Qué queda de la UDI: un cuarto de siglo después del asesinato de Guzmán

Un cuarto de siglo después del asesinato de Jaime Guzmán, un 1 de abril, por un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), la UDI, partido fundado por él en 1983, se encuentra en el momento más difícil de su larga y destacada historia. La historia de la UDI es bastante más larga, pues surgió por iniciativa de Guzmán casi dos décadas antes en la Universidad Católica, como Movimiento Gremial (o “gremialismo”).

Desde las elecciones de 1989, el partido se consolidó como organización y ante el electorado, logrando que Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes, fuera el candidato de la derecha en las elecciones presidenciales de 1999, que estuvo a escasos 31.140 votos de derrotar a Ricardo Lagos, el abanderado de la Concertación. Lavín fue elegido alcalde de Santiago en los comicios municipales del 2000, recibiendo más del 60% de los votos, y la UDI se convirtió en el principal partido político en las elecciones parlamentarias de 2001.

Fueron los momentos de gloria del “gremialismo”, continuados luego por la directiva de la UDI que presidió Pablo Longueira, que apoyó importantes proyectos de leyes del gobierno de Lagos. Comenzó con uno que permitió la participación del PDC en las elecciones del 2001, después que este partido inscribiera mal la lista de sus candidatos, acto que le hizo aparecer como un líder generoso y visionario, al respaldar una iniciativa que favorecía a su rival. En el 2003, dio los votos de los parlamentarios de la UDI a la iniciativa que entregaría financiamiento público a las campañas electorales, permitiendo los aportes “reservados” de empresas, lo que beneficiaría muchísimo a los candidatos de la UDI, el partido que recibiría más aportes.

De acuerdo a los datos del Servel, en la campaña electoral del 2013 la UDI recibió $2.968.660.130 de aportes reservados por todos sus candidatos que postulaban a los diferentes cargos, desde la presidencia de la república hasta los Core, seis veces más que el partido que le seguía, el PS. Como se ha conocido en los últimos meses, sus candidatos al Senado recibieron millonarios aportes de numerosas empresas, desde el grupo Penta, SQM y Corpesca, hasta el BCI, uno de los principales bancos.

El partido de Guzmán no volvió a tener similar poder electoral y organizativo. Lavín fue derrotado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2005 por Sebastián Piñera y en su postulación al Senado el 2009. Piñera sería el candidato presidencial de la derecha en las elecciones del 2009, sin que la UDI tuviera un precandidato de sus filas. Personalidades de la UDI ocuparon importantes ministerios del Gobierno Piñera, como Andrés Chadwick, que fue su ministro del Interior, Pablo Longueira, de Economía, Cristián Larroulet, ministro Secretario General de la Presidencia, y Evelyn Matthei, ministra del Trabajo.

La UDI no se benefició de su paso por el gobierno. En las elecciones presidenciales de 2013, la UDI tuvo una experiencia frustrante, pues luego del triunfo de Pablo Longueira, su precandidato presidencial, sobre Andrés Allamand (RN), aquel abandonó la carrera presidencial al ser afectado por una severa depresión. El partido nominó a Evelyn Matthei como la abanderada, que fue ampliamente derrotada por Michelle Bachelet en la segunda vuelta.

El debilitamiento de la UDI se da en un contexto caracterizado por el debilitamiento electoral y organizativo de los partidos, con su fragmentación, por rupturas en el PPD, PDC, PS y RN desde el 2006, con once colectividades que tienen representación parlamentaria, siete de las cuales apoyan al gobierno de Bachelet en su segundo mandato. Ninguno de tales partidos reúne un alto apoyo electoral, o cuenta con una o más figuras de gran influencia en la ciudadanía, que le permita ejercer un activo liderazgo en cada uno de los dos bloques en que se orienta el proceso político. El partido más importante, el PDC, tiene un 15,6% del electorado y 19 diputados, es decir, apenas el 10% de los escaños en la Cámara de Diputados, y el partido de la Presidenta Bachelet, el PS, tiene 11% de los votos.

Desde los últimos meses del 2015 y durante el 2016, las principales figuras de la UDI, como también empresarios estrechamente vinculados al “gremialismo”, han comparecido ante la justicia por acusaciones de cometer posibles delitos tributarios o cohecho, en el contexto más amplio de financiamiento ilegal de campañas electorales. Estos casos dan cuenta de una conflictiva relación entre la UDI, como organizaciòn, y el mundo empresarial, que es una de las “aristas” más delicadas de la actual democracia.

