Interpuesta por el holding que alberga a Isapre Masvida
Según detalla la acción legal, que se ha mantenido en la más estricta reserva, Víctor Estrada Avendaño habría armado una máquina para defraudar a la compañía, junto a otros altos ejecutivos de su confianza, mediante tres sociedades de papel. Esto habría ocasionado un daño patrimonial por más de 2 mil millones de pesos al grupo, cuya Isapre es vista como el símbolo de una industria en crisis. Acusaciones que son tajantemente rechazadas por el estadístico, que asegura es una cortina de humo para evadir el foco de la compleja situación financiera que enfrenta la prestadora privada de salud.
Un año de consolidación. La memoria anual de 2012 de MV Clinical S.A. –una de las sociedades de la estructura superior del holding de Empresas Masvida– entregaba excelentes noticias a sus accionistas y empleados a través de su presidente ejecutivo, Claudio Santander, que reconocía el desempeño de la firma destinada a prestar servicios de salud y que, entre otras sociedades, controla a la Clínica Las Lilas.
La carta, firmada por el presidente del directorio de las empresas Masvida, felicitaba directamente al entonces gerente general de la Clínica Las Lilas, Víctor Estrada Avendaño, “por compartir nuestro compromiso con los objetivos, las metas y los desafíos”.
Cuatro años después, el escenario era muy distinto. En agosto pasado, una querella por estafa reiterada apuntaba directamente a la labor ejercida por Estrada, que –según esta acusación– a partir de 2012 habría iniciado un lucrativo negocio a través de tres sociedades que habría constituido especialmente para defraudar a la compañía. Por esta fórmula, detalla el libelo, facturó más de 4 mil 500 millones de pesos en los últimos cinco años, de los cuales –de acuerdo a la estimación de la empresa– casi 2 mil millones afectaron sus arcas.
El 4 de agosto pasado MV Clinical S.A. –del holding que controla a la Isapre Masvida, cuya capacidad de ser rentable es cuestionada por la superintendencia del sector, que la identificó como al límite de cumplir los estándares mínimos de solvencia y que desde hace unos meses busca el traspaso del control a un inversionista– interponía una querella criminal por el delito reiterado y consumado de estafa, “en contra de todos quienes resulten responsables”, ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
El encargado de presentar la acción legal fue el contador auditor Eduardo Serradilla –hoy gerente general de Clínica Las Lilas–, que detallaba en el escrito la fórmula ideada por el alto ejecutivo para embolsarse millonarias sumas de dinero.
Entre las sociedades que controla MV Clinical S.A., se encuentra Clínica Las Lilas, Inmobiliaria Las Lilas SPA y también la Inmobiliaria Universitaria Providencia S.A., que componen el “Grupo Las Lilas”. Todas, según la querella, habrían sido engañadas por Estrada y un grupo de altos ejecutivos cercano a él.
Estrada asumió la gerencia general de MV Clinical en 2013, ejerciendo ambos cargos en forma paralela.
Según relata el texto ingresado a la Justicia, la fórmula habría sido la siguiente: a través de sociedades “de pantalla” controladas por Estrada, se lograba que la empresa efectuara pagos “por obras y servicios que jamás se prestaron, se duplicaron o se pagaron a un sobrevalor, lo que generó inconsistencias financieras destacadas a través de una auditoría de gestión”, que permitió descubrir contratos “que solamente tienen la apariencia de tales, por cuanto son ideológicamente falsos, unidos a facturas emitidas por terceros, también ideológicamente falsas”, muchas de ellas tramitadas por fuera del sistema de control contable instaurado en la empresa, denominado “workflow”, que empezó a operar en junio de 2012. La instrucción al respecto era clara: las facturas de compras o servicios debían ser ingresadas por medio de este proceso, porque, si no, simplemente no se programaba su pago. Además, se debía seguir un proceso de cotización y contratación fiscalizado por personal de la compañía.
