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Las filtraciones y el clasismo del sistema penal chileno

Ignacio Vera
Por : Ignacio Vera Periodista UDP
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La indicación enviada por el Gobierno en acuerdo con la Fiscalía Nacional, que establece penas de cárcel para quien filtre información de investigaciones del Ministerio Público, ha sido vista como una reacción de la clase política y empresarial al acecho de la prensa. El Ejecutivo, la Fiscalía Nacional y la casi totalidad de los partidos políticos quieren evitar que se ventilen los antecedentes de las causas de corrupción. Esto ha reavivado la discusión sobre qué tan igual es la ley para todos y qué tan justo es el sistema penal en Chile.


Siempre ha existido el adagio de que la justicia no es igual para pobres que para ricos, especialmente en una región del planeta como América Latina marcada por la desigualdad, la que va asociada a factores étnicos, culturales y educativos, generando el llamado círculo vicioso de la delincuencia. La pobreza reproduce delincuencia y la delincuencia, como no existe reinserción, reproduce pobreza, y el pobre no tiene igual acceso a la justicia que el rico.

En el caso particular de Chile, la ola de casos de corrupción asociados a platas políticas y colusión de empresas no solo genera desconfianza hacia las instituciones político-económicas, sino también hacia la justicia. El único condenado hasta ahora –más allá de las clases de ética para los dueños de las farmacias– es el ex senador UDI Jovino Novoa, y lo fue a pena remitida.

La polémica indicación al artículo 184 del Código Penal enviada por el ministro Jorge Burgos y los fiscales Abbott y Montes al Congreso, estableciendo penas de cárcel para quienes filtren información de las investigaciones llevadas por el Ministerio Público, ha vuelto a reavivar el debate de si en Chile la justicia es realmente igual para todos. Las críticas apuntan al hecho de que la modificación legal se ve como hecha a medida de los políticos y empresarios investigados por casos de corrupción, para frenar los escándalos, evitar el juicio público y, eventualmente, poder llegar a acuerdos de tipo político “bajo la mesa” entre autoridades e imputados, cosa mucho más complicada si la opinión pública está al tanto de los avances de los procesos judiciales, generando la correspondiente indignación.

La medida está inserta en la agenda corta antidelincuencia –algo difícil de entender, dado que no tiene absolutamente nada que ver con los llamados delitos de alta connotación social– y busca ampliar el marco de reserva de los actuales 40 días a 90, además de fijar penas de presidio entre 61 y 541 días para quienes filtren aspectos de las investigaciones. La principal justificación para la indicación pasa por cuidar el derecho a la presunción de inocencia y evitar que las filtraciones exacerben el clima de crispación ciudadana.

Iguales ante la ley, diferentes para su aplicación

Como toda democracia liberal moderna, Chile establece como principio básico en su Constitución la igualdad de las personas ante la ley a partir del momento de su nacimiento. Además, como república, todas las instituciones del país deben respetar y operar bajo esa directriz de la igualdad de los ciudadanos.

Al menos en teoría, no pueden existir privilegios arbitrarios por nacimiento, origen, condición socioeconómica, religión, sexo, etc. Sin embargo, es obvio que este concepto, que viene de los tiempos de la Ilustración, no siempre se ha puesto correctamente en práctica. La mayoría de los países del mundo establecen la igualdad ante la ley de sus habitantes, pero muy pocos logran cumplir eso efectivamente, ya sea por la inherente dificultad para aterrizar a la realidad una idea abstracta, o porque simplemente no se ha querido hacer.

[cita tipo=»destaque»]Soto Piñeiro apunta enfáticamente a que la indicación enviada por el Ejecutivo obedece a una reacción de protección por parte de un grupo privilegiado. “Incidentalmente los planos normativo y de operatividad se confunden. Eso es lo que ocurre cuando frente a hechos que afectan a los poderosos se altera la legislación con el claro propósito de resguardarlos. La indicación del Gobierno aprobada por el Senado es un claro ejemplo en que la involucración en criminalidad de poderosos determinó una modificación de la ley”. En definitiva, para Soto Piñeiro se trata de que, si los políticos y los empresarios están implicados, se cambia la ley. Esto es algo relativamente inédito en Chile, dado que no obedece únicamente a modificaciones en la aplicación de la legislación que pueden quedar a criterio de un juez, sino que se trata de cambiar la ley.[/cita]

De este modo, hay opiniones en el sentido de que en Chile sí existe igualdad de los ciudadanos en cuanto a la formulación de las leyes penales, pero no respecto a su aplicación. Esta idea es defendida por el abogado penalista y doctor en derecho Miguel Soto Piñeiro. “Hay que distinguir dos niveles: el del sistema normativo y el de su operatividad real. Normalmente permanecen separados en el sentido de que la operatividad del sistema es clasista al momento de la aplicación de una normativa que no necesariamente lo es”, señala el profesional.

