Así fueron las intervenciones del gran intelectual de la dictadura en la Comisión Ortúzar
La Carta Magna que nos rige tuvo un padre intelectual, el líder de la UDI, quien plasmó su mirada conservadora del mundo y la transformó en la ley superior del país. Su temor a la libertad de prensa, su relativización de los derechos humanos porque “los únicos derechos absolutos son los de Dios”, el ninguneo del derecho de reunión, su desprecio por otras opciones de vida, como el ‘hippismo’, y su defensa de la familia tradicional como baluarte de la sociedad occidental, son parte de ese corpus jurídico-político que está en el espíritu de nuestro ordenamiento legal.
Es sabido y siempre se ha dicho que Jaime Guzmán Errázuriz, el mismo que fundó la UDI, jugó un papel fundamental durante la dictadura de Augusto Pinochet, fue su principal intelectual, elaboró su justificación, los argumentos para su defensa y la proyección política de ésta. Pero ¿cómo fue su verdadero papel en la llamada Comisión Ortúzar, esa que fue la base para la elaboración de la Constitución de 1980?
No es un debate gratuito ni ajeno, por el contrario, con la conmemoración de los 40 años del Golpe Militar, está en el tapete público lo que cada actor hizo en esos años de dictadura y Guzmán, por cierto, no fue uno secundario, por el contrario, tal como lo expuso con aplastante claridad la carta del rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, a El Mercurio : “No cabe duda, pues, que Jaime Guzmán elaboró una justificación del Golpe, de la dictadura y de las violaciones a los derechos humanos acaecidas en Chile. ¿Se compensa esa actitud intelectual y política con los actos particulares estimables que tuvo y que él mismo (olvidando el mandato evangélico de que no sepa la mano izquierda lo que hace tu derecha) se encargó de divulgar? Este problema es el que merece la deliberación pública: si acaso un acto bueno o de conmiseración compensa y borra el apoyo intelectual y la colaboración política con un régimen que, a sabiendas de Guzmán, violaba los derechos humanos”.
[cita] Guzmán es categórico. “Ningún derecho humano es absoluto, porque el ser humano no es absoluto (…) los únicos derechos absolutos son los derechos de Dios, de un ser absoluto. Los derechos del hombre, todos, son susceptibles de limitación, sin excepción; partiendo por el derecho a la vida que puede ser limitado o restringido por la pena de muerte, cuya conveniencia o inconveniencia se podrá discutir (…) al ser limitable o restringible el derecho a la vida es evidente que todos los demás también pueden serlo”.[/cita]
Al revisar las actas de la Comisión Ortúzar —que inició su tarea a días del Golpe, el 24 de septiembre de 1973— aparecen las intervenciones de Guzmán en temas como Estado subsidiario, aborto, pena de muerte, derechos humanos y justificación de la dictadura. Este grupo funcionó hasta octubre de 1978, sesionó 417 veces, Su presidente fue el ex ministro de Justicia y canciller de Jorge Alessandri, Enrique Ortúzar Escobar y estuvo integrada además por Guzmán, Alejandro Silva Bascuñán, Jorge Ovalle Quiroz, ministro de Justicia de Pinochet, Alicia Romo, rectora de la Universidad Gabriela Mistral, Enrique Evans de la Cuadra, Sergio Diez Urzúa —abogado, académico, embajador de Chile en la ONU en dictadura y ex senador de RN— junto con el abogado y ex diputado del Partido Liberal, Gustavo Lorca.
En 1977 renunciaron Silva Bascuñán, Evans y posteriormente Ovalle y en su reemplazo se sumaron Luz Bulnes Aldunate, miembro del Tribunal Constitucional entre 1989 y 2002, Raúl Bertelsen Repetto, hasta hoy miembro del TC, y Juan de Dios Carmona, ex ministro de Economía de Frei Montalva y DC hasta el 76 cuando renunció al partido por su apoyo a la dictadura.
La comisión redactó el Memorándum sobre el proyecto de Constitución Política en un momento en que se hablaba de una campaña internacional contra Chile promovida por el marxismo. En esos días, ya había rumores y suposiciones sobre cuál sería el destino o el futuro del gobierno de las FF.AA. desde el punto de vista institucional. Hubo, por lo tanto, que tratar de proyectar, básicamente, la imagen de dos cosas sustanciales a las cuales la nueva institucionalidad iba a responder: una concepción de la persona humana y la sociedad inspirada en los principios cristianos libertarios y no en un esquema totalitario y, en segundo término, que este orden se encuadrara en un contexto de juridicidad.
