La Conferencia Episcopal criticó la premura con la que se tramitó la iniciativa, junto al hecho de que, según creen, no contenga medidas tendientes a abordar la calidad de la enseñanza y en cambio se concentre en materias como el lucro, la selección e instale una «excesiva burocracia» en los colegios.
La Conferencia Episcopal, que reúne a los obispos chilenos de la Iglesia Católica, difundió una declaración en la que critica el proyecto matriz de la Reforma Educacional que pone fin al copago, el lucro y la selección y que fue aprobado en el Congreso esta semana.
En el texto, firmado por Monseñor Héctor Vargas, encargado del área educacional de la instancia religiosa, se afirma que desde el principio la Iglesia «ha mirado con empatía el propósito de una reforma educacional que prometía promover el derecho a una educación de calidad y equidad para todos, y especialmente para los más postergados. Hemos aportado, por eso, nuestra mirada de educadores para que ello fuera una esperanzadora realidad para Chile».
Pero los obispos admiten que «nos encontramos con un texto cuyos contenidos no eran, en términos globales, lo que muchos esperábamos fuese la expresión y el camino educativo para el logro de sus fines. Por el contrario, la inmensa mayoría de las comunidades educativas vio en ellos una serie denormas que en su conjunto ponía en riesgo la libertad de enseñanza, expresada en la pluralidad de proyectos educativos, la libertad de los padres de familia a elegir la educación de sus hijos, la autonomía de gestión y los derechos patrimoniales», expresó la institución que actúa como la sostenedora de decenas de colegios a lo largo del país.
El texto critica la premura y la forma en que se dio la discusión legislativa que tardó ocho meses, donde, según dicen, no se establecieron medidas tendientes a la calidad. «Tal vez porque no se generaron los necesarios espacios para una reflexión seria y profunda acerca de la naturaleza, principios y valores propios de una auténtica educación». En este sentido agregan que «habrá que despejar las dudas acerca de si esta Ley contribuirá en modo sustantivo a mejorar la educación chilena. Creemos que el país ha perdido una gran oportunidad al respecto»
Según la declaración de la prelatura, la ley «ha terminado centrándose en modo tal en el tema fin al lucro, que con tal de evitar que este pueda producirse en lo más mínimo, se ha sobrerregulado la gestión de los colegios, agregando nuevas sanciones, incluso penales. De este modo se ha sobrecargado la normativa con una innecesaria cantidad de temas económicos, tributarios, patrimoniales, etc., y con la creación de nuevas instancias administrativas y burocráticas, que harán muy pesada, complicada y onerosa la gestión de las escuelas»
Luego hay una queja nuevamente sobre la premura con que discutió el proyecto y que habría condicionado, según esta declaración, el resultado de la ley: «Tal premura legislativa injustificada, y la ausencia por ello de una mayor prolijidad en un tema tan delicado, ha dejado en la Ley vacíos e interrogantes, algunos de los cuales en este momento no tienen una solución adecuada».
Por último, la Iglesia que durante la tramitación de la reforma contó con el apoyo de la Democracia Cristiana, expresó: «Esperamos que en su posterior reglamento, aplicación y posibles futuras revisiones, se salvaguarden aquellos principios, libertades y derechos irrenunciables en toda auténtica educación. Es lo que hemos expresado los obispos católicos en el documento ‘La Educación que queremos para Chile’, de noviembre de 2014».
