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El contraataque del general (r) Oviedo: los dardos de su defensa contra la jueza Rutherford

por 28 junio, 2019

El contraataque del general (r) Oviedo: los dardos de su defensa contra la jueza Rutherford
Una argucia legal mantiene detenida la causa contra el excomandante en Jefe desde enero, cuando el TC decidió paralizarla hasta verificar si se vulneraron algunas de sus garantías constitucionales. Sus abogados insisten en que la magistrada a cargo del caso ha vulnerado la resolución del Tribunal Constitucional al continuar haciendo diligencias. La ministra usó prerrogativas del sistema antiguo de procesamiento penal en la justicia militar para dar un duro golpe al exjefe militar y dejarlo detenido, al mismo tiempo que se han filtrado antecedentes de una eventual malversación de los gastos reservados por un total de $2.500 millones. Nada está resuelto aún, porque el escenario podría torcerse en contra de la jueza si el TC la acusa de desacato.
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El viernes 21 de junio, Gonzalo Rodríguez, abogado del excomandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, estaba feliz. Una resolución del Tribunal Constitucional (TC) solicitaba a la ministra Romy Rutherford y a la institución castrense los antecedentes para verificar si la jueza les había pedido el registro de los viajes efectuados por el general (r) entre los años años 2014 y 2018, período en que fue el máximo jefe militar.

La causa que lleva adelante Rutherford se sustancia en la justicia militar, se rige en el sistema antiguo de procesamiento penal y no permite a los abogados tener acceso a la carpeta investigativa, como sí ocurre en el actual sistema.

Rodríguez se había enterado por la prensa, días antes, que la ministra había pedido al Ejército el registro de los viajes. En opinión de la defensa, eso implica “desacato” a la resolución del TC, que en enero ordenó suspender la causa hasta verificar si se vulneran las garantías constitucionales de Oviedo en el actual proceso. Una argucia legal que, en la práctica, permitía al general en retiro esperar con tranquilidad su futuro judicial.

Y aunque en un hecho poco habitual Rutherford publicó un comunicado en la página del Poder Judicial, a través del cual aseguró que en su trabajo ha “respetado, como corresponde, la decisión del TC", la defensa del retirado general igual reclamó.

El Ejército ya respondió a la resolución del Tribunal Constitucional este miércoles 26 de junio, afirmando que la ministra efectivamente pidió el detalle de los viajes que hicieron los comandantes en Jefe de la institución entre los años 2006 y 2019. El plazo para la respuesta de Rutherford venció ayer.

En lo que más hace hincapié la defensa de Oviedo es en la comparación errónea e imprecisa que se efectúa con Juan Miguel Fuente-Alba, teniendo en cuenta que se pudo acreditar que este último tiene un patrimonio de $1.500 millones, según lo que estimó el fiscal José Morales al momento de formalizarlo, mientras que el de su sucesor en el Ejército, en cambio, llega a los $400 millones. Su esposa, Marianne Stegmann, proviene de una familia de terratenientes de la Novena Región.

Para comprobar que la ministra sí hizo diligencias contraviniendo la decisión del TC, en la defensa del exjefe militar explicaron que Rutherford además pidió un registro fechado el 8 de marzo al Banco Estado sobre las cuentas de Oviedo, que entre una de ahorro y otra corriente, suman poco más de dos millones de pesos.

En una carrera contra el tiempo, ese mismo viernes 21 la jueza despachó una solicitud para interrogar a Oviedo y argumentó que se trataba de “otra arista” de las 29 que se investigan, relacionada con el supuesto mal uso de gastos reservados. La diligencia se concretó el martes 25, cuando Rutherford llegó hasta el departamento que el retirado general tiene en calle Las Hualtatas, en Vitacura, domicilio en el que instaló algo parecido a una oficina.

Pero el interrogatorio como tal no duró más de 15 minutos. En todo ese tiempo, según testigos de la diligencia, Oviedo –por instrucción de su abogado– no respondió a las preguntas y dijo que no iba a hablar, porque “la causa se encuentra suspendida”.

