El rector de la U. de Valparaíso comentó el estudio realizado por la Contraloría que revela que 5 de las 10 universidades que reciben más recursos fiscales por becas y créditos son privadas.
Un estudio de la Contraloría General de la República sobre el financiamiento fiscal a la educación superior arrojó que durante el 2013 las universidades privadas Andrés Bello, San Sebastián, Santo Tomás, Autónoma, De Las Américas, Mayor y Diego Portales; los institutos profesionales Duoc UC, Aiep e IP Chile; junto a los centros de formación técnica Inacap y Santo Tomás recibieron más aportes fiscales que ocho planteles estatales.
En entrevista con La Tercera, el presidente del Consorcio de Universidades Estatales (Cuech) y rector de la U. de Valparaíso, Aldo Valle, aseguró que los datos revelados por el estudio «corroboran lo que hemos denunciado por décadas en el sentido de que el Estado ha privilegiado transferir recursos fiscales a instituciones privadas antes que fortalecer a las universidades estatales».
Agregando que «esto ha sido una decisión política y hay casos de instituciones sometidas a investigaciones administrativas y de carácter penal y desgraciadamente hay cuantiosos recursos públicos comprometidos».
Asimismo, calificó como una ‘paradoja’ el Crédito con Aval del Estado (CAE) por cuanto «grava con endeudamiento a jóvenes vulnerables y a la vez instituciones privadas lucran en nombre de la educación».
Consultado por si la entrega de recursos por parte del Estado debe estar asociada a la calidad de las instituciones, la autoridad académica indicó que «los recursos públicos se deben entregar conforme a unos estándares comunes de calidad, por ejemplo, en materia de docencia, porque el Estado en la prestación del servicio no puede fomentar la segregación. Sin embargo, en otro tipo de financiamiento el Estado debe distinguir porque no todas las instituciones cumplen con los fines públicos que el Estado debe promover».
Respecto a la cifra arrojada por el estudio de la Contraloría, en cuanto a que 71,5% del financiamiento fiscal va a los estudiantes y el 28,5% a instituciones, señaló que «esta ha sido una manera de fortalecer la educación privada en detrimento de la estatal. El argumento que por la vía del financiamiento a la demanda transfiere recursos directamente al estudiante, además de ser un error, es un artificio porque gracias a esta modalidad muchos de esos recursos terminan en publicidad, inmobiliarias o empresas relacionadas, y no en calidad de la educación. Para esto bastaría con mirar los indicadores de productividad científica y de acreditación de esas universidades».
