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Crédito: ATON
El Consejo para la Transparencia entregó durante esta jornada los principales hallazgos de un plan piloto de diálogos ciudadanos desarrollados en diversas regiones del país y que buscó analizar las causales del movimiento social y eventuales caminos de salida desde la visión de las personas. Al respecto, la consejera de esta entidad, Gloria de la Fuente, abordó esta problemática, indicando que el propio Consejo “no ha estado ajeno” a ello y apuntó a la necesidad de reforzar espacios articulados para reflexionar y enfrentar “de cara a la ciudadanía” la situación que atraviesan organismos públicos y privados a partir de situaciones que impactan en la confianza de los ciudadanos.
Tras el estallido social, el mundo político e institucional sufrió una “crisis de confianza y legitimidad» y del modelo político y económico, lo que se ha visto acrecentado por la pandemia del COVID-19.
Esos desafíos son los que enfrenta Chile y que fueron diagnosticados a través de un proceso de diálogos ciudadanos organizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) y que fueron presentados en un conversatorio virtual por la consejera de esta entidad, Gloria de la Fuente, en una actividad conjunta con los organismos que integran la Alianza Anticorrupción de Chile, UNCAC.
De la Fuente comenzó su intervención abordando la desconfianza en las instituciones, indicando que el propio Consejo “no ha estado ajeno” a ello y apuntó a la necesidad de reforzar espacios articulados para reflexionar y enfrentar “de cara a la ciudadanía” la situación que atraviesan organismos públicos y privados a partir de situaciones que impactan en la confianza de los ciudadanos.
Uno de los temas centrales tocados en el encuentro fue la desigualdad entre la ciudadanía e instituciones. “Esta idea de la desigualdad no solo en torno al ingreso sino a distintos tipos de desigualdad, a esta idea de ellos y nosotros, los privilegiados versus los no privilegiados”, comentó De la Fuente. “Una brecha entre unos pocos privilegiados representados por una especie de élite vinculada con el poder económico y político y una mayoría de individuos cada vez más precarizados y sometidos a la presión de actuar bajo una constante competencia”, agregó.
El diagnóstico del CPLT fue compartido por los comentaristas de los principales hallazgos del proceso, Marcela Ríos, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y por Jorge Cisternas, representante de la Asociación Chilena de Voluntarios.
En ese sentido, Ríos reforzó este último punto al comentar que «las personas no solo han protestado por temas de ingresos, de pensiones o de endeudamiento –son temas al centro–, pero vemos que hay una crítica, un malestar respecto de la desigualdad de trato”.
Según Ríos, este tipo de diagnóstico se ve reforzado por estudios desarrollados por este organismo, entre ellos, el Informe de Auditoría a la Democracia que evidenció un desacople entre élite y ciudadanía, un debilitamiento del sistema de representación político, además de otros factores que inciden en la situación social. “Una tendencia preocupante”, enfatizó Ríos.
Ante este escenario, las propuestas levantadas desde los diálogos apuntan fundamentalmente al fortalecimiento del Estado como garante del bienestar social, a una nueva relación Estado-ciudadanía, a formas de relacionamiento de carácter más horizontal, inclusiva y participativa. La cientista política del CPLT enfatizó que estas cuestiones deben repensarse en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19 y serán un enorme desafío para todas las instituciones.