En efecto, en la defensa de Oviedo argumentaron que no hay “aristas” y que “se trata de una distinción administrativa que no tiene validez legal”, por cuanto la causa es una sola, con el mismo rol (575-2014) sobre el cual el TC se pronunció en enero, resolviendo su suspensión. “La ministra inventó esta ficción de los gastos reservados, algo sobre lo que nunca le preguntó al general cuando declaró en diciembre sobre el detalle de los pasajes”, manifestaron fuentes de la defensa de Oviedo.

Sin embargo, Rutherford ganó este round, ya que dejó detenido al excomandante en Jefe en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, donde también está su antecesor, Juan Miguel Fuente-Alba. La jueza tiene hasta cinco días para decretar el procesamiento de Oviedo

Los gastos reservados

Uno de los aciertos de la jueza Rutherford es que, en la práctica, se ha logrado instalar públicamente que Humberto Oviedo está siendo investigado por haber tenido un comportamiento similar al del general (r) Fuente-Alba, quien fue formalizado la semana pasada por lavado de dinero, después que se detectó que tenía un procedimiento habitual para desviar plata pública de los gastos reservados hacia sus cuentas personales y de su esposa.

“Es muy difícil, teniendo en cuenta el clima actual de rechazo a la institución, que la opinión pública se ponga del lado de los militares”, se lamentaron en la defensa.

En el caso de Oviedo, se ha filtrado a la prensa que Rutherford lo investiga por el mal uso de $2.500 millones. Desde la defensa del general (r) consideraron que esa cifra es “mañosa”, por cuanto los $2.500 millones corresponden al monto disponible para uso discrecional en labores de inteligencia o seguridad nacional, durante los cuatro años que duró la comandancia en Jefe de Oviedo.

De esta manera, aunque se comprobara que se usó para el pago de asesores a dos millones de pesos mensuales cada uno, como ha trascendido–, la cifra no alcanza a cuadrar con el total de $2.500 millones. La defensa del general en retiro admite que Oviedo pudo haber cometido infracciones administrativas, todo en el contexto del sistema de gastos reservados, que reconocieron “son un hoyo negro” al igual que el sistema de comisiones de servicio, que data de 1982 y ha sido usado por todos los militares, no solo los altos mandos. Por eso es que en el Ministerio de Defensa ya se estudian medidas para cambiarlo.

No es Fuente-Alba

En lo que más hace hincapié la defensa de Oviedo es en la comparación errónea e imprecisa que se efectúa con Juan Miguel Fuente-Alba, teniendo en cuenta que se pudo acreditar que este último tiene un patrimonio de $1.500 millones, según lo que estimó el fiscal José Morales al momento de formalizarlo, mientras que el de su sucesor en el Ejército, en cambio, llega a los $400 millones. Su esposa, Marianne Stegmann, proviene de una familia de terratenientes de la Novena Región.  

Entre sus bienes, según su declaración de patrimonio, se cuentan cuatro departamentos en Santiago con sus respectivas bodegas y estacionamientos y uno en Temuco, donde residía hasta antes de ser requerido por la justicia. Tres de esos departamentos, según la información a la que tuvo acceso El Mostrador, se encuentran con deuda en instituciones bancarias.

La defensa de Oviedo se pone el parche antes de la herida y reconoce que la situación del general en retiro es compleja, no porque haya cometido algún delito, insistió el equipo jurídico, sino porque este caso en particular y la actuación de la jueza Rutherford podrían mejorar la imagen del Poder Judicial, que ha enfrentado uno de sus años más complejos a causa de los jueces acusados de corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Al respecto, recalcaron que el encausamiento de militares es un balón de oxígeno para el Poder Judicial y que para Rutherford podría significar el camino para llegar a la Corte Suprema, emulando lo que sucedió con la ministra Gloria Ana Chevesich, cuando investigó el caso MOP-Gate y tuvo en las cuerdas a la clase política.

A pesar de las ácidas observaciones de la defensa sobre Rutherford, es un hecho de la causa que el escenario podría ponerse adverso para la jueza si el Tribunal Constitucional la acusa de desacato y, con ello, eventualmente se viera obligada a dejar el caso. Todo sigue en un tenso suspenso.

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