Dice que la sociedad se divide ente la ‘gente decente’ y los delincuentes
Explica que lo más significativo que tuvo la condena al sacerdote fue que se abrió un debate privado «con expresiones públicas en algunos específicos medios de comunicación, donde fue recurrente el alegato sobre la necesidad de fortalecer las garantías procesales, respetar el debido proceso y aislar la decisión jurisdiccional de los juicios que se vierten en la opinión pública».
El abogado y columnista, Jorge Navarrete, apuntó al doble estándar de la élite en los procesos judiciales, especialmente en el caso del padre John O’Reilly, alegando que es llamativo que quienes reclaman actualmente por respetar el debido proceso y aislar la decisión de los juicios que se vierten en la opinión pública, son los mismos que han mantenido un discurso dominante en materia de seguridad ciudadana.
En su columna en La Tercera, Navarrete explica que tras la condena por abusos sexuales en contra de O’Reilly se instaló un debate que refleja las «tantas hipocresías de la sociedad chilena».
Explica que en el primer capítulo del caso, la defensa apuntaba a evaluar la decisión de pedir la nulidad del juicio y tuvo como protagonista al propio sacerdote acusado, quien hizo circular una carta al interior del colegio Cumbres y en otros círculos de la élite y donde «reiteró su inocencia y agregó que “lamentablemente he llegado a la conclusión que la justicia civil no existe”. Para hacer honor a la verdad, nadie podría extrañarse por tal conducta, ni menos reprochársela, en circunstancias que se ajusta a lo que habitualmente manifiesta todo delincuente, que al menos así ha sido declarado por nuestros tribunales».
Navarrete también comenta sobre las expresiones vertidas por el abogado de la defensa, Luis Hermosilla, «por quien tengo aprecio personal y respeto profesional, no sólo se limitó a reiterar los argumentos en favor de su cliente, sino que también hizo referencias a los abultados recursos en que la Fiscalía incurrió para la contratación de peritos sicólogos, catalogándolo como “un desmedido e inusual esfuerzo”».
«Se trata de una frase un tanto perturbadora, pues supone cierta extrañeza por la diligencia de la parte contraria, como si, en este caso, el órgano persecutor no tuviera la obligación ni el derecho de extremar los medios para probar la culpabilidad del acusado. La expresión es todavía menos feliz, cuando nadie se interroga por los honorarios que él mismo pudo haber percibido, o tampoco se recuerda, entre otras cosas, las dos publicaciones que a página completa firmaron más de mil personas apoyando al imputado, en los dos más importantes diarios de circulación nacional», expone.
Sin embargo, para él lo más significativo que tuvo la condena a O’Reilly fue que se abrió un debate privado «con expresiones públicas en algunos específicos medios de comunicación, donde fue recurrente el alegato sobre la necesidad de fortalecer las garantías procesales, respetar el debido proceso y aislar la decisión jurisdiccional de los juicios que se vierten en la opinión pública. Lo que resulta contradictorio, y que debería llenarnos de perplejidad, es que las mismas personas que hoy se preocupan por la supuesta vulnerabilidad a la cual potencialmente están sometidos, han sido los principales promotores del discurso dominante en materia de seguridad ciudadana; donde expresiones como la “puerta giratoria”, “mano dura” o que la justicia está más atenta a los “derechos de los delincuentes que a la protección de las víctimas”, han promovido y alentado un mayor activismo punitivo por parte del Estado».
Finalmente expone que «detrás de esta contradicción subyace un supuesto extremadamente clasista y consiste en pensar que la sociedad se divide entre la ‘gente decente’ y los delincuentes. La peor discriminación es aquella donde no concebimos a todos los ciudadanos como iguales en sus derechos. Y eso ocurre cuando lo que es justo para otros, nos escandaliza para nosotros”».
