Luego que el Gobierno diera a conocer el informe que revela las causas de las crisis mediambientales de los últimos años, la organización ecologista señaló que «queda claro que el Ejecutivo está más cerca de la industria salmonera que de la comunidad chilota y la recuperación social y medioambiental de la isla».
Este viernes se dio a conocer el informe que el gobierno encargó a un comité de científicos para analizar las causas que generaron una de las crisis sociales y medioambientales más graves de los últimos años en el país. En este, el comité de expertos no ha podido descartar que el amonio de los salmones vertidos en Chiloé haya contribuido al desarrollo de la marea roja.
El informe confirma algunas cuestiones relevantes que Greenpeace también había planteado en su propio análisis publicado en septiembre. Una de ellas es reafirmar que existían las condiciones idóneas para el desarrollo de marea roja (FAN) en la zona.
Para la organización ecologista el problema está dado precisamente por la autorización de un vertimiento de salmones en descomposición en medio de estas condiciones. Todo, sin ningún tipo de estudio, evaluación o análisis de riesgo previo.
“Este informe no hace más que comprobar lo que Greenpeace denunció desde el principio: se utilizó el mar como vertedero en medio de las condiciones perfectas para el desarrollo de marea roja. Esto no fue sólo una omisión, sino que fue una decisión deliberada del gobierno para proteger a la industria salmonera. No podemos permitir que esto siga ocurriendo ahora en otras regiones del país”, plantea Estefanía González, coordinadora de Océanos de Greenpeace en Chile.
Desde la agrupación aseguran que lo que vivió Chiloé se volverá a repetir, y advierten que el riesgo que ahora sea la Patagonia la que enfrente un “nuevo Chiloé” resulta inminente.
Frente a este análisis encargado por el gobierno y que finalmente ha salido a la luz pública señalan que el Ejecutivo solicitó el estudio tres meses después del vertimiento de unas 4.500 toneladas de salmones en descomposición en la costa Pacífico de Ancud y que los resultados finales se han entregado al finalizar el año.
Además agregan que en dicha oportunidad las autoridades no llegaron a la zona afectada sino hasta fines de mayo, por lo que buena parte del contenido del estudio encargado se refiere a una situación poscrisis.
No obstante, los resultados presentados incluyen el análisis de información y previa e histórica, concluyendo que no existe relación entre el vertido y la crisis por marea roja. Para Greenpeace, en cambio, resulta imposible descartar dicha relación.
“No existen fundamentos oceanográficos para descartar el aporte del vertido al desarrollo de la crisis por marea roja, por lo que afirmar que no existe ningún tipo de relación no sólo es irresponsable, sino que altamente preocupante para el futuro de nuestro océano. Lo relevante sería utilizar la ciencia para aplicar medidas concretas de recuperación de Chiloé y no permitir que esto se repita. Sobre eso, el informe dice muy poco, lo cual resulta lamentable”, dice Estefanía González.
Greenpeace afirma que el Gobierno elude su responsabilidad y evita presentar informe en Chiloé. Además indicaron que queda claro que el Ejecutivo está más cerca de la industria salmonera que de la comunidad chilota y la recuperación social y medioambiental de la isla.
“Ojalá que este informe que hemos conocido hoy no sirva para exculpar el lamentable actuar del gobierno, hacer un lavado de imagen y menos que sea utilizado como justificativo para que siga la descontrolada entrega de concesiones salmoneras en extensas zonas del país”, concluye Estefanía González.