Un dato más. En América Latina las dictaduras militares estaban a la orden del día, lo que ayudó a la idea de buscar una fórmula que diera estabilidad al proceso.
Así, Guzmán planteó entonces que “actualmente el país vive lo que técnicamente se puede llamar un receso de desconstitucionalización, (…). La opinión pública nacional y extranjera comprende esta situación como una primera etapa, y entiende que es necesaria. Pero después habría que regular ciertos cauces de manera que, sin llegar a una democracia perfecta y plena, se tenga, por lo menos, algunas vías jurídicas claras dentro de las cuales se esté desenvolviendo el régimen en forma adecuada a la realidad. Estos son los cauces jurídicos que han permitido que países, como Brasil, que dista mucho de ser una democracia perfecta en el sentido en que se ha vivido en Chile, gocen ante el mundo, del reconocimiento de que en ellos impera el Estado de Derecho; situación que a nuestro país en la actualidad se le cuestiona. No dudo de que, en ello, influyen factores políticos, como por ejemplo, una campaña del marxismo internacional destinada a hacer creer que en Chile no está imperando el Estado de Derecho”.
Todo el debate para la Constitución de 1980 apuntaba a esto, asegurar el futuro del régimen. Así, Guzmán afirmó que “suprimido el estado de sitio, ¿cuál será el régimen jurídico del país? Este es el problema que podría inquietar a la comunidad internacional. Incluso puede ser un requerimiento y una necesidad que sienta la Junta de Gobierno y la opinión pública nacional para que el país tenga un cauce orgánico y jurídico en el cual desenvolverse; todo ello expresado en términos realistas, es decir, que no se pretenda establecer un regreso democrático perfecto, como puede ser aquel que consagre la Constitución ni que tampoco traduzca la situación en que se desenvolvería el país de levantarse los estados de emergencia que hoy vive, sin tener otro ordenamiento jurídico que los restos de una constitucionalidad y cuerpos institucionales aislados que se van dictando”.
En este ámbito Guzmán es categórico. “Ningún derecho humano es absoluto, porque el ser humano no es absoluto (…) los únicos derechos absolutos son los derechos de Dios, de un ser absoluto. Los derechos del hombre, todos, son susceptibles de limitación, sin excepción; partiendo por el derecho a la vida que puede ser limitado o restringido por la pena de muerte, cuya conveniencia o inconveniencia se podrá discutir (…) al ser limitable o restringible el derecho a la vida es evidente que todos los demás también pueden serlo”.
Hay otros derechos sobre los cuales, a juicio de Guzmán, hay que ser “profundamente atentos e innovadores, porque son la causa de la crisis que se vive hoy día; tal es el caso, en especial, del derecho a la libertad de expresión, que tiene una dimensión completamente nueva a raíz de los medios de comunicación modernos. De manera que es un punto que implica una de las garantías más sensibles dentro del ordenamiento jurídico. Podría decirse que es uno de los más explosivos. Allí está uno de los nervios del tema que se va a abordar. El éxito o el fracaso de un Estado futuro en Chile va a estar dado en gran medida por la forma en que se resuelva este problema y por la manera en que se desenvuelva esta realidad”.
Considerando que la consagración del derecho a la vida es el primero de todos los derechos para Guzmán, era evidente que ello “exige pronunciarse respecto de la constitucionalidad de la pena de muerte que debería mantenerse como una posibilidad a la cual el legislador pueda acudir como sanción de un delito determinado”. En cambio, lo que cree que sí queda excluido de suyo es el aborto: “El derecho a la vida evidentemente excluye y hace ilícito el aborto”.
Y como a su juicio todos los derechos eran susceptibles de limitación y deben ser reglamentados, el ideólogo de la UDI afirmaba en la comisión que “en el caso del aborto se trata de un homicidio y por trágica que sea la situación en que se vea envuelta la madre, es indiscutible que ella está obligada siempre a tener el hijo, en toda circunstancia, como parte, según lo expresaba el señor Silva Bascuñán, de la cruz que Dios puede colocar al ser humano”.
En esa línea, precisó que “la madre debe tener el hijo aunque éste salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o aunque de tenerlo, derive su muerte. Una persona no puede practicar jamás legítimamente un aborto, porque es un homicidio y todas las consecuencias negativas o dolorosas constituye, precisamente, lo que Dios ha impuesto al ser humano”.