Jovino Novoa, uno de los fundadores del “gremialismo”, presidente de la UDI en varios períodos (1992-1998; 2006-2008), senador y presidente de la Cámara Alta, fue condenado por delitos tributarios a tres años de presidio menor en su grado medio y fueron suspendidos sus derechos para ejercer cargos públicos mientras dure su condena. Novoa emitió boletas por servicios que jamás prestó a las empresas Penta, en cantidades previamente acordadas con sus controladores, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, importantes financistas de las campañas de la UDI y de Joaquín Lavín en sus campañas presidenciales.

Otras personaldades del “gremialismo” han sido o serán formalizados por el Ministerio Público por prácticas ilegales de financiamiento de campañas y hasta por cohecho. Pablo Longueira será formalizado el 1 de junio por el delito de cohecho en la tramitación de la ley del royalty minero, por el financiamiento recibido por la empresa SQM, controlada por Julio Ponce Lerou, ex yerno del general Pinochet. El senador Jaime Orpis fue desaforado por el delito de cohecho, lavado de activos, delitos tributarrios y fraude al fisco a raíz de los millonarios aportes recibidos por la empresa Corpesca, del grupo Angelini, incluso durante la tramitación de la Ley de Pesca que aseguró por largo tiempo los derechos de explotación de las riquezas del mar a esa firma (y a otras). Los senadores Iván Moreira y Ena von Baer son investigados por el Ministerio Público por haber recibido financiamiento de las empresas Penta por mecanismos liegales.

El poder político y económico de la UDI no se explica sin considerar su historia, iniciada en los años cuando Jaime Guzmán era estudiante de Derecho en la Universidad Catolica y fue dirigente estudiantil en su Centro de Estudiantes, y fundó el Movimiento Gremial, conocido como “el gremialismo”. Esta organización logró un rápido crecimiento por la energía y el carisma de Guzmán y el apoyo de dirigentes de escuelas, especialmente de Economía, llegando a ser la principal del movimiento estudiantil. El “gremialismo” se impuso en las elecciones de la directiva de la Feuc (Federación de Estudiantes de la Universidad Católica) en 1968 y en cada una de las cuatro elecciones siguientes que hubo en democracia.

Durante la dictadura, “el gremialismo” mantuvo el control de la Feuc, con directivas designadas por el rector delegado, que le permitió reclutar a centenares de jóvenes que colaborarán con el movimiento y en puestos de gobierno o en los medios de comunicación que apoyaron al nuevo régimen.

Casi todos los presidentes designados de la Feuc tendrán un activo protagonismo político. Cristián Larroulet (presidente entre 1975-1976) trabajará en Odeplan y será jefe de gabinete del ministro de Hacienda, Hernán Büchi (1984-1988), y tendrá un activo papel en la privatización de las empresas públicas que impulsará este ministro. Después, en democracia, será durante dos décadas el director ejecutivo del Instituto Libertad y Desarrollo, el principal think tank de derecha que apoyó a las bancadas de la UDI y RN –institución que contó con un generoso presupuesto proporcionado por numerosas empresas, incluso las privatizadas–, y fue ministro de Piñera; Juan Antonio Coloma (1976-1977), integró el Consejo de Estado, fue director del “Frente Juvenil de Unidad Nacional” (FJUN) en 1977 y, en democracia, será diputado, senador y presidente de la UDI (2008-2012); Andrés Chadwick (1977-1978), director del FJUN y funcionario de Odeplan, será diputado, senador y ministro de Piñera; Jaime Orpis (1981-1982) será alcalde designado de San Joaquín, diputado y senador. Juan Jaime Díaz (1982-1983) no siguió una carrera política, sino profesional en El Mercurio, siendo editor de Economía y Negocios y actualmente es subdirector del diario, en el cual también colaboraron desde cargos editoriales otras personalidades de la UDI, como Novoa y Hernán Larraín, actual presidente del partido.

