El ente fiscalizador resolvió no tomar razón y declarar contrario a derecho el plan que buscaba imponer nuevos límites de emisiones a las principales fuentes contaminantes, mediante un sistema de compensación de emisiones. Las comunidades afectadas si bien lamentaron que el tema siga postergándose, calificaron el actual escenario como una oportunidad para efectivamente garantizar el resguardo de la salud de la población.
La Contraloría General de la República resolvió este martes no tomar razón del emblemático plan de descontaminación de Concón, Quintero y Puchuncaví elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y aprobado hace un año por el Consejo de Ministros para la sustentabilidad, en lo que constituye un serio tropiezo para el gobierno en materia medio ambiental.
La iniciativa buscaba imponer nuevos límites de emisiones a las principales fuentes contaminantes, estableciendo un sistema de compensación de emisiones y regulando las emisiones de plantas de áridos, así como su extracción y producción, exigiendo medidas de confinamiento al transporte y almacenamiento de material sólido, y prohíbe de manera permanente las quemas agrícolas.
Se trata de una zona saturada de comprendida entre las comunas de Concón, Puchuncaví y Quintero tiene una superficie total de 524 km2 y una población que en conjunto suma más de 90 mil habitantes.
“Lo que busca este plan es congelar las emisiones ya presentes y poderlas disminuir, básicamente de GENER, División Ventanas CODELCO y Refinería Aconcagua ENAP que son los grandes emisores. También prever un mecanismo de compensación de emisiones para los nuevos proyectos los cuales deben compensar en un 120%, es decir una disminución neta de las emisiones, y la regulación de fuentes puntuales como pequeñas calderas, acopios de áridos y de otras características”, dijo a fines de diciembre de 2016 el entonces titular de Medio Ambiente, Pablo Badenier, quien también encabezaba en ese entonces el Consejo de Ministros hasta que fuera reemplazado en abril de este año por el actual ministro Marcelo Mena.
Si bien la Contraloría no ha entregado las razones para declinar la toma de razón y declarar algunos aspectos del plan como contrarios a derecho, cercanos al proceso apuntan a un posible mal cálculo de las emisiones reales máximas de las fuentes contaminantes en la zona, como también respecto de las emisiones de las calderas.
En enero de este año, pocos días después que el Consejo de Ministros le diera el visto bueno al plan, las comunidades de la zona hicieron entrega a la Contraloría de una serie de observaciones al mismo, ya que consideraban que la reducción de contaminantes era insuficientes para garantizar la salud de la población.
«Como comunidad nosotros habíamos hecho observaciones al contralor, en el sentido que a parte de significar una baja reducción de lso contaminantes, tampoco había considerado el procedimiento establecido en la norma para que ello ocurriera, y tampoco había considerado el arsénico», dijo el consultor medio ambiental y miembro de la comunidad Hernán Ramírez.
Sobre este punto precisó que el objetivo era reemplazar el ya obsoleto plan de descontaminación que data desde 1993, el que sí contemplaba la reducción de emisiones de arsénico, «de lo que este plan no se hace cargo».
Agregó que si bien la decisión que adoptó hoy la Contraloría «atrasa la descontaminación porque el plan pudiese haber mejorado en algún nivel los acgtuales contaminantes de la zona, creemos que es mejor partir de cero y efectivamente avanzar en un plan de descontaminación que dé garantías a la comunidad de mejorar las condiciones ambientales. Creo que es una oportunidad y lamentablemente el actual ministro de Medio Ambiente, cuando era subsecretario, no tomó en consideración lo que la comunidad le señaló».