Tras la brutal muerte de un joven gay, entra en vigencia la normativa que sanciona actos arbitrarios por orientación sexual, raza o religión, en un país donde los homosexuales luchan por ganar espacio.
La muerte del joven Daniel Zamudio, brutalmente golpeado por cuatro supuestos neonazis a causa de su condición de homosexual, fue recordada en Chile al momento de entrar en vigencia el jueves la ley Antidiscriminación.
La normativa que sanciona actos arbitrarios por orientación sexual, raza o religión fue promulgada por el presidente Sebastián Piñera, quien destacó que su aplicación representa «un paso fundamental para construir juntos una sociedad más tolerante e inclusiva».
El caso Zamudio impactó a nivel local e incluso internacional. Pero los ataques de este tipo en Chile no son una situación aislada según los expertos, y en junio de 2011 una transgénero fue agredida en Valparaíso y resultó con diversas lesiones y secuelas.
La golpiza generó conmoción pero con el paso del tiempo fue quedando en el olvido, y hoy Sandy Iturra no guarda mayores expectativas con la ley Antidiscriminación, según relató a BBC Mundo.
«Ha pasado más de un año y no hay culpables, yo sigo a lo que me toque no más, y no es justo. El gobierno me dejó totalmente de lado, yo quiero tratar de aprender algo, de estudiar algo, me gusta prepararme, y no se me da la oportunidad. Entonces para mí esta ley Antidiscriminación no sirve mucho», planteó.
Tras perder la visión del ojo derecho y sufrir «problemas momentáneos en la mente», Sandy relata que ha revivido la agresión al sentirse apartada en organismos dependientes del Estado, y denuncia que «tienen instituciones trabajando con la gente y esas instituciones igual están discriminando».
La ley se hizo realidad tras siete años de tramitación parlamentaria, y a juicio de Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), beneficiará justamente a quienes hoy están desprotegidos.
«La ley incorpora la no discriminación por identidad de género, está expresamente señalado y dimos una tremenda pelea ello», explicó a BBC Mundo, agregando que «la población transgénero es el eslabón más débil y más vulnerable de las minorías sexuales, y va a ser uno de los grandes beneficiados».
El dirigente afirmó que para evitar casos como el que denuncia Sandy lo principal es que los organismos del Estado como ministerios, servicios o municipios cuenten con políticas públicas para llevar a la práctica la normativa, y que la gente la use «de manera eficaz y rigurosa» para hacer valer sus derechos.
«Sin duda es un avance histórico, aunque suene a lugar común, porque en términos estrictos es la primera herramienta que tienen los ciudadanos y ciudadanas en Chile para defenderse de la discriminación arbitraria», manifestó.
Uno de los motivos por los que la discusión estuvo trabada en el Congreso desde la administración de Ricardo Lagos fue que sectores conservadores y eclesiásticos temían que la ley Antidiscriminación abriera una puerta para el matrimonio homosexual.
El joven de 24 años fue asesinado en marzo por presuntos neonazis.
Y fue el propio Piñera quien al momento de promulgar la ley recordó que «sólo después del cruel asesinato de Daniel Zamudio, que murió precisamente a manos de la discriminación, de la intolerancia, del odio y de los prejuicios, Chile por fin se decidió a dar este paso fundamental».
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó en marzo pasado una inédita condena contra el Estado de Chile por discriminación, ante el caso de una jueza a quien se le quitó la custodia de sus hijas por ser lesbiana.
Y aunque desde la sociedad civil cada vez hay mayor apertura ante las minorías sexuales, queda mucho aún por avanzar y la ley Antidiscriminación va en ese camino, según Rolando Jiménez.
«Hay un montón de temas pendientes, la ley antidiscriminatoria no es la panacea y no va a resolver los problemas de discriminación de un paraguazo: la gente se tiene que empoderar, los tribunales tienen que aprender a aplicarla de manera correcta», afirmó.
El establecimiento de 17 categorías de no discriminación, la creación de políticas públicas y un instrumento jurídico nuevo que permitirá la rápida tramitación de las causas destacan en el texto legal.
Además, quien se sienta objeto de discriminación podrá presentar una demanda y los tribunales podrán aplicar multas entre US$375 y US$3.700, y penas aumentadas en caso de agravantes.
