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Querella presentada por ex funcionaria de Fiscalía acusa “uso malicioso de información elaborada mediante Ley de Inteligencia”

¿Y dónde está la ANI?: el invitado de piedra en la Operación Huracán

por 21 febrero, 2018

¿Y dónde está la ANI?: el invitado de piedra en la Operación Huracán
Al principio, la Agencia Nacional de Inteligencia parecía tener un rol principal en la trama que Carabineros relató al Ministerio Público: uno de sus funcionarios era responsable de filtrar información a la CAM y había intervenido computadores de policías y funcionarios del Ministerio Público. Ahora, cuando todo indica que la versión de la policía uniformada se derrumba en medio de serios cuestionamientos, la institución de inteligencia en Chile, responsable de entregar información relevante y oportuna al poder político, vuelve a su lugar, que algunos consideran decorativo e intrascendente.
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“Marcos ANI”. En la historia que apareció en la prensa, ese era el nombre con que Héctor Llaitul tenía guardado un contacto en su celular Lenovo, que le incautaron cuando fue detenido el 23 de septiembre del año pasado, en la Operación Huracán. El 14 de enero de este año, El Mercurio publicó una parte detallada de los mensajes que se incautaron en ese teléfono y que sirvieron de evidencia para dejar en prisión a Llaitul y otros siete mapuches imputados por incendios en la zona.

En los mensajes, Llaitul aseguraba que este contacto le avisó del operativo en su contra, que ocurriría una semana después en septiembre. “ANI me avisó que los pacos preparan operación”, decía el mensaje que escribía el dirigente mapuche y que fue reproducido en el diario. El destinatario era otro contacto: “José”.

El misterio de la ANI

El 11 de diciembre, el Fiscal Nacional Jorge Abbott recibió un informe con estos antecedentes, según los cuales “José” era el contacto entre Héctor Llaitul y funcionarios de la Fiscalía y que de esta manera se enteraba de lo que la policía estaba haciendo. El informe, además, detallaba que un funcionario de la ANI había intervenido el computador del fiscal de Alta Complejidad en la zona, Luis Arroyo, y que su asistente, la abogada Mónica Palma, entregaba datos a los imputados a través de “José”. El fiscal se habría abstenido de informar sobre esta situación, debido a que supuestamente mantenía una relación sentimental con la profesional. Abbott ordena una investigación y que la abogada Palma sea removida de sus funciones.

En los antecedentes que llegaron a Abbott estaba, también, el dato de que un funcionario de la ANI había intervenido el teléfono y el computador de uno de los carabineros que investigaba la Operación Huracán. La alerta la había dado el sistema de seguridad informática de la policía uniformada. Quien firmaba el informe era el general Gonzalo Blu, a la cabeza de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipolcar).

Según el informe de Carabineros remitido a la Fiscalía, los mensajes de advertencia a Llaitul significaron que al momento de ser detenido “los medios de prueba y/o evidencia encontrada en los domicilios fue mínima, lo que claramente podría deberse a que contaban con esta información privilegiada con anterioridad”, señala parte del informe firmado por el general Blu Rodríguez. Semanas antes, el 19 de octubre, la Segunda Sala de la Corte Suprema había decidido dejar en libertad a Llaitul y a los otros comuneros, al acoger los argumentos de la defensa, respecto a que no había pruebas suficientes para justificar su detención. La decisión fue unánime. Aunque el Ministerio Público defendía como prueba los mensajes de WhatsApp que le había entregado Carabineros para inculpar a los mapuches como organizadores de los ataques.

El falso rastro de las IP

Paralelamente, la ANI, a través de un oficio enviado el 20 de enero por su director, Gustavo Villalobos, al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, negó que alguno de sus funcionarios interviniera los computadores del Ministerio Público. La alerta que dio el sistema de Carabineros entregó la dirección IP de un servidor que ocupan otros organismos públicos, como el Ministerio de Defensa, de Interior, pero no la ANI.

El 25 de enero explotó la bomba que enfrentó en una  crisis sin igual al Ministerio Público y Carabineros, cuando el fiscal de Alta Complejidad de Temuco, Luis Arroyo, anunció la presentación de una querella donde aseguraba que todas las conclusiones de Carabineros respecto a las filtraciones hacia la CAM amparadas por él, la abogada Palma y un misterioso funcionario de la ANI, eran falsas.

