No parece razonable que un Banco otorgue créditos, basado en que una sociedad invirtió en un inmueble que puede subir de precio. El Banco no puede jugar con el dinero de los ahorrantes.
Se publicó en diversos medios, aunque no de la misma forma que el Caso Penta: que la nuera de la Presidenta y su marido constituyeron una sociedad que, al poco rato, compró un terreno con un crédito que un Banco de la plaza le dio. Hasta ahí, no se ve problema, pues los Bancos están para eso, esto es, para prestar.
El problema es que prestan no lo que es de ellos, sino lo que pertenece a terceros. Es decir, a las personas que han confiado en el banco, y han puesto ahí sus ahorros.
Ese dinero el banco lo tomó y lo prestó a una sociedad sin historia, pero cuya particularidad es que los dueños están relacionados directamente por parentesco con la máxima autoridad política. Misma que pregona la igualdad, que habla contra la evasión tributaria, y solicita a las instituciones que apliquen el máximo de rigor de la ley a quienes utilizan información privilegiada.
El Banco, según se informó, le prestó mucho dinero a esa sociedad. Lo hizo porque sus socios convencieron a su accionista principal de que el terreno que iban a comprar con el dinero que les prestaría, se vendería al poco tiempo, con una utilidad suficiente como pagar el crédito más sus intereses.
Lo anterior, porque los socios, seguramente por su experiencia y su probado conocimiento inmobiliario, tenían la convicción de que las nuevas autoridades políticas decidirían mejorar el uso de suelo de ese terreno, cuestión que conllevaría que su valor aumentaría varias veces.
Con ese cambio, la diferencia entre lo que costó, más lo que valdría al futuro, permitiría pagarle al Banco con los intereses correspondientes y garantizar una merecida utilidad a sus socios. La experiencia, el conocimiento y la capacidad de anticiparse a lo que ocurrirá en el futuro, en los negocios se premia y mucho.
También se premian las planificaciones tributarias, pues no es lo mismo comprar por una sociedad que gira en el rubro inmobiliario y que esté integrada por personas jurídicas, a que la compra la haya hecho una sociedad integrada por personas naturales, que compraron el inmueble no para explotarlo, sino que para venderlo después de un año. Si así lo hicieron, el mayor valor, es decir, toda la utilidad que obtengan no paga ningún impuesto.
Considero de rigor subrayar que ese efecto está en la ley, y que proceder de ese modo no es evadir sino que eludir. Elusión, no es pecado ni delito. Tampoco abuso. Simplemente es utilizar los espacios que da la ley, para maximizar rendimientos económicos.
En caso que la nuera de la Presidenta haya utilizado un planeamiento impositivo, como el que sugerimos, implicaría que hasta en el círculo íntimo de la máxima jefatura de Gobierno se concuerda con los privados en que eludir los impuestos no es algo delictivo, sino que al revés, un derecho que les asiste a los contribuyentes.
Salvo que se acredite que los compradores sabían desde antes y con certeza que el bien subiría de precio, pues en ese caso habrían actuado evidentemente en forma irregular, lo que más molesta de todo esto no es corroborar que muchas veces se ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, sino el comportamiento de un Banco.
No parece razonable que un Banco otorgue créditos, basado en que una sociedad invirtió en un inmueble que puede subir de precio. El Banco no puede jugar con el dinero de los ahorrantes. Menos hacerlo apelando sólo a la destreza del que pide el crédito. Debe hacerlo sólo si tiene cómo asegurarse de que lo que prestó le será devuelto. No se ve cómo el Banco puede asegurarse de que un terreno subirá de precio. Amén de que si lo hubiere sabido, sería demasiado grave.
De hecho, si eso fuere así, me atrevería a decir que la situación que enfrentamos es mucho más grave que lo de Penta y los políticos. Porque allí lo que hay es un financiamiento a una campaña política.
Los políticos querían ser elegidos, y para ser elegidos se requiere o enarbolar las banderas del populismo, y prometer más impuesto a los ricos, más bonos a los pobres, y gratuidad en todo, o adoptar una posición seria y frenar lo que hace mal al país. Esto último, que no es popular, requiere financiamiento. Los que lo dan son obviamente los que asumen los costos, cuando se prueban medidas populistas.
La fórmula que se usó, irregular. Tanto, que motivó una investigación penal. Sin embargo, hacerse de información privilegiada para hacer un negocio propio, es, en mi opinión, mucho más reprochable. No cuestiono que no paguen impuesto por la operación, si lo hicieron con una planificación. Lo que cuestiono es que, si eso se hizo así, lo hayan realizado personas que forman parte del círculo de poder, que desde hace rato viene alegando precisamente contra eso.
Christian Aste M.
Abogado