Bajo el liderazgo de Jaime Guzmán, los “gremialistas” llegaron a ser el principal grupo de poder civil de apoyo a la dictadura, aportando centenares de profesionales que necesitaron los militares para ocupar posiciones intermedias y superiores del gobierno. Antiguos dirigentes de la Feuc se concentraron en la Secretaría Nacional de la Juventud, organizada por Guzmán en el actual Ministerio Secretaría General de Gobierno, que le permitió tener amplios recursos administrativos y económicos para extender su organización a las regiones y en los sectores populares. Varios funcionarios de la Secretaría Nacional de la Juventud serán alcaldes designados (Víctor Pérez, Patricio Melero, Iván Moreira, Jaime Orpis, entre otros) y después diputados por el distrito de la comuna.

Los “gremialistas” cumplieron varias funciones políticas, como la movilización de la población para apoyar al régimen en la “consulta” de 1977 y en el plebiscito de 1980, eventos que fueron aprovechados por Pinochet para legitimar su poder “desde abajo”. Los “gremialistas” y Guzmán en particular combatieron políticamente a la oposición, descalificando su existencia y rechazando su acción, buscando impedir que se desarrollara una alternativa democrática, que vieron como una amenaza para su futuro. Guzmán ayudó a definir el discurso del régimen, redactando numerosos discursos de Pinochet, que este leyó sin mayores cambios, y contribuyó a su difusión a través de los medios de comunicación, lo cual le permitió alcanzar una alta visibilidad y ser considerado como el principal colaborador civil del régimen. La UDI respaldó la candidatura de Pinochet en el plebiscito de 1988 y su directiva, a diferencia de la de RN, que reconoció el triunfo del No, mantuvo silencio en las dramáticas horas de esa noche del 5 de octubre, durante las cuales el general trató de esquivar el resultado, chocando con el rechazo de las otros miembros de la Junta.

Por cumplir estas importantes funciones políticas, “el gremialismo” (y la UDI desde 1983) puede ser considerado como el equivalente funcional del partido único de la dictadura, que existió en las demás experiencias autoritarias, como el régimen del general Franco en España (1939-1975) y en el régimen militar en el Brasil (1964-1985).

Sin embargo, Guzmán no pudo conseguir el objetivo que se propuso al llevar al “gremialismo” a trabajar activamente desde el primer día del nuevo régimen: convertirlo en el partido dominante de la derecha cuando los militares, en su futuro muy lejano, regresaran a sus cuarteles, y terminar la división histórica de liberales y conservadores, que debilitó a la derecha e impidió llegar a La Moneda durante la república de la Constitución de 1925. El estilo político del movimiento y el peso de la memoria histórica lo impidió, surgiendo Renovación Nacional, que buscó aprovechar las bases organizativas y de liderazgo que tuvo el Partido Nacional (1966-1973), el partido único de la derecha, que integró a liberales, conservadores y nacionalistas.

En las elecciones parlamentarias de 1989, RN superó a la UDI y Guzmán fue elegido al Senado por la circunscripción Santiago poniente favorecido por el binominal, pues alcanzó el 17,2%, superando al candidato de RN, casi la mitad de lo que obtuvo Ricardo Lagos, 30,6%, que fue derrotado por Andrés Zaldívar (PDC).

Guzmán, que tenía grandes habilidades para trabajar en la adversidad, desarrolló una activa labor en el Senado, llegando a ser la principal figura de la derecha cuando fue asesinado. En la encuesta CERC de marzo de 1991, realizada escasas semanas antes de su asesinato, era considerado como el principal político de la derecha, con 15% de menciones, superando a Andrés Allamand, entonces presidente de RN, que recibió 14%, y al senador Sergio Onofre Jarpa, ex ministro del Interior de Pinochet, que obtuvo 10%.

Después del asesinato de Guzmán, la UDI alcanzó una capacidad institucional que le permitió continuar sin la presencia de su fundador y principal figura y ampliar su base electoral. Sin embargo, hay que recordar el contexto que le favoreció –una política del consenso y la lógica tecnocrática y el discurso economicista, que congelaron el debate político y restringieron la intensidad de la competencia electoral, que, en una democracia normal, habría implicado cuestionar la trayectoria de la UDI en la dictadura–.

Además, la UDI escondió su pasado político con un discurso simplificador y demagógico –“resolver los problemas concretos de la gente”–, que contagiaría a los candidatos de la Concertación, sin apelar a propuestas programáticas o metas de mediano y largo plazo. Asimismo, un hecho muy importante: sus candidatos contaron con una cantidad impresionante de recursos económicos, que parecía no tener límites, que les permitió difundir sus ideas y rostros y repartir regalos entre sus votantes, algo sin precedentes en la historia electoral de Chile.

