A casi tres semanas del inicio de las movilizaciones de la Unión Portuaria de Chile, las que tienen preocupados a empresarios y autoridades debido a las pérdidas económicas que éstas implican, la fundación llamó a realizar «una exhaustiva investigación al respecto, considerando la gravedad de los hechos».
La Fundación Sol, centro que realiza investigaciones y asesorías vinculadas al mundo laboral en Chile, emitió un comunicado en el cual defiende a los trabajadores portuarios chilenos, quienes llevan casi tres semanas en huelga y demandando mejores condiciones laborales. Entre sus peticiones se incluye la modernización del puerto y la creación de pensiones de invalidez para quienes no se encuentran en condiciones de seguir desempeñándose en el oficio.
La situación tiene preocupados tanto a los empresarios del rubro de la exportaciones, especialmente los frutícolas, como al Gobierno que ha hecho un llamado al diálogo y actuar con responsabilidad.
«Lejos de suscribir la tesis que busca inculpar a la Unión Portuaria de Chile por las pérdidas económicas calculadas debido a la paralización de actividades que han liderado sus dirigentes, nos parece importante revelar que este conflicto pone de manifiesto las limitaciones propias de nuestro modelo de relaciones laborales», reza el documento.
Desde la organización hicieron hincapié en que los actuales derechos colectivos de los que goza el movimiento sindical nacieron en 1979, en un contexto que «no contaba con el reconocimiento ni la legitimidad de cada uno de los actores del mundo del trabajo, principio básico de las sociedades democráticas».
Ante este escenario, «somos partidarios de un sistema que fortalezca las organizaciones autónomas de los trabajadores, de manera que puedan ejercer un derecho amplio de huelga y también negociar por sobre los límites de la empresa, convirtiéndose verdaderamente en un poder compensatorio frente a sus patrones», asegura el comunicado.
Desde la Fundación Sol criticaron el desempeño de las autoridades en el conflicto calificándolo de «vacilante» y luego de desconocer la legitimidad de las demandas. «Un ejemplo de esta actitud son los dichos del ministro de Economía, quien señaló que no se deben utilizar estas coyunturas para realizar movilizaciones ilegales y “sin fundamentos”, aseguran. Según señala el documento, durante los últimos días las conversaciones se han visto impedidas debido a que los trabajadores están exigiendo el reintegro de dos dirigentes sindicales despedidos y que se de hostigar a al menos 10 dirigentes y afiliados del sindicato.
«Los trabajadores acusan la escasa capacidad de la legislación chilena para cursar multas a la empresa y tomar medidas que restablezcan su legítimo derecho a la organización y defensa de sus intereses. Con todos estos antecedentes, nos parece que debe existir mínimamente una exhaustiva investigación al respecto, considerando la gravedad de los hechos enunciados», concluyen.