“Los hechos relatados en dicho Oficio 202 de la Dipolcar son absolutamente falsos, jamás ocurrieron, ni nada similar a lo que allí se relata; es decir, él o los autores materiales e intelectuales del contenido de dicho oficio mienten en todo lo que allí se consigna”, aseguraba Arroyo en su querella. “Pero lo más burdo e irrisorio, y que demuestra la ineptitud máxima de parte de quien o quienes inventan esta absurda historia, es que en las últimas tres ocasiones en que supuestamente me reuní con la abogada yo me encontraba fuera de Chile”, agregaba.

El mismo día, Cristián Paredes, Fiscal Regional de La Araucanía, manifestaba que a partir de un peritaje interno del Ministerio Público podía afirmar que los mensajes usados como prueba para enviar a prisión preventiva a los mapuches, eran falsos. Paredes decide entonces cerrar la investigación. Abbott abre otra, por falsificación de instrumento público y obstrucción a la justicia, en medio de la cual funcionarios de la PDI concurren al cuartel de Carabineros en Temuco para incautar computadores, aunque, en una decisión inédita por parte de la policía uniformada, no se les permite ingresar.

Si bien la información de los computadores finalmente es entregada, el general Blu incendia la pradera afirmando que “la Fiscalía ampara a delincuentes”, insistiendo en que la supuesta filtración fue determinante en el resultado de la indagatoria para aclarar los incendios.  Dentro de los computadores que entregó Carabineros, cabe destacar que uno de ellos iba sin disco duro.

Se derrumba el castillo

Hasta ahora, todos los datos disponibles indican que los mensajes de los imputados son falsos y fueron generados por Carabineros. El último de estos antecedentes es la querella presentada ayer por el CDE contra Alex Smith, empleado civil de la institución policial, dado de baja y gestor de dos supuestos softwares, uno para interceptar mensajes y el otro para detectar ubicación. Ambos inutilizables, según el CDE, que en esta querella apunta a los ataques incendiarios a camiones en San José de la Mariquina, donde se inculpó a personas sobre la base de la misma prueba, supuestamente irregular.

La ANI, que se dedica a procesar información de inteligencia política, evaluar y prevenir posibles riesgos de este tipo para la seguridad interna del país, ha sido fuertemente cuestionada principalmente en la época en que estuvo encabezada por el abogado Gonzalo Yuseff, durante el Gobierno de Piñera, donde una serie de atentados explosivos dieron origen al Caso Bombas, que no arrojó responsables.

Aunque el general Julio Pineda, a cargo de la investigación interna de la policía uniformada, anunció que pediría al FBI que confirmara la autenticidad de los mensajes y, de paso, probara la efectividad de los famosos softwares, la diligencia resultaría –según fuentes ligadas al caso– impracticable e irrelevante para la investigación, ya que la misma solo puede pedirla la Fiscalía o algún interviniente y Carabineros no ostenta esta última categoría. En esta relación de hechos, la abogada Mónica Palma sumó una nueva querella en los mismos términos de la presentada por el fiscal Arroyo a fines de enero.

En el escrito, contra todos quienes resulten responsables, la abogada Palma acusa delitos de calumnias, obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público y “uso malicioso de información elaborada mediante Ley de Inteligencia”.

¿Quién es el misterioso "José"?

El abogado de Palma, Sergio Díaz, afirma que “respecto del contacto indicado como 'José', es importante señalar que no existe un contacto registrado con ese formato en el teléfono celular de mi representada, ni menos aún, los mensajes que DIPOLCAR informa se habrían producido entre ambos. En relación a la fotografía con listado de nombres supuestamente capturada y enviada por esta querellante a 'José', llama la atención que el Oficio N°202 no indique en qué carpeta contenedora de archivos se encontraría dicha imagen en el equipo móvil interceptado, ni dato alguno sobre su forma de obtención, de ingreso al mismo, de captura ni origen, y que encontrándose supuestamente interceptado su teléfono móvil, no se informe siquiera su georreferenciación ni en qué lugares específicamente esta se encontraba al realizar las conductas que se le imputan, todos elementos que demuestran la ausencia de antecedentes técnicos e informáticos que sustenten las conversaciones denunciadas por Carabineros, las que estimamos son sencillamente maliciosamente falsas”, plantea la querella.

