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Trastienda de la polémica designación de Brahm

El poder no electoral que busca ejercer la derecha desde el Tribunal Constitucional

por 27 marzo, 2013

El poder no electoral que busca ejercer la derecha desde el Tribunal Constitucional
No es menor el hecho que, hasta ahora, todo indica que la derecha no lograría mantenerse en La Moneda por cuatro años más, ya que incluso sus cálculos electorales apuntan a que la Alianza no obtendría tan buenos resultados en las elecciones parlamentarias de noviembre. Con este panorama, el TC se transforma en un factor clave de la estrategia en la derecha, dado que funciona como una suerte de suprapoder de decisiones de la autoridad política elegida democráticamente.
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Nadie discute que la designación de la jefa de asesores de La Moneda, María Luisa Brahm para ocupar un escaño en el Tribunal Constitucional fue parte de las prerrogativas constitucionales que tiene el Presidente Sebastián Piñera. El punto es que dado el nítido perfil político de la trayectoria de la abogada, dicha nominación ha generado suspicacias y ha prendido las alarmas por la intención del oficialismo de usar instituciones —en este caso el tribunal— como trinchera para resguardar la obra del actual gobierno y ejercer un poder de veto no electoral.

El TC cuenta con diez miembros designados por el Presidente de la República, el Congreso y la Corte Suprema. El 14 de marzo, tras semanas de rumores, al final de la jornada y a través de un comunicado, el gobierno anunció la designación de Brahm y la ratificación de Iván Aróstica, quien en julio de 2010 llegó al TC nombrado por Piñera en reemplazo de José Luís Cea y que provenía de la jefatura de la división jurídica del Ministerio del Interior.

La discusión por el TC puede parecer bastante lejana, sin embargo, tiene cada vez más injerencia en asuntos relevantes a nivel político, valórico y económico, como si Ena Von Baer podía reemplazar a Pablo Longueira en el Senado cuando este asumió como ministro de Economía; aspectos del debate de la Televisión Digital o el alza de los planes de las Isapres.

Brahm fue elegida en reemplazo de la vacante que dejó José Antonio Viera-Gallo, designado por Michelle Bachelet al concluir su mandato y cuyo período terminó el 15 de marzo. Con su llegada y la ratificación de Aróstica, la correlación de fuerzas en el TC quedó inclinada por uno voto a favor de la derecha, ya que sus otros miembros, Raúl Bertelsen, Marisol Peña y Juan José Romero —hijo del RN y embajador Sergio Romero— son conocidos como afines a dicho sector.

Como contrapeso, están los abogados Francisco Fernández, Hernán Vodanovic, Carlos Carmona y Gonzalo García (ratificado por el Congreso) vinculados a la oposición. Con este escenario, Domingo Hernández, designado por la Corte Suprema en mayo del 2012, quedó como un factor de equilibrio entre ambas fuerzas.

Cuando la Corte Suprema eligió a Hernández —de inclinación democratacristiana— para el TC, la decisión cayó muy mal en La Moneda, porque hasta ese minuto se esperaba que el cupo que dejaba Enrique Navarro fuera para alguien de derecha.

En esos meses, la relación entre La Moneda y la Corte Suprema era bastante tensa y la elección de Hernández, fue una sorpresa absoluta, porque el “candidato” del gobierno era Emilio Pfeffer. Pero en una primera votación Hernández sacó 9 votos y Pfeffer solo 5, y en la segunda votación —según consta en las actas del pleno— el primero ganó por mayoría absoluta de 15.

La Moneda había sondeado otros nombres para el TC, como el civilista y constitucionalista Arturo Fermandois y el profesor Gastón Gómez, quienes no aceptaron la oferta. Pero la llegada de Hernández gatilló presiones internas en el oficialismo, para asegurar dos escaños en el tribunal con “votos incondicionales” de derecha.

Incluso, se pensó a última hora en el ex ministro de Justicia, Teodoro Ribera, pero se desechó la idea considerando que salió del gobierno muy cuestionado en diciembre. Así, se terminó ratificando a Aróstica y eligiendo a Brahm.

Las alarmas

Los defensores de Brahm han puesto el acento en que Bachelet eligió a Viera-Gallo, quien era su ministro de la Segpres hasta ese minuto. Sin embargo, la diferencia —agregan los detractores— pasa por dos hechos: el ex senador PS tenía una larga experiencia parlamentaria y que asumió una vez acabado el gobierno de la Presidenta, mientras que la abogada RN estará todo este último año de Piñera. “Es un año completo con dos votos incondicionales”, advierten en el entorno del TC y en el mundo judicial.