Pero entre 2012 y 2015, detalla el escrito, Víctor Estrada habría procedido a contratar directamente obras y servicios, saltándose el programa “workflow”, sin realizar cotizaciones o haciéndolo solo a tres sociedades: “Obras y Servicios Generales CDDV SPA”, “Asesoría Integral de Empresas ASIEM SPA” y “BETA Consultores SPA”. Todas directamente relacionadas con Estrada. Y todas, además, domiciliadas en la misma dirección: calle Málaga Nº 115, oficina 505 Las Condes. Al contrato de arrendamiento, asegura la querella, compareció como avalador, fiador y codeudor solidario Víctor Estrada.
La querella detalla que, al revisar sus fechas de constitución e inicio de facturación, “queda claro que se constituyeron para facturar a las sociedades integrantes del holding Empresas Masvida S.A. (…) como únicas destinatarias de sus facturas, ya sea por obras y servicios que no se prestaron, y otros que sí lo fueron, pero sobrevalorando los mismos”.
Según la acción judicial, las tres sociedades “se constituyen exclusivamente para facturar al Grupo Las Lilas”. Y agrega que ninguna posee información disponible en el mercado respectivo, “correspondiente a sus giros, ni siquiera por internet, en las cuales promuevan o demuestren la experiencia y conocimiento, correspondiente a los servicios que supuestamente prestan”.
Además, la acción legal señala que “ni en las órdenes de compra que se emitieron, ni en los pocos contratos que se suscribieron, ni menos aún en las facturas que se emitieron para pago por las obras y servicios supuestamente prestados, se describen las prestaciones de servicio”.
Es así como –asegura la querella– “Obras y Servicios Generales CDDV SPA” se constituía en la Notaría de Ricardo San Martín Urrejola, de Santiago, el 21 de diciembre de 2010, siendo su única socia la administradora de empresas María Consuelo Díaz de Valdés Rodríguez, con un capital inicial de un millón de pesos.
En el caso de “Asesoría Integral de Empresas ASIEM SPA”, se constituyó 3 días antes, el 17 de diciembre de 2010, en la misma dirección con la misma socia y capital inicial. Idéntico esquema de “BETA Consultores SPA”, constituida dos años después, el 27 de enero de 2012, en la notaría de Raúl Perry.
“Obras y Servicios Generales CDDV SPA” –acusa el libelo– habría emitido 50 facturas a Clínica Las Lilas entre el 1 de marzo de 2011 y el 9 de octubre de 2015, por más de mil millones 300 mil pesos ($1.362.480.779).
Entre el 1 de junio de 2011 y el 15 de abril de 2016, Obras y Servicios Generales CDDV SPA, habría facturado casi 2 mil millones ( $1.999.507.956) a otra empresa relacionada con la Clínica Las Lilas, Inmobiliaria Universitaria Providencia S.A.. Además, el 8 de agosto de 2015 facturaba a Inmobiliaria Las Lilas S.A. 38 millones de pesos ($38.080.000).
En tanto, “Asesoría Integral de Empresas ASIEM SPA”, habría emitido 2 facturas a Clínica Las Lilas S.A. por un total de $7.250.000, entre el 30 de marzo de 2011 y el 3 de mayo del mismo año. El 11 de diciembre emitía a Inmobiliaria Universitaria Providencia S.A. una factura por $132.000.000. Entre julio de 2015 y enero de 2016, la sociedad ligada a Estrada habría facturado 9 documentos por otros 335 millones ($335.954.873) a Inmobiliaria Las Lilas S.A.
El escrito presentado por Serradilla relata que la última de las sociedades constituida por Estrada, “BETA Consultores SPA”, emitió 7 facturas a Clínica Las Lilas por $90.350.000 y 22 facturas a Inmobiliaria Universitaria Providencia por $ 499.521.000.
Y agrega que la suma total con que estas tres sociedades provocaron un perjuicio patrimonial al Grupo Las Lilas por asesorías no efectuadas, sobrevaloradas o duplicadas, asciende a casi 2 mil millones de pesos ($ 1.987.371.477).