Efectivamente, los delitos más comunes en Chile son aquellos contra la propiedad –robos, robos no violentos y otros–, los cuales no solo son efectuados por personas de niveles socioeconómicos bajos, sino que también afectan mayormente a los sectores medio y bajo de la sociedad. Por ejemplo, el año pasado Lo Espejo fue la comuna del país donde más aumentó el robo en lugar habitado, de acuerdo con la Plataforma de Análisis Civil Integrado de Carabineros.

No es novedad tampoco que los presos por delitos comunes registran menores niveles de escolaridad y mayores de desempleo y consumo de alcohol y drogas. Otra vez el círculo vicioso. A esto hay que agregar que el sistema penal chileno es eminentemente castigador y no rehabilitador, vale decir, que está diseñado para garantizar que los delitos se paguen, no para que además de eso el delincuente se reintegre a la sociedad una vez cumplida su pena. En ese sentido estamos más cerca –para mal– de sistemas como el estadounidense que de los exitosos modelos penales de la Unión Europea”.

Soto Piñeiro apunta enfáticamente a que la indicación enviada por el Ejecutivo obedece a una reacción de protección por parte de un grupo privilegiado. “Incidentalmente los planos normativo y de operatividad se confunden. Eso es lo que ocurre cuando frente a hechos que afectan a los poderosos se altera la legislación con el claro propósito de resguardarlos. La indicación del Gobierno aprobada por el Senado es un claro ejemplo en que la involucración en criminalidad de poderosos determinó una modificación de la ley”. En definitiva, para Soto Piñeiro se trata de que, si los políticos y los empresarios están implicados, se cambia la ley. Esto es algo relativamente inédito en Chile, dado que no obedece únicamente a modificaciones en la aplicación de la legislación que pueden quedar a criterio de un juez, sino que se trata de cambiar la ley.

El arma de los poderosos

César Pizarro es el presidente de 81 Razones, la agrupación que reúne a los familiares del incendio a la cárcel de San Miguel en 2010, lo que él derechamente define como masacre. Tiene una visión profundamente crítica y contestaria respecto al sistema penal en su conjunto: “La justicia penal chilena es directamente un arma, el arma de los poderosos contra los pobres y contra todo el que se quiera rebelar. Es un arma legal implementada para poder ajusticiar a la gente que se quiere rebelar contra el sistema de una u otra manera”, sentencia.

Agrega también el aspecto de la nula reinserción: “Lamentablemente el Estado no invierte en poder subsanar las carencias de la gente, los problemas sociales, la salud, la educación”, y a renglón seguido apunta al modelo de las cárceles concesionadas. “Está todo programado para encarcelar y lucrar con los presos, porque el negocio penal es el gran negocio del siglo”.

Pizarro alega que la misma justicia que ahora se muestra tan minuciosa en el cumplimiento de los procedimientos, al punto de mandar a la cárcel a quienes filtren información de casos de corrupción, no fue igual de dura al momento de esclarecer lo que pasó con los 81 de San Miguel.

“Ellos pagaron el precio alto simplemente porque alguien no quiso abrir una puerta. Y con eso la justicia no fue implacable. Ahí la justicia no se parapetó. Si los 81 hubieran estado presos por los delitos de los políticos ninguno estaría muerto, no se habrían muerto en un incendio. En Punta Peuco no muere nadie quemado. Ellos son implacables cuando les toca a ellos, pero cuando nosotros necesitamos a la justicia no está”, manifiesta Pizarro.

Su alusión a Punta Peuco no es casual. Es uno más de los privilegios existentes en la aplicación del derecho penal en Chile, y eso que antes era peor. Existía Cordillera, también para condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, pero además estaba Capuchinos, una prisión de lujo destinada para “presos vip”, gente de la alta sociedad, delincuentes de cuello y corbata, o profesionales que habían cometido delitos no violentos. El Anexo Cárcel Capuchinos era una casona amplia de tres pisos, con teléfono público, quiosco para comprar diarios, cigarrillos, y golosinas, una cancha de baby fútbol, gimnasio y piscina. Eso sí, había que pagar por estar ahí y no a cualquiera se le admitía.

Para Pizarro es inconcebible que se quiera sancionar con cárcel a quienes filtren informaciones de los casos de platas políticas, evitando que la prensa tenga acceso a ellas bajo la excusa de resguardar la presunción de inocencia, mientras que incluso existen programas de televisión abierta en horario prime donde se muestra a descubierto el rostro en primer plano de personas que no han sido condenadas, y ni siquiera juzgadas por los presuntos delitos que han cometido. “Esto lo ocupan para taparse ellos mismos. Hoy pillan a un político robando millones de dólares, que es plata de todos, plata fiscal, y queda con arresto domiciliario, y lo protegen con no sé cuántas leyes. Es un eslabón más de la cadena”, sentencia.

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