Las últimas semanas públicamente desde la derecha —el timonel UDI, Patricio Melero y el presidente de la Cámara de Diputados, Nicolás Monckeberg (RN)— han hablado del imperativo político de evitar que la oposición logre una mayoría en el Congreso que le permita conquistar el quórum de los 4/7, el umbral requerido para llevar a buen puerto cualquier reforma profunda y estructural del sistema político y económico.

No es menor el hecho que hasta ahora todo indique que la derecha no lograría mantenerse en La Moneda por cuatro años más, ya que incluso sus cálculos electorales apuntan a que no obtendrían tan buenos resultados en las elecciones parlamentarias de noviembre.

Con este panorama, el TC se transforma en un factor clave de la estrategia en la derecha, dado que funciona como una suerte de supra poder de decisiones de la autoridad política elegida democráticamente. Por eso, apenas se conoció de la designación de Brahm, surgieron voces poniendo luz amarilla.

Días antes de asumir como presidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), advirtió de la intención de modificar las mayorías que se generan en las votaciones del Congreso: “La Sra. Brahm es la más cercana a Piñera, la sensación que queda es que está poniendo en el TC a alguien de su confianza para influir en el tribunal, más que alguien de prestigio en el área constitucional (…) El TC no es la instancia para resguardar una obra y lo complejo es que puede cambiar las mayorías que se han expresado”.

No es el único. En el mundo judicial, cuando aún era sólo un rumor, la opción por la abogada RN hacía ruido por lo que se veía como una “intervención velada” y ya consumado el nombramiento, se dice que “las señales son claras” y que “la derecha se prepara para una derrota”. Es más, abogados de diversas casas de estudios han pedido estos días —a través de una carta pública— que se modifique el sistema de designación al TC; criticaron que su conformación replique la lógica del sistema binominal de favorecer a las dos grandes coaliciones y apelaron a que los elegidos sean verdaderamente “los más notables especialistas”.

En privado en La Moneda reconocen que la estrategia para este año es “fortalecer la trinchera parlamentaria y que en ese contexto, el TC es el complemento ideal”. Admiten que el escaño de Brahm es clave en ese sentido y que, por lo mismo, en su designación primó su perfil político, que consideran relevante para defender el “legado” de Piñera con miras a un posible retorno el 2017. Mismo perfil por el que optó Bachelet cuando designó a Viera-Gallo.

El propio abogado Gómez el año pasado reconocía que “el TC va a aumentar su incidencia y será cada vez más incisivo en los asuntos públicos (…) Si hay una legislación de aborto va a terminar en el TC; si hay una legislación positiva sobre matrimonio homosexual, también. Y si hay tensión entre la libertad de expresión y la democracia, igual”.

El pasado condena

La discusión por el TC puede parecer bastante lejana, sin embargo, tiene cada vez más injerencia en asuntos relevantes a nivel político, valórico y económico, como si Ena Von Baer podía reemplazar a Pablo Longueira en el Senado cuando este asumió como ministro de Economía; aspectos del debate de la Televisión Digital o el alza de los planes de las Isapres.
En julio del 2011, se pronunció por el recurso presentado por tres parejas gay que tenía el objetivo de hacer valer el principio constitucional de igualdad ante la ley, una vez que en Chile se les negó el reconocimiento a su unión civil en Mendoza. Después de audiencias públicas y deliberaciones, en noviembre el tribunal rechazo el requerimiento.

Durante el gobierno de Bachelet esta instancia jugó un papel no menor en lo que se consideró entonces un intento por torcer la autoridad presidencial. En agosto del 2008 el TC impugnó el préstamo por 400 millones de dólares solicitado por el gobierno al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el Transantiago.

También revirtió la decisión gubernamental de distribuir la píldora del día después en el sistema público de salud como método anticonceptivo de emergencia. El TC acogió el requerimiento de 36 parlamentarios de la UDI y RN de prohibir la entrega de Progestinor 2 en los consultorios, pero no se pronunció sobre su comercialización en el sector privado, manteniéndose así el criterio discriminatorio en el acceso que se trataba de corregir.

Desde el seno del TC recalcan que no son una “caja de resonancia” de los partidos, que actúan con independencia y que sobran ejemplos de “votos cruzados y no alineados”. Pero también reconocen que al final, en materias claves, se tiende a dar el alineamiento natural en términos políticos.

La relación actual de La Moneda con el TC es bastante protocolar, se da a través del ministro de la Segpres, Cristián Larroulet y con el Presidente Piñera no ha ido más allá de un par de encuentros formales.

Eso sí, no se discute que el mandatario tenga claridad meridiana de la importancia de este tribunal y el peso que puede llegar a tener. Es más, se comenta una anécdota que circula y es que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, advirtió en su momento a Piñera que “se cuidara del TC”, algo que al parecer se tomó a pecho.

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