En este punto, Guzmán quería ir más allá, complementar el concepto con lo que la Junta Militar llamó la “identidad histórico-cultural de la Patria”, que dice relación “con la mantención de los sentimientos más profundos de la nacionalidad y de las tradiciones desarrolladas y consagradas a través de toda nuestra historia (…) nuestras Fuerzas Armadas tienen un doble papel: cautelar la seguridad nacional y velar por la identidad histórico-cultural de la Patria, todo ello, presidido por una característica que ya se ha mencionado: las FF.AA. son jerárquicas, apolíticas y profesionales, obedientes al orden jurídico institucional y no deliberantes”.
Así, el concepto de seguridad nacional es “mucho más amplio que el de la simple conservación del orden interno y de la seguridad exterior de la República; al tratar de afianzar la soberanía de la Nación en su integridad, apunta a todos los supuestos en que esa soberanía y esa integridad se apoyan, como es, por ejemplo, indispensable la existencia de un mínimo razonable en el funcionamiento de la economía respecto de un país, porque en la situación económica en que se encontraba Chile en agosto o en septiembre del año pasado (73), no se podría sostener que su seguridad nacional era firme”.
Directo y claro. Para Guzmán la ley y las disposiciones pueden restringir el derecho de reunión “sin permiso previo en las calles, plazas y demás lugares de uso público, si la reunión adquiere un carácter multitudinario que entorpece el derecho de terceros sobre estos lugares públicos, a condición de que este derecho se entienda siempre relacionado con el de igualdad ante la ley, que prohíbe a toda autoridad realizar discriminaciones arbitrarias. Lo que no puede ocurrir es que lo que se les autorice a unos se les niegue a otros (…). Eso es algo importante de preservar. Pero si el día de mañana se dijera que, en los radios urbanos, no se admitirán concentraciones o reuniones masivas en las plazas y calles, pienso que realmente no se estaría vulnerando ningún derecho”.
Aquí queda plasmada una visión que la UDI defiende hasta hoy. “¿A qué queda reducida la libertad de enseñanza, si se admite la existencia de un sistema nacional que fija obligatoriamente planes y programas de estudio? ¿A una mera libertad de cátedra, que permita al profesor desarrollar con cierta flexibilidad, de acuerdo a sus puntos de vista, un programa único y obligatorio para todo el país, salvo el caso excepcional de establecimientos con planes o programas experimentales? Eso no es libertad de enseñanza, atributo que entiende más amplio, y referido a los establecimientos educacionales como tales, y a quienes los puedan desear crear y no únicamente al profesor en una mera libertad de cátedra”.
Un tema que no deja de ser interesante de revisar, más aún dado los claros y oscuros en la vida de Guzmán. “La intimidad es una zona más profunda y sensible que la privacidad, es algo todavía más sutil y, por lo tanto, de menor alcance en su extensión (…) habrá que hacer algún tipo de relación sobre el punto cuando se trate el tema de los medios de comunicación (…) va a ser la jurisprudencia la que en definitiva irá calibrando o precisando a quién y hasta dónde alcanza este derecho de privacidad”.
Siguiendo con los medios de comunicación, afirmó que “este es un rubro en el cual difícilmente se puedan establecer líneas demasiado precisas (…) y va a tener que ser la jurisprudencia la que vaya sentando la doctrina sobre el punto. Por ejemplo, el hecho de inmiscuirse en la vida privada de la familia, en las relaciones del esposo con su esposa o con sus hijos es entrometerse en una zona de privacidad que siempre debe ser respetada, incluso respecto de los hombres públicos y tal vez con mayor razón respecto de ellos porque en nada afecta su acción pública. En cambio, por ejemplo, que se dé a conocer qué género de vida no sólo licenciosa, sino sumamente cómoda y holgada llevaba el anterior Presidente de la República, que se decía abanderado de los sectores más modestos, puede ser un hecho que no sea violatorio de la privacidad de las personas porque da una pauta de cuál es la calidad moral de las personas en un rubro que evidentemente interesa a la comunidad nacional”.
Para Guzmán puede “definirse como una aspiración programática o bien como una declaración de intenciones de lo que pretende una sociedad democrática, a fin de que nadie quede por debajo de un mínimo necesario para vivir con dignidad, asegurando el desarrollo individual y familiar. Desafortunadamente y a partir de ese mínimo, se produce una desigualdad que cobra especial connotación en los campos económico, social y cultural. Dicha desigualdad es inherente a la condición humana y se aprecia tanto en las sociedades occidentales como en los países socialistas”.
A su juicio, promover una igualdad muy amplia “significaría para el Estado contraer un compromiso muy difícil de cumplir. Restringir el concepto de la igualdad a materias específicas en las cuales pueda llegar a ser una realidad, como por ejemplo, en lo relativo a la educación”.
