Rectores de universidades estatales hicieron un exhorto a las autoridades a reponer el artículo 63 ante el Congreso Nacional
En un comunicado, el Cuech expresó que la ley es «incongruente, pues mandata al Estado a erradicar el lucro en la Educación Superior, a la vez que permite que las Instituciones de Educación Superior sean controladas por instituciones o personas cuyo fin es el lucro».
Tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que elimina el artículo 63 de la Ley de Educación Superior, el cual prohibía el lucro de los controlares de universidades privadas, diversas han sido las reacciones por parte de los diferentes sectores políticos y universitarios.
Bajo esa línea, los rectores del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech), enviaron un comunicado en el que manifestaron su desaprobación por la «inconsistencia e ineficacia en que se dejaría a una ley democráticamente aprobada y altamente valorada por la sociedad».
La declaración fue firmada por los 18 rectores que conforman el Cuech, quienes se reunieron este miércoles.
Vale acotar que el fallo del TC se da luego de que la presidenta de la Corporación de Universidades Privadas (CUP) y rectora de la Universidad de Las Américas, Pilar Armanet, ingresara un requerimiento cuestionando el ya mencionado artículo, al considerar que «bloquearía» la libertad de las personas jurídicas con fines de lucro para participar en el control de las instituciones educacionales.
En el comunicado, el Cuech expresó que la ley es «incongruente, pues mandata al Estado a erradicar el lucro en la Educación Superior, a la vez que permite que las Instituciones de Educación Superior sean controladas por instituciones o personas cuyo fin es el lucro».
Los rectores de las universidades públicas pusieron énfasis en que la educación es un derecho fundamental de la sociedad, que lleva implícita la condición de constituir una actividad no lucrativa, algo que se hizo efectivo mediante la Ley de Educación Superior.
Sin embargo, consideran que el dictamen del TC «amenaza con derrumbar este logro, pues declara inconstitucional el artículo 63 del Proyecto de Ley sobre Educación Superior», que exigía a los controladores de universidades privadas no tener fines de lucro.
«Las implicancias son previsibles. El Estado deberá entregar recursos públicos a instituciones y personas jurídicas privadas con fines de lucro, algunas de las cuales incluso cotizan en la bolsa de valores. Se transferirán recursos públicos a personas e instituciones privadas, nacionales y extranjeras, que en definitiva irán a parar a instancias que lucran. También las familias, al pagar la educación universitaria de sus hijos e hijas, estarían contribuyendo al lucro de sus controladores, en vez de contribuir a la calidad su educación», resalta el documento.
Por último, los rectores de las universidades estatales hicieron un exhorto a las autoridades a reponer el artículo 63 ante el Congreso Nacional.