Además, entregan antecedentes respecto a que el 16 de septiembre, cuando supuestamente la abogada Palma envió los mensajes a Llaitul, ella estaba en una audiencia de juicio oral y el único mensaje enviado fue a los fiscales del caso en cuestión.

Pero la prueba que parece más contundente es que la interceptación telefónica se hizo, según Carabineros, a un número vinculado con la compañía telefónica Entel. Sin embargo, Mónica Palma mantiene un contrato con VTR hace más de un año. Por lo que la querella concluye que “si los funcionarios de inteligencia de Carabineros de Chile, a cargo de la gestión, hubieran realmente contactado a la empresa de telefonía Entel para ejecutar la interceptación autorizada judicialmente, esta compañía debería haber informado de inmediato la imposibilidad de llevar adelante la medida intrusiva en cuestión, por cuanto la Srta. Palma no mantiene contratos vigentes con dicha compañía telefónica. Y, en caso contrario, si hubieran requerido la interceptación a la Compañía VTR, no habrían podido realizarla, por no encontrarse autorizados judicialmente para ello. Entonces, cabe preguntarse: ¿se realizó efectivamente la intervención del teléfono móvil de la abogada asistente de fiscal?, ¿se realizó de manera ilegal con una compañía telefónica distinta de la autorizada judicialmente? En cualquiera de los dos escenarios, el contenido del Oficio N°202 (de Carabineros) no tiene un origen legítimo ni ajustado a Derecho”, consigna la querella.

Una excusa para Carabineros

Cercanos a los querellantes afirman que “todo el aparataje montado por Carabineros fue una manera de encubrir su falta de efectividad operativa, incluido el asunto de la relación sentimental entre el fiscal y su asistente, como una manera de atribuir las filtraciones y, así, la falta de evidencias concretas a la hora de detener a los mapuches”. Para al abogado Díaz, representante de Palma, “se ha dado mucho énfasis a los problemas entre el Ministerio Público y Carabineros, pero nadie ha mencionado qué rol cumple la ANI”.

Ninguno. Según fuentes de la PDI, aunque mantienen enlaces con la agencia que depende de Interior, “su posición es meramente decorativa, no tiene ninguna injerencia en los procedimientos de inteligencia, que recaen básicamente en la PDI y Carabineros”, por eso estiman que incluir a un supuesto funcionario de la ANI en las filtraciones “refleja que necesitan justificar su incapacidad para encontrar a los culpables de los incendios”, señalan las mismas fuentes.

La Agencia Nacional de Inteligencia tiene, al 2017, un presupuesto anual de 600 millones, en su nómina de personal hay 98 funcionarios, encabezados por Gustavo Villalobos, histórico abogado ligado a la defensa de los Derechos Humanos desde la Vicaría de la Solidaridad. En 2004, la agencia pasó a reemplazar a la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (DISPI),más conocida como "La Oficina", desde donde a principios de los 90 se desarticuló, con un controvertido sistema de informantes, lo que quedaba de los grupos armados surgidos durante la dictadura. En 2001, uno de sus analistas, Lenin Guardia, fue condenado por enviar cartas bomba a la embajada de Estados Unidos y a la oficina del abogado Luis Hermosilla, con el fin de crear un clima de tensión y vender informes de inteligencia luego de los atentados a las Torres Gemelas ese mismo año.

La ANI, que se dedica a procesar información de inteligencia política, evaluar y prevenir posibles riesgos de este tipo para la seguridad interna del país, ha sido fuertemente cuestionada principalmente en la época en que estuvo encabezada por el abogado Gonzalo Yuseff, durante el Gobierno de Piñera, donde una serie de atentados explosivos dieron origen al Caso Bombas, que no arrojó responsables.

En septiembre de 2014, los cuestionamientos al organismo que funciona en calle Tenderini y su director volvieron, a raíz del bombazo en la estación de Metro Escuela Militar, que tampoco fue advertido por los organismos de seguridad. Hace algunos días, y en el contexto de la operación Huracán, el Presidente electo Sebastián Piñera anunció una “profunda restructuración” para este organismo, el que al parecer actualmente subsiste en la irrelevancia.

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