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La decisión de senadores de Chile Vamos de recurrir al Tribunal Constitucional contra el indulto presidencial por COVID-19, que deja fuera a los reos de Punta Peuco, complica al Ejecutivo. La ministra vocera Karla Rubilar aclaró que “no hay ninguna discriminación arbitraria”, mientras este jueves el Gobierno daría a conocer los términos del veto para avanzar en su tramitación en el Congreso. En medio de esta polémica, familiares de violadores de Derechos Humanos enviaron una carta al Presidente Sebastián Piñera, donde apelan a que “por humanidad” los encarcelados puedan cumplir sus condenas en sus domicilios. Mientras, el capellán de Gendarmería dijo ser “partidario de que el proyecto de ley incluya a la gente de Punta Peuco. Entiendo que hay delitos que son muy sensibles para la humanidad (…), pero todos tenemos derecho a una muerte digna y con nuestras familias”.
El Gobierno nuevamente cuestionó la decisión de senadores de Chile Vamos, quienes recurrieron al Tribunal Constitucional para que declaren la inconstitucionalidad de la exclusión de los reos que están en Punta Peuco del indulto conmutativo para reos de baja peligrosidad en medio de la crisis por el coronavirus.
Entrevistada en Radio Universo, la ministra vocera Karla Rubilar aclaró que “no hay ninguna discriminación arbitraria”, añadiendo que “el Gobierno ha decidido un estándar que tiene que ver con los delitos más graves, donde están los delitos de lesa humanidad, pero también están los delitos de homicidio, de violación con homicidio, y otros. Y en ese contexto, hay que entender que se generó un estándar de delitos de más gravedad en los cuales no se considera la posibilidad de ese indulto por razones humanitarias sanitarias».
“Otra discusión es lo que se discute aparte, en un proyecto que tiene que ver con los indultos, si pueden ser para todos por razones humanitarias y eso tiene que ver con delitos de mayor gravedad», añadió.
Este proyecto se aprobó casi en su totalidad el pasado martes, pero el Gobierno alista la preparación de un veto para corregir el proyecto de modo que comience su nueva tramitación en el Congreso.
La apuesta del Ejecutivo es que el requerimiento ingresado por senadores de Chile Vamos sea retirado, porque, según explicó ayer el ministro de Justicia Hernán Larraín, una de las consecuencias de conmutar penas a toda la población penal mayor de 75 años, incluiría beneficiar también a «violadores, abusadores sexuales, parricidas, femicidas (…) personas que a nuestro juicio no deben salir por la gravedad de lo que han cometido».
El requerimiento ante el TC fue ingresado por los senadores Jacqueline van Rysselberghe (UDI), Juan Castro (RN), José García (RN), Alejandro García Huidobro (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI), Ena Von Baer (UDI), Víctor Pérez (UDI), Francisco Chahuán (RN), Rodrigo Galilea (RN), Kenneth Pugh (independiente) y Carmen Gloria Aravena (independiente). Argumentan que el proyecto de ley es inconstitucional, pues se vulneran los artículos referentes a la igualdad ante la ley y la protección de la vida.
En medio de esta polémica, familiares de violadores de Derechos Humanos –recluidos en Punta Peuco, Colina 1, Quirihue y Centro de Reclusión Femenina– enviaron una carta al Presidente Sebastián Piñera, donde apelan a que “por humanidad” los encarcelados puedan cumplir sus condenas en sus domicilios, tomando en cuenta que varios de los internos son “adultos mayores con enfermedades graves y crónicas”.
“VE. no nos discrimine por lesa humanidad, castigando a todas las familias al horror de ver morir a nuestros seres más queridos encerrados (…) nos aflige sobremanera que el Proyecto de Conmutación de Penas, presentando y discutido en el Congreso, excluya a nuestros familiares por estar condenados por delitos de lesa humanidad”, señalan.
En la misma línea, el capellán de Gendarmería, Luis Roblero, dijo a Radio Cooperativa que “la cárcel de Punta Peuco es cárcel, es como todas las cárceles», asegurando que «por supuesto que soy partidario de que el proyecto de ley incluya a la gente de Punta Peuco. Entiendo que hay delitos que son muy sensibles para la humanidad (…) pero todos tenemos derecho a una muerte digna y con nuestras familias».
«Con esto no justifico, en absoluto, los delitos de lesa humanidad o los delitos que se cometieron durante la dictadura atroz que vivió este país, pero a los 80 u 85 años, cuando estás a punto de morir, hasta el más malo de los malos merece morir con un poco de dignidad. En la cárcel nunca se muere con dignidad», agregó el sacerdote jesuita.