Unido al punto anterior, el ideólogo gremialista pensaba sobre el Estado subsidiario que era “importante consagrar el principio de la descentralización del poder o de la subsidiariedad, entendiendo que la función del Estado es, en primera instancia, la de integrar y coordinar las diversas actividades del país y sólo, en subsidio, y en segunda instancia, la de asumir en forma directa una tarea específica, cuando, por su importancia, no pueda ser entregada a la órbita de los cuerpos intermedios o cuando, por lenidad de éstos, no cumplan el objetivo que la sociedad reclama de ellos”.
Tal como se lee en las actas, Guzmán dijo que “la clave de la libertad está en la vigencia del principio de subsidiariedad, antes que en el respeto a las libertades políticas. En él régimen pasado existía un marco de libertades que no fueron vulneradas en forma tan grave, como ocurrió con el derecho de reunión y con la libertad de expresión, pero la asfixia estatista de las actividades generales del país, principalmente las de carácter económico, puso al régimen de libertad en Chile en serio peligro”.
Así, agregó que “no se puede confundir la cualidad de un derecho con la cantidad o forma en que él se expresa. Aunque el Estado llegue a tener una mayoría abierta de establecimientos educacionales, desde un punto de vista doctrinario o cualitativo esa función sigue siendo subsidiaria, porque llena aquello que no pueden llenar las instancias prioritarias. (…) Respecto de la órbita que las instancias prioritarias no alcanzan a cubrir, el Estado tiene no sólo el derecho, sino también el deber de entrar a actuar”.
Un concepto que para Guzmán era igual que la Torre de Babel, ya que creía que existía una imposibilidad de entenderse en el lenguaje. “Hace algún tiempo la gente divergía en ideas y además en el lenguaje. Entonces, se llamaban de una manera unos y de otra manera otros, y la gente entendía que con el lenguaje expresaba ideas divergentes. Con el transcurso de los últimos años, ello se terminó. Ahora todos son democráticos. La democracia se ha dividido en “democracias populares”, “democracias liberales”, etc. Cada uno apellida la propia y a la otra según quiera desprestigiarla. Pero todos se consideran demócratas, sin excepción; todos se consideran nacionalistas, sin excepción”.
Advirtió que “la fe del mundo en la democracia constitucional, principalmente de la juventud o de las generaciones más jóvenes, está en crisis, en la cual han tenido influencia, muy poderosa, las doctrinas que no comparten esos principios, como la totalitaria marxista-leninista o las que genéricamente se podrían englobar dentro de lo que se ha llamado el fascismo”.
Guzmán creía que existía una “pugna entre la libertad y la seguridad y en el caso de Chile dicha situación se produjo porque dos sectores substanciales de la ciudadanía llegaron a no tener las bases mínimas de consenso que les permitieran convivir. Si se hubiera impedido que una de esas fuerzas obtuviera una cuota sustancial de la ciudadanía, no dándole los medios de difusión que se le concedieron, no se habría producido la situación que puso en peligro la paz social. Pero, lógicamente, se habría sentado un precedente que también puede conducir a una sociedad cada vez más cerrada, porque cualquier discrepancia podría ser estimada más peligrosa para el Estado y, en consecuencia, suficiente como para restringir el campo de la libertad”.
Argumentó que “con todas las reservas y dudas respecto a la conveniencia y a los peligros que involucra el hecho de restringir la libertad de expresar ideas, y, si se tiene presente que la seguridad y la paz social son valores de una sociedad tanto o más importante tal vez que la libertad, la paz social es, incluso, más importante que la libertad, o, por lo menos, tan importante como ella”. Por lo mismo, Guzmán no tenía “ninguna duda de que en casos extremos, en que se trate de conservar o asegurar el ordenamiento institucional de la República, parece conveniente y adecuado radicar en las Fuerzas Armadas esa misión”.
El debate en la comisión abarcó todas las materias, como la moralidad. Para Guzmán “la verdad religiosa es una cosa que no se puede imponer. El problema es que se está ante una situación de ley moral natural. Un ejemplo: la familia es considerada por todos como la célula básica de la sociedad, y a ello se llega a través de un raciocinio de orden moral natural. Pero es un hecho visible, no teórico, que hoy día en el mundo hay una gran cantidad de personas que no consideran a la familia como instrumento válido de la sociedad. Felizmente en Chile todavía son escasos, pero los hay, y en otras partes del mundo son más numerosos. Ahora bien, si creciera el número de personas que considera que la familia no es el instrumento apto, como no lo consideran los partidarios de doctrinas como “Silo”, los “hippies” o muchos de ellos, ¿perdería por esa razón su validez moral? Pienso que no”.