Pero Estrada no habría operado solo. Según consta en la querella, varias de estas facturas “iban acompañadas de un papel adjunto similar a un memorándum interno, muchos de ellos con el membrete ‘Clínica Las Lilas’, del escritorio de Víctor Estrada Avendaño, gerente general, en el cual éste disponía el pago de estos documentos a la subgerente de Finanzas de Clínica Las Lilas doña Alejandra Varela Peña, quien formaba parte del círculo de confianza del gerente general de la época, el ya citado Víctor Estrada Avendaño, efectuándose en definitiva el pago respectivo”.
Además de estos memos, acusan que Estrada, mediante su puño y letra, era quien procedía al llenado de las facturas, lo que es acreditado por un perito calígrafo presentado por los querellantes.
En estos memorandos, el alto ejecutivo no solo instruía el pago, sino que además que se efectuara mediante el depósito en una cuenta corriente determinada.
Estrada –precisa el libelo– también habría ordenado y dispuesto el ingreso contable de las facturas emitidas por estas sociedades instrumentales a Roxana Paola Elgueta Jara, quien durante 2014 se desempeñó como gerente general de Clínica Las Lilas. Todos estos contratos eran aprobados por el gerente de Operaciones de Clínica Las Lilas, Eleodoro Núñez Catalán, como administrador de cada uno de ellos. Luego, en nombre de la empresa, daba la conformidad por el pago de estos.
Estrada y Núñez Catalán eran antiguos conocidos. De hecho, este último fue alumno del ex gerente general. Según consta en el Diario Oficial, constituyeron juntos la sociedad “Gamma Ingenieros Limitada” en Talcahuano. De acuerdo a esta escritura, ambos aparecían domiciliados en Concepción. En 1994 esta sociedad fue cedida a Estrada y su esposa, Rosa María Fábregas Moreno.
Un testimonio que amplía aún más el supuesto modus operandi para obtener ganancias fraudulentas, lo da el representante de una empresa contratista, José Ríos Díaz, que mediante una declaración escrita voluntaria entregada a los querellantes, señala que efectuó varias obras mayores y menores tanto para Clínica las Lilas como para las inmobiliarias relacionadas, y que gran parte de tales trabajos los debía facturar para una de las sociedades ligadas a Estrada (Obras Civiles y Servicios Generales CDDV SPA), por indicación de Eleodoro Núñez y el ex jefe de Mantención de la misma Clínica “de apellido Muñoz”.
Otra fórmula que relata la querella es que, por ejemplo, una empresa externa realizaba efectivamente trabajos para el Grupo Las Lilas, facturaba, se le pagaba y, luego, una de las sociedades de papel cobraba de nuevo el trabajo.
Según consta en la querella, quienes “participaron de algún modo en la facilitación y pago de las facturas emitidas por las sociedades instrumentales vinculadas a Estrada, fueron finiquitados en sus relaciones laborales por el mismo Víctor Estrada Avendaño, en condiciones económicas bastante ventajosas, ya que se aplicó la causal de eliminación de terminación de sus respectivos contratos de trabajo, contemplada en el artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, ‘necesidades de la empresa’, incluyendo el pago de ‘indemnizaciones especiales’, por montos que exceden a los legales y contractuales convenidos, incluida la indemnización sustitutiva de aviso previo”.
Además, luego de terminada la relación laboral con Clínica las Lilas, estos subgerentes continuaron prestando servicios a MV Clinical S.A. durante tres meses, entre enero y febrero de este año.
En marzo, Estrada fue reemplazado en el puesto al frente de la Clínica Las Lilas.
Un mes después, el 20 de abril, detalla el holding, Estrada se autodespidió de su cargo de gerente general de MV Clinical S.A.
Ese mismo mes, la única socia de las tres sociedades de papel, María Consuelo Díaz de Valdés, avisó a la corredora de propiedades su decisión de poner término al contrato como arrendataria en Málaga 115.
Según consta en el Diario Oficial, en mayo de 2015 Estrada constituyó una sociedad por acciones –OBE Webcast Netwoek SPA– con el gerente corporativo del holding de empresas Masvida, José Adolfo Bäuerle Madariaga, como representante de Asesorías e Inversiones del Pacífico SPA.
