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La tónica en la primera sesión fue apuntar a lo «insuficiente» de las medidas del Gobierno. Representantes de la comunidad acusaron que el Ejecutivo es «indolente», y «no da garantías para nuestros niños». Además, denunciaron que las normas ambientales de Chile en comparación con la OMS son una «verdadera vergüenza». Mientras, en la zona afectada sesionó el CRAS (Consejo para la Recuperación Ambiental y Social) de Quintero – Puchuncaví, donde se hizo sentir la molestia contra el manejo del Gobierno y las sospechas hacia Oxiquim. [ACTUALIZADA]
Este lunes arrancó la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por la situación de contaminación que afecta a Quintero y Puchuncaví, la que no estuvo exenta de críticas al Gobierno para enfrentar la complicada crisis ambiental que perjudica a estas dos comunas de la Región de Valparaíso.
A la comisión, convocada en la sede Santiago del Congreso, asistieron la presidenta del Consejo Consultivo de Salud de Quintero, María Araya, el representante del movimiento estudiantil de Quintero y Puchuncaví, Alexis Rojas, y el investigador asociado de la Fundación Terram, Hernán Ramírez. También estuvo la presidenta del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), Loreto Silva, quien de todos modos no intervino en la sesión.
Al mismo tiempo, en la zona afectada sesionaba el CRAS (Consejo para la Recuperación Ambiental y Social) de Quintero – Puchuncaví. En la oportunidad, los asistentes representantes de la sociedad civil del territorio afectado interpelaron a las autoridades por el manejo de la crisis.
Los dardos estuvieron dirigidos particularmente a la situación de Oxiquim, la compañía que preside Fernando Barros Tocornal y que, a pesar de una resolución de prohibición de funcionamiento de la Seremi de Salud, no paralizó sus procesos. Oxiquim también despierta resistencia en la comunidad por su proyecto para construir un nuevo terminal multipropósito en la Bahía de Quintero, el cual está a la espera del pronunciamiento del Tribunal Ambiental.
El ambiente en el CRAS fue una muestra más de cómo la respuesta del Gobierno ya está siendo mal evaluada incluso desde el oficialismo, desde donde ven que las medidas adoptadas son claramente insuficientes para la magnitud del drama ambiental.
Y en La Moneda ya suenan las alarmas respecto a la potencia que puede adquirir el conflicto, que claramente ya se acerca a Santiago y está impactando en la evaluación presidencial y del Gobierno, como han demostrado los últimos estudios.
La primera en hablar fue Araya, quien criticó las malas condiciones del hospital de campaña para atender los casos de intoxicación que han afectado a los pobladores, situación que –aseguró– expuso hace aproximadamente 3 meses ante autoridades como el ministro de Salud, Emilio Santelices, y el intendente Jorge Martínez.
«Todos estos días hemos tenido episodios de intoxicaciones (…) el hospital estaba colapsado. El Estado sabe, le hemos puesto en posición lo que está pasando en las dos comunas, es un hospital que atiende más de 60 mil personas entre adultos y niños. No puede ser que tengamos un hospital de campaña con los mejores especialistas y que atienda desde las 8 hasta las 5 de la tarde y de lunes a viernes», criticó Araya.
Además, consideró necesario cambiar la Alerta Amarilla vigente por una medioambiental y sanitaria, y acusó que no han recibido respuesta del Estado de lo que está pasando en Quintero y Puchuncaví. «Estamos claros que hay contaminación, estamos claros que están diciendo que puede ser Enap, que puede ser Gasmar (…) pero no nos dan la garantía para nuestros niños (…) estamos sumamente preocupados».
Araya finalizó su exposición señalando que «espero que esta comisión por lo menos nos pueda ayudar a gestionar y cambiar las normas, que se hagan nuevas normas en Chile, normativas sobre los gases, que se amplíe en los metales pesados porque hay algunos, otros no, y que nos digan la verdad, que nos digan ‘esta empresa es la que contamina’. ¿Por qué nos castigan? Nos quitan un 18, nos quitan que los niños vayan a clase y las empresas siguen su trabajo. Estamos de acuerdo que hay muchas empresas que le dan beneficios al Estado, pero no tenemos por qué nosotros, los quinteranos y los niños de Quintero, pagar por esto».
