EL partido de la Presidenta propone la creación de un Administrador Previsional Público
En el marco de las próximas elecciones municipales –a realizarse el 23 de octubre del 2016– y del creciente cuestionamiento al actual sistema de pensiones, el Partido Socialista plantea la necesidad de “transitar del sistema impuesto por la dictadura a uno generado en democracia con la participación de todos, asegurando el rol del Estado como garante de la seguridad social”. Entre las medidas que se diferencian de la Comisión Bravo –convocada por la Presidenta– destaca la tesis de que los aportes de 5% – anunciados por Bachelet– vayan a un pilar solidario y que su administración sea pública y sin lucro.
En el contexto de la nueva tendencia del PS –consolidada por Andrade, quien en su momento defendió la millonaria pensión de su esposa– que pretende desvincularse de procesos de corrupción, aparecen nuevas declaraciones que, no por casualidad, se encuentran en sintonía con la creciente demanda –de la ciudadanía– por un nuevo sistema de AFP y que, además, endurece una posición dentro del oficialismo, cuya primera reacción ante el debate de las pensiones fue moderada. “El actual sistema de pensiones, impuesto por la dictadura cívico-militar, basada en la capitalización individual y de administración privada con fines de lucro, se encuentra en crisis”, escribe el PS. Pero la crisis no se remonta solo a la dictadura, sino también al legado de la Concertación (de la cual el PS ha sido parte) que, por ejemplo, durante el gobierno de Lagos, publicó la Ley N° 19.795 que corresponde a la administración de 5 Fondos de Pensiones por parte de cada AFP, profundizando así el cuestionado sistema de capitalización individual que, si hoy está en la cuerda floja, es por responsabilidad de varios sectores políticos.
En su declaración, el PS parte de la base de un “gran descontento por parte de los pensionados”, de modo que hay que apuntar a la universalidad del sistema y “administración de carácter mixto, que le den al Estado un Rol preponderante en la Seguridad Social del país”, agregando que “se propenda a un concepto de seguridad social digno”.
El PS no olvida que la Comisión Bravo, convocada por la Presidenta de la República, ya había identificado varios problemas del sistema, como que los montos de las pensiones difieran considerablemente de los ingresos percibidos durante la etapa activa; la enorme brecha entre las pensiones que reciben las mujeres frente a los hombres; la incapacidad del sistema para afiliar y mantener contribuyendo a la población en edad de trabajar; y la baja rentabilidad de los fondos en consideración a las altas comisiones que se pagan por los afiliados.
En agosto de este año, Bachelet llamó a generar un pacto nacional sobre este asunto, formulando una serie de medidas. En su declaración, el PS menciona las siguiente: el aumento del 5% en la cotización, con cargo al empleador; el avance a un sistema mixto y tripartido por medio del fortalecimiento del pilar solidario; la incorporación gradual a cotizar obligatoriamente por parte de los trabajadores independientes; la regulación de las comisiones ocultas o de intermediación y el establecimiento de una tasa de mortalidad única para hombres y mujeres, y la creación de una AFP estatal.
El PS valora las medidas de la Presidenta, pero también plantea la idea de avanzar a la propuesta B de la Comisión Bravo, “donde se plantee qué seguridad social queremos, asegurando al menos pensiones desde el sueldo mínimo, con un sistema de carácter mixto donde participen trabajadores, empleadores y el Estado, tanto en la fuente de los fondos como en su administración, agregando el concepto de pilar de capitalización colectiva por medio de cuentas nominativas”, dicen.
Con respecto a los aportes del 5%, el PS cree que “deben ir a un pilar solidario y su administración debe ser pública y sin lucro”.
Otra de las medidas propuesta es la creación de un Administrador Previsional Público, “que de una mirada sin fines de lucro permita aumentar la competencia, avanzar en cobertura, administrar los fondos entregados por el Estado y los empleadores de manera obligatoria, y voluntaria de los trabajadores”.
Por último, se plantea la necesidad de permitir la solidaridad intergeneracional y entre géneros, como también estudiar la factibilidad y ejecución de “propuestas como la de dividir la tercera edad en dos, permitiendo con ello entregar pensiones dignas en una primera etapa y cubrir con un seguro la segunda-etapa”.