Distribuían en las poblaciones no solo alimentos y otros bienes de consumo, ¡sino hasta anteojos! Los principales dirigentes de la UDI y especialmente Guzmán, contaban con sólidos lazos de amistad y confianza desde los años de la UC y especialmente de la dictadura, que les reconocían su trayectoria política de oposición al gobierno de la Unidad Popular del presidente Salvador Allende y la activa colaboración con el régimen militar, que “los salvó del comunismo”. El desmantelamiento del Estado empresario a través de las privatizaciones fortaleció aún más estas redes personales, que fueron impulsadas por la dupla Büchi-Larroulet, que les aseguraría millonarios aportes a las campañas electorales del partido.

Los millonarios aportes ilegales o alegales de los empresarios fueron favorecidos por la politización que caracteriza a este sector de la elite chilena y lo distingue de otros países, reafirmado en democracia por la adulación en extremo de su función que hicieron las nuevas autoridades de los gobiernos de la Concertación. Repentinamente abandonaron las críticas a la transformación económica neoliberal que formularon durante el régimen de Pinochet y optaron más por la continuidad que por la reforma del sistema económico impuesto en aquellos años.

La estrategia de consolidación de la democracia se formuló en torno al desempeño económico, a partir de considerar que la estabilidad democrática dependía de una buena gestión económica. Esto significó que la transformación económica impulsada por “los Chicago boys”, que no fue neutral políticamente y se contagió del contexto autoritario, continuó y se expandió en democracia.

Esa estrategia creó un contexto favorable al “gremialismo”, pues apareció que el programa económico del autoritarismo había sido correcto. Hasta les dio una sensación de triunfo del discurso de su trayectoria política, que les llevó a sentirse inmunes a la crítica de haber colaborado con la dictadura y ser “cómplices pasivos” de sus excesos, usando un término del Presidente Piñera en su discurso de los 40 años del golpe militar.

Sin embargo, lo anterior tuvo altos costos, porque no enfrentó las debilidades de la modernización autoritaria ni consideró las exigencias que imponía el contexto democrático, todo lo cual dañaría más tarde a la UDI y llevaría a la justicia a sus principales figuras. Fue evidente que “el modelo” no consideró asegurar una debida autonomía de la política frente al poder económico y que era necesario, hasta para asegurar el crecimiento, que existiera una clara separación entre los intereses públicos y privados, que había sido evitado durante el autoritarismo y reemplazado por su confluencia, a partir de la centralización decisoria en Pinochet y su gobierno.

La crisis del “modelo”, con las “malas prácticas” de empresarios que se conocen en los últimos años, incluso de personeros de los grandes grupos económicos, se origina en esas fallas estructurales, acentuadas en democracia, y terminarían también dañando principalmente a la UDI, el equivalente funcional del partido único del régimen autoritario.

La directiva de la UDI podrá quejarse de “discriminación”, porque solo sus parlamentarios son formalizados por el Ministerio Público y no lo son los políticos de la antigua Concertación que también recibieron financiamiento ilegal de empresas, especialmente de SQM. Esa queja olvida la trayectoria de la UDI, que hizo posible los millonarios aportes, ilegales y alegales a sus candidatos, en cantidades que rompían las reglas mínimas de la competencia electoral, en la cual debe primar la igualdad política, de acuerdo al principio “un hombre, un voto”.

En segundo lugar, la UDI tenía un grave problema que, tarde o temprano, tendría que enfrentar y era el de su legitimidad histórica: explicar la pasividad y, más aún, el silencio de sus líderes durante los 17 años del régimen militar. Los avances en verdad y justicia por los atropellos a los derechos humanos fueron mostrando horrores que eran incomprensibles e inaceptables, especialmente para los jóvenes.

No hubo una voz que se alzara para protestar frente a aberrantes hechos, sea que se cometieran al comienzo del régimen, como el asesinato del general Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires en 1974, o en los años de su consolidación, en los años 80, como el “caso degollados” en 1985, que conmovió a personalidades del régimen, como Gonzalo Vial, que protestó por ello y responsabilizó a Pinochet de ese acto de barbarie. Tampoco hubo una voz frente al “caso de los quemados” en 1986, cuando una patrulla militar detuvo y lanzó parafina, prendiendo luego fuego a los jóvenes Rodrigo Rojas, que falleció a consecuencias de las quemaduras, y Carmen Gloria Quintana, que logró sobrevivir milagrosamente.

