Aunque la instancia acogió parte de las reclamaciones hechas por los habitantes de la zona, las agrupaciones que se oponen advierten que el proyecto, que busca generar 640MW, implica la construcción de un embalse de 13 mil hectáreas en la Region de Aysén y será levantado sobre una falla geológica activa.
El Comité de Ministros encabezado por el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, e integrado por los titulares de las carteras de Energía, Minería, Economía, Salud y Agricultura resolvió hoy mantener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable para el proyecto “Central Hidroeléctrica Cuervo”.
El proyecto considera la construcción de dos presas en el río Cuervo, y una capacidad instalada de generación de 640 MW para suministrar al Sistema Interconectado Central (SIC). Dichos embalses se ubicarán a 46 kilómetros de Puerto Aysén y las obras de construcción tendrán una duración de cinco años, e implican una inversión de US$ 733 millones.
La decisión del Comité de Ministros se adoptó tras analizar los 11 recursos de reclamación presentados por particulares y organizaciones ciudadanas, que buscaban impugnar la RCA entregada al proyecto por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén, el 16 de septiembre de 2013.
Los recursos de reclamación presentados apuntaban a materias de hidrología, flora y fauna de ecosistemas terrestres y acuáticos, medio humano, paisaje y turismo, riesgo y normativa ambiental aplicable, entre otros.
Al respecto, el Comité de Ministros acogió parcialmente las reclamaciones relacionadas con fauna terrestre y riesgo. Respecto de esta última, determinó que se deberá complementar el Plan de Monitoreo de Alerta Temprana con el desarrollo de un Protocolo de Acción, para la generación y análisis de información adicional asociada al llenado y operación de embalse. Este protocolo deberá ser revisado y aprobado por Sernageomin antes de iniciarse el llenado del embalse proyectado.
Junto con ello, se hicieron precisiones respecto de materias de fauna acuática y flora terrestre, principalmente orientadas a incrementar el monitoreo de algunas especies. El resto de los recursos de reclamación fueron rechazados, con lo que se determinó mantener la RCA favorable al proyecto.
Sin embargo, las organizaciones agrupadas en la Coalición de Defensa de la Patagonia (CDP) aseguraron que recurrirán a los tribunales ambientales. «Represa Cuervo es ilegal y lo demostraremos en tribunales ambientales”, dijeron en un comunicado.
Aunque aclararon que los plazos para las impugnaciones comenzarán una vez que se emita la resolución y sean notificados los ciudadanos y organizaciones que presentaron reclamaciones, indicaron que está claro que el gobierno dio su respaldo a un proyecto no solo peligroso para la población sino de alto impacto para la biodiversidad de la Patagonia, contemplando incluso la desaparición de dos de los más prístinos lagos del país: el Yulton y el Meullín.
“La evaluación del estudio de esta central hidroeléctrica ha sido hasta hoy un traje a la medida del titular, ignorando por completo el bienestar y la opinión de los ciudadanos de Aysén a quienes se obliga, en definitiva, a soportar un riesgo excesivo que este proyecto introduce. Además de que existe una deficiente evaluación de las variables geológica y sísmica, se ha incumplido con el Convenio 169 de la OIT, se ha tramitado de forma irregular con servicios que no se pronunciaron y se han dejado sin evaluación impactos de gran importancia”, señaló el abogado Diego Lillo, de la ONG FIMA, organización que patrocina las reclamaciones de la ciudadanía y las organizaciones.
Indicó, asimismo, que “aunque de todas formas debemos esperar la resolución relativa al acuerdo adoptado por el Comité de Ministros, el próximo paso será recurrir a los tribunales ambientales para revertir esta errónea decisión, además de otros recursos relacionados con la invalidación del acto y requerimientos ante la Contraloría. Esperamos que los tribunales remedien lo ocurrido hoy, ya que afortunadamente aún existen organismos independientes donde hacer primar la razón y la ley”.
Al respecto, el coordinador de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida, Peter Hartmann, quien participó esta mañana en la concentración que en Coyhaique se realizó frente a las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental, señaló que “esto es una burla del gobierno. Tomar una decisión sobre un embalse de 13 mil hectáreas en una zona de alto riesgo como es la falla Liquiñe-Ofqui, rodeada de volcanes y sin haber definido aún la Política Energética Regional es una irresponsabilidad”.
En este sentido el presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, Patricio Segura, recalcó que “teníamos claro que, al final, nos veríamos en tribunales ambientales. Lo que sí hay que recordar es que la lucha por una Patagonia sin represas, por una Aysén Reserva de Vida, no es para a que este tipo de proyectos no se aprueben sino para que no se concreten. Lo de hoy solo fue un mal paso, pero solo eso”.
Para el director de Greenpeace Chile, Matías Asún, “el rechazo a esta iniciativa es transversal y es importante que se conozcan las razones: estamos hablando de una represa gigantesca que sería construida sobre una falla geológica. Es una pésima idea por donde se la mire. Chile, además, tiene alternativas para producir energía limpia, con bajo impacto ambiental, sin inundar esta cantidad de territorios”.
Por su parte, el presidente de Ecosistemas Juan Pablo Orrego, expresó que lo ocurrido es “otra decisión totalmente equivocada que solo podemos entender como un guiño a las grandes corporaciones transnacionales respecto a que Chile sigue abierto a riesgosas aventuras financieras. Claramente lo que buscan el gobierno y las empresas es abrir la Patagonia chilena al desarrollo industrial, como no pudieron con HidroAysén ahora lo intentan con río Cuervo. Esto, en circunstancias que Chile podría abastecerse en un 100% de energías renovables”.
Desde Puerto Aysén, el presidente de la Agrupación Wallmapu Hugo Díaz, cuestionó al gobierno de Michelle Bachelet “por entregar a una comunidad a la voracidad de una empresa trasnacional minera, permitiendo que levanten un embalse de 13 mil hectáreas sobre nuestras familias. Bachelet y Puerto Aysén tienen una historia negra en materia de sismos y terremotos, y al parecer ella no aprendió nada”.
Una vez conocida la decisión, en Coyhaique los manifestantes congregados en las afueras del Servicio de Evaluación Ambiental cortaron el tránsito en el sector céntrico, para luego dirigirse con lienzos y pancartas hasta el frontis de la intendencia regional. Para esta tarde se han convocado a concentraciones en Coyhaique y Puerto Aysén.