La Corte Suprema dictó ayer sentencia de entre 5 y 15 años de presidio efectivo en contra de 14 acusados por los delitos de secuestro, homicidio y asociación ilícita en la muerte de Berríos, ex químico de la DINA.
Amadeo Ottati, abogado en Uruguay de los tres exmilitares de ese país condenados hoy en Chile por la muerte del exquímico de la policía secreta chilena Eugenio Berríos, ocurrido en Uruguay en 1995, dijo a Efe confiar en que se aplique un tratado bilateral que permite que puedan cumplir condena en su país.
«Vamos a tratar de movilizar los mecanismos necesarios para hacer lo único que a esta altura se puede hacer, que es tratar de que en vez de quedar en Chile a la espera de que se termine su condena estén acá cerca de su familia», explicó el abogado.
La Corte Suprema dictó ayer sentencia de entre 5 y 15 años de presidio efectivo en contra de 14 acusados por los delitos de secuestro, homicidio y asociación ilícita en la muerte de Berríos, exquímico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Entre ellos, el uruguayo Tomás Casella Santos deberá cumplir 10 años de cárcel como autor de secuestro y cinco años por asociación ilícita, mientras que Eduardo Radaelli Copolla cumplirá diez años como autor de secuestro y 800 días por asociación ilícita y Wellington Sarli Pose cinco años como cómplice de secuestro y 60 días más por asociación ilícita.
Otteti aseveró que en base a un tratado vigente entre Uruguay y Chile, se pueden intercambiar las personas que han sido detenidas en un país cuando son juzgadas con una sentencia definitiva para que el cumplimiento de la pena se pueda realizar en el país al que pertenecen los condenados.
«Tiene que haber primero la conformidad de los sentenciados, que obviamente existe, y luego hay que hacer una tramitación por la cual el Estado uruguayo pide que se les traiga o el Gobierno chileno que sean enviados al Uruguay», añadió el abogado, para matizar que espera que esto sea cuestión de días o de «quizá algún mes».
«Trataremos que sea el menor tiempo posible, pero son trámites administrativos que hay que realizar entre los poderes ejecutivos de los dos países», confesó.
Sin embargo, el letrado afirmó que hasta ahora no ha habido ningún caso entre los dos países en el que se haya reclamado a un ciudadano para el cumplimiento de la condena.
«Seguramente trataremos de que sea Uruguay el que tome la conducción del tema porque lógicamente entiendo que al Estado uruguayo le interesa que los nacionales estén en su país y no en el extranjero», matizó.
En las todas las sentencias emitidas hoy se especifica que los condenados no podrán disfrutar de beneficios.
Berríos huyó a Uruguay en noviembre de 1991 para evitar declarar en el juicio abierto en Chile por el asesinato del excanciller Orlando Letelier y su secretaria Ronnie Moffit en 1976.
Se instaló en Montevideo con el nombre falso de Tulio Orellana y fue visto por última vez en 1992, cuando se presentó en una comisaría de Uruguay para denunciar que estaba secuestrado.
Fue entregado a unos militares uruguayos y no se supo más de él, hasta que en abril de 1995 se descubrió su cadáver, que había sido enterrado en una playa de Montevideo atado y con disparos en el cráneo.
En 2006 la Justicia de Uruguay concedió la extradición a Chile de los tres militares uruguayos acusados en el caso para ser juzgados por asociación ilícita y secuestro de Berrios.
Ottati fue su abogado hasta el momento de la extradición, con la que se mostró en desacuerdo, al considerar que «había sobrados motivos» para haberla negado.
Por otra parte, recordó que en Uruguay «se había archivado la causa al no encontrarse prueba de que hubieran cometido ningún delito».
Respecto a la sentencia, el abogado aseveró que es «una aberración jurídica» hablar de «delito de lesa humanidad», ya que consideró que estos delitos «no estaban vigentes a la época de los hechos» y además abarcan un «número indiscriminado de personas».
«Y acá en todo caso si se hubiera cometido un delito fue en perjuicio del señor Berríos, que es una sola persona», espetó.
El abogado lamentó que hayan estado 20 años de su vida esperando que se dictara una sentencia que desde su punto de vista «tampoco refleja la verdadera responsabilidad que pudieron tener».
