abogado cercano al PPD, Juan Pablo Olmedo, podría haber sido renovada, pero el Presidente Sebastián Piñera optó por nominar a otros dos candidatos, lo que generó molestia en el Senado donde se deben visar las nominaciones.
Hay voces que hablan de una suerte de castigo por parte del gobierno a la labor impulsada por los consejeros. Así lo señaló en una nota de El Mercurio, el líder de RN, Carlos Larraín.
–¿Qué hay de cierto en versiones de prensa que señalan que su salida tiene que ver con una molestia de parte del gobierno por algunos temas complicados, como dar luz verde al acceso a correos electrónicos de la subsecretaría del Interior y haber obligado a la Fundación Integra, liderada por Cecilia Morel, a entregar datos de remuneraciones y donaciones?
-La verdad es que prefiero no hacer especulaciones al respecto, pero esa pregunta hay que hacérsela al ministro Larroulet. Sería pésimo que fuera una cosa de ese tipo porque ello implica que no se podría actuar con independencia en este cargo o en cualquier cargo de la administración del Estado en que la designación de sus integrantes fuera hecha por el Presidente de la República. El espíritu de la ley es precisamente que el Presidente propone y es el Senado el que designa, por lo que si fuera cierto ese rumor sería pésimo para la institucionalidad. Aunque creo que son especulaciones.
El gallito que el Consejo para la Transparencia ha mantenido con la Subsecretaría del Interior, ha generado una fuerte tensión entre el gobierno y la entidad. La negativa del subsecretario Ubilla de entregar los correos electrónicos relacionados con la reconstrucción, solicitados por el alcalde de Melipilla, Mario Gebauer, es fuertemente criticada por Urrutia. Sobre todo los argumentos entregados en el oficio enviado por la autoridad en agosto pasado, en el que señala que “un correo electrónico emanado de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones será siempre privado”, recalcando además que el Consejo carece de atribuciones “para requerir con carácter de obligatorio” dicha documentación.
En vista de que el consejo no atendió estos argumentos, la subsecretaría presentó un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
[cita]Tenemos que tener un precedente claro, preciso y determinado de cómo deben actuar las autoridades de la administración del Estado. Hoy día son los correos electrónicos, quizás mañana cuales serán las formas técnicas de comunicación, pero en definitiva no se puede argumentar que los correos son del ámbito privado de los funcionarios.[/cita]
-La decisión en torno a los correos electrónicos gubernamentales marca un antes y un después en torno a la transparencia, ya que deja más en evidencia las decisiones, acuerdos y conversaciones que pueda tomar el Gobierno internamente. Es complejo.
-Es complejo, pero por eso hay una norma en la Ley de Transparencia que faculta al Consejo para solicitar los antecedentes y podemos determinar si son o no son privados, si afecta la seguridad o interés nacional o a terceros. O impiden el normal funcionamiento de un órgano del Estado. Esa es la función del Consejo y esa función la desconoce el oficio que envía el subsecretario del Interior. Por eso es que es tan grave esta situación. En el Consejo estamos convencidos de que los correos electrónicos que se envían entre las autoridades en el ejercicio de la función pública y a través de los correos institucionales del Estado son públicos. Los correos electrónicos están reemplazando en definitiva a los antiguos memorándum. Hoy día se dan las instrucciones, se dan las órdenes, se hacen los estudios y se envían a través de los correos electrónicos. Y por lo tanto no se puede argumentar que son una comunicación privada entre privados, por lo tanto se estaría afectando el artículo 19 de la Constitución Política. Si se llegara a establecer una situación de esa naturaleza se acaba la transparencia del país. Al menos por parte del órgano Ejecutivo, porque todos los funcionarios públicos harían todas sus actas del ejercicio de sus funciones a través de correos electrónicos y eso implica necesariamente que si consideran que es privado todo sería privado.
-¿Por ejemplo?
-El caso de HidroAysén. En ese proyecto hay un periodista que ha solicitado una serie de antecedentes incluidos correos electrónicos de diversos organismos públicos. Varios seremi, en una respuesta bastante insólita por decirlo suavemente, nos contestan diciendo que los correos electrónicos son privados y están dentro del ámbito de la privacidad de sus funcionarios. Y que la decisión que ellos toman, en el sentido de que tenían que emitir un informe a la Conama para tomar la resolución definitiva, sólo la tomaron por iniciativa propia y en virtud de sus conocimientos. Es decir no le consultaron a nadie, no hubo ningún informe técnico, no hubo ninguna apreciación de ninguna naturaleza. Entonces no es creíble que una determinación de esta naturaleza se haya tomado por un funcionario sin haber consultado a sus técnicos, a sus profesionales y que no me cabe ninguna duda que han contestado a través de correos electrónicos. Una materia de esta envergadura, con lo que significaba para el país y con la oposición que había antes de que se aprobara para tomar esta decisión no es posible.
-¿Esto vulnera la Ley de Acceso a la Información pública?
-No solamente se vulneró la Ley de Acceso a la Información Pública, sino también la Ley 19.880 que regula todos los procedimientos administrativos y que en su artículo 13 expresamente establece la necesidad de al menos dejar algún tipo de constancia escrita de las resoluciones que se van a tomar. Ahí tenemos un indicio claro que se acaba la transparencia en Chile si se logra determinar que efectivamente los correos electrónicos de los funcionarios del Estado son del ámbito privado.
-¿Y qué rol le cabe al Estado al respecto?
-En definitiva el gobierno tiene que entender, así como quienes han creado esta figura para determinar que los correos electrónicos son del ámbito de la privacidad de los funcionarios del Estado, que aquí no está clavada la rueda de la fortuna, que no sólo estamos aplicando estas medidas para este gobierno sino para el futuro. Entonces tenemos que tener un precedente claro, preciso y determinado de cómo deben actuar las autoridades de la administración del Estado. Hoy día son los correos electrónicos, quizás mañana cuales serán las formas técnicas de comunicación, pero en definitiva no se puede argumentar que los correos son del ámbito privado de los funcionarios.
