Durante exposición ante Comisión Asesora Presidencial
La propuesta de la entidad apunta a un sistema que se financia colectivamente, bajo el principio de la solidaridad intergeneracional, donde las cotizaciones de los trabajadores activos pagan las pensiones de los jubilados. “Se realizó un análisis de la sostenibilidad financiera de mediano y largo plazo de un sistema de reparto, abarcando entre el año 2015 y 2065”, indicaron los expertos.
La necesidad de que la seguridad social esté en el centro del sistema de pensiones plantearon los representantes de la fundación SOL al exponer el martes último ante la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, que en enero de 2015 debe emitir un informe con recomendaciones y propuestas en esta materia.
En la oportunidad, el investigador Marcos Kremerman, el economista Gonzalo Durán, el sociólogo Alexander Páez y el cientista político Recaredo Gálvez, instaron a los integrantes de la instancia convocada por la Presidenta Michelle Bachelet a que recoja propuestas no sólo para mejorar el sistema actual, el que consideran “quebrado socialmente”, sino también aquellas que cambian de plano el actual modelo.
“Queremos que se consideren todas las posibilidades y no exclusivamente las que mantienen o profundizan el sistema de AFP impuesto en dictadura”, dijo Kremerman durante la presentación en la que la fundación propuso que el país regrese a un sistema de reparto.
En la oportunidad, indicaron que “el actual sistema de ahorro privado forzoso no cumple o solo cumple parcialmente con los principios de seguridad social planteados por organismos multilaterales como la Organización Internacional del Trabajo, principalmente el Convenio N°102, sobre normas mínimas de seguridad social”.
“Uno de los principios más importantes y que está siendo vulnerado por el actual sistema de AFP, es el de la suficiencia de las prestaciones que permitan a las personas tener una vida digna en su vejez. A diciembre de 2013, el sistema privado pagó 1.031.207 pensiones, cuyo monto promedio fue de $183.213, mientras que en el caso de las pensiones de vejez bajo la modalidad de retiro programado, el 91,2% fueron menores a $139.857. En el caso de las mujeres la situación empeora, al ser las pensiones un reflejo de la trayectoria laboral y la realidad del empleo, situación que se agrava al existir tablas de mortalidad diferenciadas para ellas”, expusieron.
Asimismo, indicaron que, “por otro lado está el principio del diálogo social que implica que un sistema de pensiones debe ser construido en democracia, incorporando la participación plena de los distintos actores. El actual sistema fue instaurado bajo un régimen dictatorial, en ausencia de instituciones democráticas y con nula discusión pública”.
Con respecto a la cobertura universal, otro de los principios, aseguran que “tampoco se constatan avances desde la instauración del actual sistema de ahorro forzoso. En 1973 la cobertura llegaba al 73% de la población económicamente activa, en 1980 llegó al 64% y en 2013 alcanzó un 63,7%. El trato uniforme es otro de los principios vulnerados; las fuerzas armadas y de orden están fuera del Sistema de AFP, recibiendo prestaciones superiores a las del sistema en general con importantes subvenciones fiscales”.
“Otro principio importante en la seguridad social es la centralidad del rol del Estado en el sistema de pensiones. Con la reforma estructural de 1981, el rol del Estado debía quedar reducido exclusivamente a la supervisión, garantía y asistencialidad, sin embargo, en Chile se ha transitado desde un Estado subsidiario a un Estado ‘Subsidiador’: en 2013 de cada $5 que se pagaron por concepto de pensiones (sin considerar a las fuerzas Armadas y de orden), $4 provenía de fondos públicos y sólo $1 provenía desde las AFP y compañías de seguro”, explicó la fundación SOL.
A juicio de los especialistas, el único principio que cumple el actual sistema es el de la sostenibilidad financiera. “Esto ocurre porque los ingresos que reciben por las cotizaciones de los trabajadores y por los aportes fiscales, son muy superiores a los gastos que se realizan por el pago de pensiones. En 2013 las AFP recibieron ingresos por casi $6.6 billones y solo se gastó $2.5 billones”, sostienen.
Frente a este diagnóstico, la Fundación Sol dijo que propone un sistema que se financia colectivamente, bajo el principio de la solidaridad intergeneracional, en donde las cotizaciones de los trabajadores activos pagan las pensiones de los jubilados. “Se realizó un análisis de la sostenibilidad financiera de mediano y largo plazo de un sistema de reparto, abarcando entre el año 2015 y 2065”, sostuvo la entidad.
Precisó que su propuesta persigue “partir con una tasa de cotización del 15% (hoy es un 13%) al año 2015, la que irá aumentado hasta llegar a 20% en 2025. Además, se incorporará la cotización del empleador (hoy Chile es el único país de la OCDE en que el empleador no aporta para la futura jubilación) con el objetivo de cumplir con el Convenio 102 de la OIT, en donde en términos generales el trabajador solo aportará el 50% de la cotización total. Además se presentaron algunas simulaciones, donde se muestra que el sistema también sería sustentable hasta el 2065 partiendo con la tasa de cotización actual del 13%”.
Adicionalmente se plantea la existencia de un Fondo de Reserva para el Derecho a la Pensión, cuya función principal será financiar los periodos de déficit, siendo el aporte del Estado al sistema de reparto. Este Fondo partirá en 0,6% del PIB en 2015 y crecerá gradualmente hasta el 2% del PIB en 2029. Cabe destacar que actualmente existe un Fondo de Reserva de pensiones, que a mayo de 2014 acumulaba una cifra equivalente el 3 % del PIB y que puede llegar a aportar 0,5% del PIB por año. La propuesta asume una tasa de reemplazo promedio de un 70%.
Una vez finalizada la presentación, Fundación SOL solicitó a la comisión que, en su calidad de expertos, explore la viabilidad de incorporar un sistema de reparto como eje central del sistema de pensiones chileno.
Asimismo, solicitaron poder acceder a microdatos que contribuyan a realizar un análisis y estudio más detallado del sistema de pensiones y de la propuesta.