Ambos aparecen domiciliados en Málaga 115, oficina 410, Las Condes. Un piso más abajo que el domicilio registrado por las tres sociedades a través de las cuales habría operado la estafa.
En esa misma dirección, Estrada había constituido en noviembre de 2006 –junto a su esposa, Rosa María Fábrega Moreno– la sociedad Rebisa Asesores Limitada.
Bäuerle Madariaga también es secretario del directorio y gerente general de otra de las sociedades que integran el holding de Masvida: MV Financial Service Group S.A., que tiene como objeto social –según detalla la Memoria Anual de Empresas Masvida 2015– “la gestión de servicios financieros, administración de Fondos de Inversión privados y arriendos de maquinarias y equipos”.
Estrada reconoce que “con José somos amigos hace más de 30 años. Efectivamente constituimos una sociedad”.
Consultados al respecto, desde el conglomerado Masvida no se refirieron al tema. Tampoco se pronunciaron sobre la querella. Claudio Santander declinó abordar el tema y señaló que la información debía ser entregada por la Clínica Las Lilas, porque es una acción judicial presentada por ellos. Pero el gerente general, Eduardo Serradilla, tampoco dio respuesta.
La versión de Víctor Estrada sobre esta historia es tajante: desmiente categóricamente las acusaciones.
El estadístico, oriundo de Concepción, señaló a este medio que no le habían notificado de la querella y descarta que durante su gestión se hayan producido estafas o fraudes. “De lo que me dice de delitos de estafa, lo desmiento categóricamente. En respuesta a la acusación, le puedo decir que mi equipo como yo, y yo en particular, actué siempre bajo las instrucciones precisas del doctor Santander, que era mi jefe directo. De todos los trabajos que se hicieron el doctor Santander siempre estuvo al tanto”.
Además, asegura que “he venido sosteniendo un ataque frontal de la administración de la clínica y del doctor Santander. Usted sabe que Masvida enfrenta una serie de dificultades de público conocimiento y lo que se ha tratado de hacer, enlodando a estas personas, es tender una cortina de humo para muchas situaciones irregulares de las cuales el doctor Santander debiera dar muchas explicaciones. Con esto se distrae el verdadero problema de la compañía”.
Estrada afirma que “todo lo que se hizo fue por expresa instrucción de Santander. Dependía estrictamente de él, que estaba al tanto de todas las adquisiciones que se hicieron, las modernizaciones, las compra de equipos de las habilitaciones para centros médicos, de manera que no me sorprende en lo más mínimo que se diga que se hicieron cosas. Otro tema es que se me acuse de fraude. Tomaré medidas con mis abogados”.
El ex gerente advierte que no tiene relación de propiedad con ninguna de las empresas cuestionadas. No tengo nada que ver con esas sociedades. Son prestadoras de servicios que alguna vez se tomaron en consideración para hacer trabajos, como muchas otras”.
Además, asevera que “yo me fui el 20 de abril por profundas diferencias con Santander (…) cuando se ejerce el poder de manera unipersonal surgen discrepancias, que muchas veces resultan tan profundas y hacen que uno decida simplemente irse”. Y agrega que los ejecutivos que él despidió y que –según la querella– están vinculados a la estafa, fueron desvinculados “por expresa instrucción del doctor Santander. Porque tomó la decisión de instalar a Serradilla como gerente y venía con un equipo de personas que eran más baratas que los que tenía yo. Me instruyó que los despidiera y lo hice de acuerdo a sus términos contractuales y condiciones vigentes”.
El ex alto ejecutivo afirma que “siempre actué por la confianza. Siempre pensé que se me iba a respetar como persona. Que hubieran tenido al menos la deferencia de avisarme, consultarme sobre lo que me acusan. No con toda esta trama con posterioridad a mi salida, sin la más mínima oportunidad de conocer lo que estaban haciendo”. Además, asegura que, pese al cargo que ocupaba, no tuvo contrato de trabajo. “Se violaron todos mis derechos laborales. Y yo he estado pacientemente esperando la buena disposición del diálogo, pero veo con esto que la disposición no existe. Entonces la ley tendrá que decir quiénes son los responsables”, sostiene.