Posteriormente fue el turno de Alexis Rojas, del movimiento estudiantil Quintero -Puchuncaví, quien abordó la nula respuesta tanto del Gobierno central como del regional para que los estudiantes puedan volver a clases con garantías de que un episodio de intoxicación no se vuelva a repetir.
A su juicio, las autoridades no se han tomado el peso de la situación que actualmente afecta a estas comunas y que las medidas que se han tomado son insuficientes, ya que para ellos son situaciones «normales» y, a su juicio, lo que está ocurriendo en Quintero y Puchuncaví «no es algo normal, es algo que se escapa de toda norma», dijo tras su salida de la comisión.
«Hoy en día nuestro petitorio es claro (…). Básicamente nos centramos en un solo punto y ese punto son los garantías. Nosotros no volvemos a las aulas a hacer clases si no tenemos garantías verdaderas de que no vamos a pasar por un nuevo episodio de contaminación en nuestros colegios (…) nuestro mensaje es claro y contundente, nosotros no volveremos a las aulas hasta que se nos den garantías de que no vamos a pasar por lo mismo», recalcó el estudiante en su exposición ante la comisión.
El dirigente informó que, como medida de protesta ante la crisis ambiental, actualmente hay 7 colegios entre Quintero y Puchuncaví que se encuentran tomados por los estudiantes. «No vamos a soltar los colegios hasta que tengamos soluciones y tengamos garantía de que no tendremos un nuevo episodio de intoxicación y envenenamiento dentro de las aulas».
También exigieron la paralización del parque industrial, la homologación de la norma OMS, que no haya represalias contra las personas que están participando en las tomas y que no sean desalojados.
«Yo encuentro que los diputados se están alineando un poco con las demandas sociales. Todos estamos buscando soluciones», señaló Rojas, al tiempo que agregó que el Ejecutivo «ha sido muy indolente con nosotros, como comunidad de Quintero y Puchuncaví».
Finalmente fue el turno de Hernán Ramírez, investigador asociado de la Fundación Terram, quien presentó estudios sobre la presencia de metales pesados en la Bahía de Quintero. Por otra parte, criticó la falta de avance que ha habido respecto a una serie de recomendaciones de la comisión del año 2011.
Ramírez aseguró que es urgente una norma de arsénico para la zona de Quintero y Puchuncaví, y calificó como una «verdadera vergüenza» las normas ambientales de Chile en comparación con las de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
«Me voy con la esperanza de que esta (comisión) permita efectivamente avanzar y terminar con esta situación. Se requiere voluntad, decisión, hay que tener un poco también de valor por parte de los parlamentarios. Hay medidas que van a ser cuestionadas y que va a haber muchas versiones de algunos grupos para que esas medidas no sean tomadas», sostuvo.
Por último, criticó las medidas del Gobierno, las cuales, dijo, han sido «absolutamente insuficientes y no dan garantía a la comunidad de Quintero y Puchuncaví de que estas situaciones no se vuelvan a repetir».
El presidente de la Comisión Investigadora por la contaminación en Quintero y Puchuncaví, Diego Ibáñez, puso énfasis en la necesidad de sesionar en las comunas afectadas. «La política hoy día no puede estar ajena a la sociedad. Estar junto a las comunidades y seguir escuchando sus propuestas y trabajar desde esa dimensión, esta comisión investigadora es un deber ético en esta catástrofe sanitaria y ambiental».
Ibáñez se refirió a la declaración del Colegio Médico, que señaló que una de las principales causas de muerte en Chile tiene que ver con la contaminación ambiental. «Tenemos niveles de arsénico que superan incluso 23 veces la norma europea, por lo tanto, aquí hay que colocarle el cascabel al gato. En mi rol como diputado, yo invitaría al Presidente a declarar una zona de catástrofe sanitaria y ambiental».
El parlamentario criticó además la negligencia del Estado y particularmente de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), organismo al que calificó de » árbitro ciego».»Hoy día existen solamente tres fiscalizadores que tienen que estar al tanto de esta situación. El Presidente de la República, en función de las inversiones que él puede desarrollar en esta catástrofe, tiene la pelota de su lado de la cancha y esperemos que pueda responder a la altura de las demandas de los quinteranos y quinteranas».
