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Plebiscito de octubre: casi 200 organizaciones y actores políticos emplazan al Gobierno y al Congreso a tomar medidas urgentes para garantizar seguridad y participación

por 3 agosto, 2020

Plebiscito de octubre: casi 200 organizaciones y actores políticos emplazan al Gobierno y al Congreso a tomar medidas urgentes para garantizar seguridad y participación

Crédito: Archivo | Agencia UNO

A través de una declaración, los firmantes plantean un decálogo de 10 medidas concretas ante el “plebiscito más importante de la historia” que tendrá lugar en menos de 90 días. Por otra parte, la Fundación Chile 21 presentó una serie de propuestas de cara al proceso constitucional, enmarcadas en un documento llamado "Protocolo de prevención y desescalada frente a incidentes de orden público en el contexto del plebiscito constitucional", en donde señala que “no hay margen para que el plebiscito y su legitimidad sean opacados por la mala gestión de la seguridad y arriesgarnos a que nuevamente incidentes desencadenen espirales de violencia como ya hemos visto”.
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Se acerca la fecha del plebiscito constitucional, uno en el que los votantes tendrán que decidir si aprueban o rechazan una nueva Constitución política. El proceso se desarrollará de manera muy particular, teniendo como escenario la pandemia del covid-19 que afecta al país, y que obligó a postergar el proceso -pautado en principio para abril- al 25 de octubre.

Es en este contexto extraordinario que un grupo de organizaciones y personas de diversos ámbitos sociales y académicos firmaron una petición al Gobierno y el Congreso Nacional para acelerar las medidas tendientes a tener un plebiscito seguro y participativo.

Se trata de un grupo transversal que firma esta petición y donde se destacan a Maria Jaraquemada, Eduardo Engel,  Beatriz Sánchez, Cristóbal Bellolio, Andrea Repetto,Claudio Fuentes, Lorena Fríes, Mauricio Duce, Paulina Vodanovic, Diego Pardow, Camila Miranda, Salvador Millaleo, Carolina Garrido, Jaime Bassa, Lucía Dammert, Paula Walker, Benito Baranda, Nivia Palma, , Julieta Suárez, Rodrigo Jordán, Carolina Tohá, Leonardo Moreno, Margarita Maira, Matías Revees, Teresa Valdés, Valentina Quiroga, José Aylwin, , Laura Albornoz, Verónica Figueroa-Huencho, Xavier Altamirano, Lidia Casas, Javiera Parada, Daniel Ibáñez, Rodrigo Rettig, Víctor Osorio, Pablo Simonetti, Stephanie Alenda, entre otras.

Adhirieron también a la petición la ONG Acción Mujer y Madre, Psicólogos voluntarios de Chile, el Servicio Jesuita a Migrantes, la Fundación Infancia Primero, y la Fundación para la Confianza.

En la carta, firmada por 191 personas y organizaciones hasta las 20:00 horas del 2 de agosto, señalan que "el Congreso Nacional debiese discutir en forma inmediata los proyectos de ley que se requieren para asegurar el plebiscito".

En un decálogo de 10 medidas concretas, propusieron aprobar las reformas legales para el plebiscito, asegurar transporte público gratuito el día de la elección, perfeccionar las regulaciones de campañas electoral, crear una mesa intersectorial de la sociedad civil y de las autoridades, establecer una franja radial gratuita, generar un voluntariado social para apoyar el proceso, y financiar una campaña informativa masiva con miras a propiciar un acto seguro y participativo.

Otras propuestas

Por otra parte, la Fundación Chile 21 presentó una serie de propuestas de cara al proceso constitucional, enmarcadas en un documento llamado "Protocolo de prevención y desescalada frente a incidentes de orden público en el contexto del plebiscito constitucional".

"Considerando la actual pandemia y los desafíos evidenciados tras el Estallido Social del 2019, el rol de las policías y las FFAA cobra especial relevancia para resguardar la seguridad de las personas, respetar los DDHH y servir como agentes de paz para prevenir y desescalar conflictos, siendo esta una de las labores más relevantes que podrán jugar
durante el proceso", señala el documento.

En primer lugar, y en lo que tiene que con concentraciones, protestas, marchas y actos de campaña en el contexto del orden público, Chile 21 considera que "el Gobierno, desde el Ministerio del Interior hasta el Ministerio de Defensa, en conjunto a las policías, las fuerzas armadas, y por sobre todo, el SERVEL asuman de manera urgente la tarea de actualizar sus protocolos y elaborar nuevos en los casos que sea necesario".

"No hay margen para que el plebiscito y su legitimidad sean opacados por la mala gestión de la seguridad y arriesgarnos a que nuevamente incidentes desencadenen espirales de violencia como ya hemos visto. El rol de las policías y FFAA será clave para prevenir y desescalar conflictos pero por sobre todo para colaborar con el resguardo del derecho a la reunión pacífica, espontáneas u organizadas, como fundamento de un una sociedad democrática, siendo estas unas de las labores más relevantes que podrán jugar en el plebiscito", sostiene la propuesta.

Recomendaciones para el manejo del orden público

Entre las recomendaciones que da Chile 21 para manejar el orden público en el marco del plebiscito, establecen que se deben "prevenir escaladas de violencia con una estrategia de prevención, coordinación, proporcionalidad y desescalada de conflictos".

Consideran además que hay que "establecer el diálogo de manera oportuna para contener un escalamiento a nivel
local. Evitar a toda costa el uso de la fuerza, dejando esta como último recurso".

También piden que se haga una "adecuada gestión e intervención del incidente basada en el respeto irrestricto
a los Derechos Humanos y la seguridad de los manifestantes que actúan de manera pacífica", así como evitar la "criminalización" de la protesta.

Para que este proceso tenga éxito, emplazaron a las policías y Fuerzas Armadas a "facilitar y proteger el derecho público y constitucional de las personas a manifestarse y reunirse demostrando que su entrenamiento y profesionalismo está al servicio de la seguridad de las personas y la protección de sus derechos".

"Las policías y FF.AA deben resguardar la seguridad de las personas, respetar los DDHH y servir como agentes de paz para prevenir y desescalar conflictos siempre facilitando que ejerza el derecho a reunión y manifestación pública".

Sostienen también que "las intervenciones deben estar basadas en el manejo de masas o gestión de multitudes y no en el restablecimiento del orden público, paradigma obsoleto en las democracias modernas".

Finalmente, proponen "sobreponer la integridad y seguridad de las personas sobre la propiedad privada en todo momento".

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