Tras 5 días de reuniones a puertas cerradas en Punta de Tralca, la Conferencia Episcopal evacuó un documento en tono de mea culpa por los dolorosos “abusos sexuales, de poder y de autoridad”. Los obispos se comprometieron a la entrega de los antecedentes sobre abuso sexual a menores de edad al Ministerio Público. Se releva además al obispo Juan Ignacio González por la abogada Ana María Celis en la cabeza del Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas, el cual contará ahora con nuevas atribuciones y competencias.
En el cierre de la Asamblea Plenaria Extraordinaria que se desarrolló durante toda esta semana en Punta de Tralca, los obispos de la Iglesia católica chilena hicieron un inédito mea culpa, pidiendo perdón por los abusos sexuales y de poder cometidos por miembros del clero.
“Queremos reconocer humildemente que hemos fallado a nuestro deber de pastores al no escuchar, creer, atender o acompañar a las víctimas de graves pecados e injusticias cometidas por sacerdotes y religiosos. A veces no reaccionamos a tiempo ante los dolorosos “abusos sexuales, de poder y de autoridad” y, por ello, pedimos perdón en primer lugar a las víctimas y sobrevivientes”, señaló la declaración con las conclusiones de la cita extraordinaria de la Conferencia Episcopal (Cech).
El texto leído por Santiago Silva, presidente de la Cech, añade que “en esta hora queremos expresar también nuestro arrepentimiento ante quienes han acompañado a las víctimas, a sus familias, a quienes han realizado responsablemente esfuerzos por buscar la verdad, la justicia, la reparación y la purificación”. “Nuestras faltas u omisiones han causado dolor y perplejidad, han afectado la comunión eclesial y han dificultado la conversión y minado la esperanza”, precisa.
Asimismo, en el mismo tono de mea culpa, asumen que “algunos de nosotros pudimos ser más activos y atentos al dolor sufrido por las víctimas, familiares y la comunidad eclesial” y “reconocemos que no siempre supimos acoger en todas las instancias eclesiales las orientaciones del Consejo Nacional de Prevención para abordar oportunamente los casos de abuso sexual”.
Entre las decisiones en materia judicial, los obispos señalaron que van a colaborar con el Ministerio Público. “Incluiremos un Anexo a las Líneas Guía “Cuidado y Esperanza”, norma que rige a todas las diócesis del país, relativo a la plena voluntad de colaborar con el Ministerio Público en la entrega de los antecedentes sobre abuso sexual a menores de edad, resguardando los nombres de denunciantes y víctimas que expresamente soliciten reserva de su identidad. El texto de dicho anexo se dará a conocer apenas se formalice el acuerdo de colaboración con la Fiscalía Nacional que trabaja un equipo jurídico en representación de la Conferencia Episcopal de Chile”, dice la declaración.
Asimismo, acordaron que “en el sitio web del Consejo www.iglesia.cl/prevenirabusos se repondrán los nombres de clérigos con sentencias definitivas civiles y canónicas por abuso de menores de edad” y se comprometieron a “dar a conocer públicamente toda investigación previa sobre presunto abuso sexual de menores de edad realizada en nuestras jurisdicciones. Lo mismo solicitamos a los superiores de congregaciones religiosas”.
Otra de las decisiones más llamativas es abrir más espacios para la participación de la mujer, al señalar que “la renovación permanente en los consejos y equipos de gestión y conducción pastoral a nivel diocesano y parroquial con especial acento en la participación de la mujer, sobre todo en las instancias de toma de decisiones”.
En otra medida concreta, se nombró a la abogada Ana María Celis Brunet como presidenta del Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas, cargo que estaba en manos del obispos de San Bernardo Juan Ignacio González. La instancia contará con nuevas atribuciones y competencias y trabajará junto a la CECH en “buscar criterios comunes en los procesos de reparación hacia las víctimas de abuso”.
Sin dar mayores detalles, señalaron también que “nos comprometemos a incrementar nuestra disponibilidad para encontrarnos personalmente, cada obispo, con víctimas de abusos cometidos por clérigos de nuestras jurisdicciones que estén dispuestas a hacerlo, para acogerles, escucharles y ponernos, junto a nuestros equipos de acogida, a su disposición para todo cuanto ayude a sanar las heridas. Este mismo signo solicitamos a los superiores de institutos de vida consagrada”.
Finalmente, anuncian que “nos comprometemos a hacer una mirada autocrítica de los aspectos estructurales de nuestras diócesis que permitieron la ocurrencia y perpetuación del abuso en la iglesia para que estos hechos nunca más se vuelvan a repetir”. Para el 2019, señalan que tendrán elaborado e implementado un “protocolo de buen trato” y un código de comportamiento para sacerdotes.