Algunos de sus partidarios dicen que Jaime Guzmán defendió a perseguidos por el régimen militar. Sin embargo, en la revisión de su correspondencia en la Fundación que recuerda su vida, que realicé a fines de los años 90 en la investigación que llevó a mi libro El régimen de Pinochet, no encontré documentos que lo comprobaran, ni siquiera una carta de agradecimiento que hubiera sido enviada por quienes se habrían beneficiado de su gestión o de algunos de sus familiares.

También afirman que Guzmán rechazó las acciones del coronel Manuel Contreras, director de la DINA. Ese hecho tampoco es relevante porque Contreras no tuvo un respaldo unánime en el régimen, ni siquiera entre los generales de Ejército. El general Óscar Bonilla, ministro del Interior y luego de Defensa, no escondió sus críticas en sus intervenciones en las sesiones de la Junta de Gobierno, como consta en sus actas. Bonilla murió en un accidente de helicóptero cuyas causas nunca se aclararon. Probablemente, Guzmán expresó esa disidencia a algunas personalidades del régimen, como el general Sergio Covarrubias, jefe del Estado Mayor Presidencial de Pinochet, que también discrepaba de Contreras. Solo difundió públicamente esta posición durante la campaña senatorial de 1989, cuando la UDI se jugaba su futuro político y vio en ello una manera de ganar votos en una elección que veía muy difícil, especialmente porque el gobierno, desde el Ministerio del Interior, cuyo titular era Carlos Cáceres, apoyó a los candidatos de RN.

Guzmán no tuvo la mesura que se requiere en momentos de crisis para tomar decisiones y escribió, pocos días después del golpe militar, una minuta a la Junta de Gobierno que no recomienda prudencia a los militares, que implicara establecer una “dictablanda”, sino una actitud de “dureza y energía” e imponer una “dictadura”:

(El) éxito de la Junta (de Gobierno) está directamente ligado a su dureza y energía, que el país espera y aplaude. Todo complejo o vacilación a este propósito será nefasto. El país sabe que afronta una dictadura y lo acepta. Sólo exige que ésta se ejerza con justicia y sin arbitrariedades. Véase si no la increíble pasividad con que se ha recibido por el estudiantado la intervención de las Universidades, medida que en todas partes ha suscitado violenta resistencia. Transformar la dictadura en “dicta-blanda” sería un error de consecuencias imprevisibles. Es justamente lo que el marxismo espera desde las sombras.

En ese contexto, los esfuerzos de la UDI por que se haga justicia por el crimen de Guzmán aparecen como una manera de esquivar el juicio adverso de la historia por apoyar al régimen. Las dictaduras generan monstruos que se devuelven en su contra, como ocurrió con la de Franco en España (1939-1975), cuyas políticas de nacionalismo extremo y centralismo, como también de represión, llevaron a la fundación de la ETA, la organización terrorista que asesinó a centenares de españoles, que incluyó al presidente del Gobierno, Carrera Blanco, en diciembre de 1973, a militares, miembros de la Guardia Civil y personas sin protagonismo político, incluso durante la transición a la democracia.

Los terroristas del FPMR al asesinar a Guzmán el 1 de abril de 1991, un hecho condenable y repudiable, lo transforman en una víctima, dejando en un segundo plano la etapa fundamental de su biografía política: su participación en el régimen de Pinochet y su responsabilidad ética en excesos cometidos en esos años.

Esa participación, lejos de estar superada por el paso del tiempo, mantiene plena vigencia. La UDI no puede evitar enfrentar esa realidad en este momento, en que hay voces internas que llaman a su transformación. Esta plantea alternativas políticamente complejas, como es si mantendrá su adhesión a las ideas políticas de Guzmán, especialmente aquellas que desarrolló antes del golpe militar, o deberá tomar distanciar de su propia historia e iniciar un nuevo camino, que supere el anterior de Guzmán, en ideas y conductas.

Una y otra alternativa tienen ventajas e inconvenientes en el objetivo en que coinciden sus dirigentes de trabajar para seguir siendo un partido relevante en la política chilena y alcanzar, después de un largo y accidentado trayecto, el objetivo de su fundador: ser el partido dominante de la derecha, aunque no el único, porque lo impide RN, que está consolidado.