La investigación da cuenta que la falta de educación, cesantía y abandono parental son los principales factores que desembocan en conductas al margen de la ley.
Según el “Estudio de Trayectorias Delictuales”, un proyecto Fondecyt impulsado por la Fundación San Carlos de Maipo y elaborado por el Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, uno de cada dos jóvenes adolescentes infractores de ley han estado recluidos al menos en una oportunidad, ya sea por condena o por prisión preventiva
Los resultados mostraron que la falta de educación es uno de los factores determinantes que influyen en este sentido, pues un 33% de los jóvenes tiene educación básica incompleta, así como un 31% media incompleta.
Para el estudio, se seleccionaron dos tipos de muestras. La primera correspondió a todos los jóvenes sin límite de edad, incluso mayores de 18 años, que se encontraban cumpliendo condenas en centros cerrados del SENAME en la Quinta, Sexta y Región Metropolitana. La segunda muestra correspondió a jóvenes menores de 18 años, que se encontraban cumpliendo condenas en los Programas de Libertad Asistida (PLA) y Libertad Asistida Especial (PLE) y Centros Semi Cerrados (CSC) de la Región Metropolitana.
Según la investigación, el factor social tiene incidencia en la relación con la ley. El 38% de los encuestados señalaron que la mayoría de sus amigos delinquen. Por otra parte, un 73% de los jóvenes, al dejar de ver a sus amigos, abandonó las conductas delictuales.
En esa misma línea, el 63% de los jóvenes que viven con padre(s) convencionales suprimieron su actividad delictual, así como el 65% de los que trabajaron jornada completa, desistieron del delito.
“Mantener una rutina libre de control de la autoridad expone a los jóvenes a mayores probabilidades de perpetuar conductas delictivas. Tener amigos y colegas que no estén insertos en conductas delictuales favorece un proceso de desistencia subjetiva exitoso o, al menos, evita el aumento en identidad delictiva. Los hallazgos confirman que el desarrollo emotivo y configuración de la personalidad en la adolescencia se ve altamente influenciado por el entorno social de los jóvenes”, explica Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo.
Adicionalmente, y según los antecedentes levantados en el estudio Exclusión de Población Penal, 1 de cada 2 internos tuvo un familiar preso y 1 de cada 4 a uno de sus padres. Asimismo, casi el 70% abandonó su hogar antes de los 18 años.
“Se observa la importancia de los modelos conductuales tanto como un referente negativo, como un recurso a la hora de detener trayectorias delictivas en tanto sean referentes pro sociales”, agrega el ejecutivo.
La investigación, también analizó el consumo de drogas asociado a conductas al margen de la ley, evidenciando que un 39% de jóvenes que realizan delitos contra las personas, presentaban algún trastorno de dependencia a alguna sustancia ilícita. Lo mismo ocurre con los delitos relacionados al robo de establecimientos u otros lugares.
En tanto, el 12% de los jóvenes dependientes a alguna sustancia ilícita han sido condenados a una pena privativa de libertad, mientras que sólo un 5% de los jóvenes que no presentan dependencia, ha tenido este tipo de condena.
Efecto disuasivo de las Penas
Según el “Estudio de Trayectorias Delictuales”, un 21% del total de encuestados se define a sí mismo como un delincuente, un 48% dice tener mucho en común con las personas que cometen delitos y un 39% se siente acogido por sus amigos que cometen delito.
En base a dichos datos, y desde el punto de vista de la implementación de la Ley Penal Juvenil y las altas cifras de victimización, para el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo “surge el legítimo cuestionamiento sobre si las condenas actuales cumplen con el objetivo de ser disuasivas para aquellos que aún no son condenados y/o para aquellos que ya han cometido delitos. Se podría decir –incluso- que para un grupo de jóvenes el recibir una condena es consistente con lo que ellos y su grupo esperan que ocurra. Esto también podría tener relación con las altas tasas de reincidencia delictual en los jóvenes que cumplen condena en el Servicio Nacional de Menores, las que son de alrededor del 50% a los 24 meses de haber terminado con su condena”.
