Entrevistado en ADN Chile Rodrigo Román insistió en que «lo determinante del juicio no es precisamente la eventual declaración que pueda hacer el ministro Hinzpeter, Alejandro Peña o cualquier otro testigo, son casi 500 los testigos de la Fiscalía y de la defensa y son casi 200 los peritos. Lo determinante va a ser que aquí estamos en presencia de una acusación desprolija, desordenada, inconsistente».
El abogado defensor en el “Caso Bombas” del ex lautarista Omar Hermosilla, Rodrigo Román, sostuvo la mañana de este martes en ADN Hoy que lo determinante de su petición para que el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter, declare como testigo, no es el testimonio en sí, sino que «va a ser dejar al descubierto» que nunca existió asociación ilícita terrorista ni supuestos financistas de una organización de este tipo.
En agosto de 2010 fue congelada la cuenta bancaria que Hermosilla mantenía y en la cual según informó La Tercera, se recibieron desde el extranjero al menos dos depósitos en euros provenientes del paraíso fiscal de Islas Caimán, enviados por un ciudadano italiano identificado como Matteo Rossi. Hermosilla es investigado por financiamiento de actividades terroristas.
El abogado Rodrigo Román aseguró que «lo determinante aquí no va a ser el testimonio del ministro, del momento que él declare efectivamente como testigo, sino que lo determinante va a ser dejar al descubierto que acá, en primer lugar, lo dijo el propio Ministerio Público, aquí nunca hubo asociación ilícita terrorista, en consecuencia se sobreseyó el 4 de octubre. Luego, lo que va a juicio son supuesto colocadores y otros financistas, que queda más en duda aún porque no se puede saber qué habrían financiado si no existió asociación ilícita terrorista».
El profesional sostuvo que la defensa no tiene «la historia previa al 14 de agosto, pero sí hay un montón de antecedentes que hacen presumir fundadamente que algún grado de colusión hay».
Román insistió en que «lo determinante del juicio no es precisamente la eventual declaración que pueda hacer el ministro Hinzpeter, Alejandro Peña o cualquier otro testigo, son casi 500 los testigos de la Fiscalía y de la defensa y son casi 200 los peritos. Lo determinante va a ser que aquí estamos en presencia de una acusación desprolija, desordenada, inconsistente, incluso en todo lo que se puede apreciar de las propias palabras del Ministerio Público el día de ayer, en los momentos en los que les correspondió realizar su alegato de apertura. Ellos señalaron expresamente que no tienen pruebas directas».
El caso se refiere a la colocación desde el año 2006 de unos 160 artefactos explosivos de fabricación casera frente a empresas, bancos, iglesias y edificios públicos y por el cual en agosto de 2010 se procedió a una serie de arrestos impulsados por el entonces fiscal en jefe de la zona Metropolitana Sur, Alejandro Peña, actual funcionario del Ministerio que encabeza Rodrigo Hinzpeter. En mayo de este año la justicia revocó la prisión preventiva para un total de catorce imputados que permanecían en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago y se «desmoronara» el argumento de la fiscalía de que existía una asociación ilícita terrorista.
Este lunes, con la presencia de los seis imputados, cuatro acusados de instalar artefactos explosivos y dos por financiar actividades terroristas, se inició el interrogatorio por un juicio que según las fuentes judiciales se podría extender por más de 40 semanas.
