Tras primera jornada de formalización de imputados por Caso Penta
«Hay aquí una narración y un arreglo mañoso de los hechos para alterar los actos», dijo Julián López, abogado de los ex controladores de Penta, en respuesta al relato del fiscal Gajardo durante la formalización, quien tildó al Grupo Penta de “máquina para defraudar al fisco”.
La 8 horas que duró la primera sesión de formalización de los primeros diez imputados por el Caso Penta dejó en evidencia la jugada del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, para dirigir el referido caso.
Transcurridas cuatro horas del proceso, la Fiscalía dio a conocer las medidas cautelares que solicitó al Octavo Juzgado de Garantía. El fiscal Carlos Gajardo solicitó dejar en prisión preventiva a los controladores del grupo económico, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, además de arresto domiciliario y arraigo para Marcos Castro y Hugo Bravo, quien destapó la arista política del Caso Penta, en el proceso de una demanda laboral en contra de los controladores del holding. También se solicitó prisión preventiva para el ex fiscalizador del SII Iván Álvarez, quien ya se encontraba bajo esta medida.
La referida solicitud fue leída como una «señal política fuerte» de los fiscales que llevan el caso y del mismo Ministerio Público, ante uno de los escándalos políticos y financieros más grandes en nuestro país.
«Nos parece que existe una desproporción sorprendente e inexplicable en las medidas cautelares que ha solicitado la Fiscalía», dijo Julián López, el abogado defensor de Délano y Lavín, sobre todo –agregó– «cuando uno compara las medidas que se han solicitado respecto de Hugo Bravo, de quien todos ustedes escucharon que era el gran protagonista de todos los delitos imputados, porque aquí hay penas de crimen, y solo se le pide arresto domiciliario».
«Hay aquí una narración y un arreglo mañoso de los hechos para alterar los actos», dijo López, en respuesta al relato del fiscal Gajardo durante la formalización, quien tildó al Grupo Penta de “máquina para defraudar al fisco”, dando cuenta de la existencia de más de un millar de boletas falsas y advirtiendo que, si no existiera la prescripción, probablemente podrían detectarse ilícitos hasta en los años 90.
Por otra parte el mismo Carlos Eugenio Lavín, quien había mantenido un perfil bajo ante la prensa, aseguró que las palabras del fiscal fueron «desagradables y fuera de lugar, como si nosotros fuéramos una mafia o Al Capone».
