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Crédito: ATON (Contexto)
Amnistía Internacional (AI) publicó este miércoles su informe anual correspondiente al período 2020/21 donde asegura que la situación precaria del continente americano en relación con los derechos humanos se ha visto «exacerbada» durante la pandemia del Covid-19 y los abusos se volvieron todavía más evidentes en una crisis que trasciende más allá de lo sanitario. En el caso de Chile, el informe resume que «las manifestaciones masivas contra la desigualdad persistente disminuyeron por causa de la pandemia de Covid-19, pero las que sí se celebraron solían encontrar como respuesta el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales, a menudo con el resultado de lesiones graves». En cuanto a la salud, trabajadores denunciaron que «durante la fase aguda de la pandemia, habían trabajado en condiciones de falta de seguridad —sin suficientes equipos de protección individual y con elevados niveles de ansiedad— lo que puso en peligro su salud física y mental. También dijeron que podían recibir sanciones si hablaban públicamente de ello».
Este miércoles, Amnistía Internacional (AI) publicó su informe anual correspondiente al período 2020/21 donde asegura que la situación precaria del continente americano en relación con los derechos humanos se ha visto «exacerbada» durante la pandemia del Covid-19 y los abusos se volvieron todavía más evidentes en una crisis que trasciende más allá de lo sanitario.
«Lo que el Covid-19 ha venido a revelar es cómo aquellos grupos históricamente marginados en el continente, como consecuencia de las desigualdades, el abandono y los abusos sufridos durante décadas, quedan en una mayor exposición al impacto de la covid-19, no solo en términos de contagio y muertes», explicó a Efe Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI).
América, región que acumula más de 55 millones de casos de coronavirus y 1,3 millones de fallecimientos, al comenzar el año pasado era la región más desigual del mundo, situación que solo empeoró con la pandemia, al caer en la pobreza otros 22 millones de personas y 8 millones en la pobreza extrema.
«El Covid-19 exacerba las condiciones de desigualdad, de protección, de vulneración del ejercicio de derechos humanos, etcétera, precisamente por las fallas estructurales, por la negligencia de los Estados y por la falta de inversión publica en el acceso a derechos fundamentales, entre muchos otros elementos», citó.
Si bien el informe analiza la situación de varios países en el mundo -incluido Chile- también hace enfoques regionales, a través de tendencias generales. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, dicen que se usó la pandemia como excusa para seguir atacando los derechos a la libertad de expresión y la asamblea pacífica.
En el caso de Chile, el informe, a modo de contexto, dice que el año 2020 estuvo marcado por la desigualdad «la que inundó las calles de muchos países». En «Derecho a la salud», el informe de AI sitúa al país como uno de los que registró más muertes por Covid-19. También recuerdan que las cárceles en el país estaban marcadas por hacinamiento e insalubridad. En cuanto al «uso excesivo de la fuerza», dicen que «en Chile, el gobierno presentó más de 1.000 demandas judiciales contra manifestantes pacíficos amparándose en la Ley de Seguridad del Estado, lo que no se ajustaba al derecho internacional de los derechos humanos y podía favorecer la presentación de cargos de motivación política», por lo que aseguran que «la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional seguía siendo motivo de honda preocupación».
Después, hay que saltarse a la página 143 del informe para encontrar la situación particular de Chile, país al que AI presenta de la siguiente forma: «Las manifestaciones masivas contra la desigualdad persistente disminuyeron por causa de la pandemia de COVID-19, pero las que sí se celebraron solían encontrar como respuesta el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales, a menudo con el resultado de lesiones graves. El gobierno hizo uso indebido de la legislación con el fin de criminalizar a las personas que se manifestaban, acogiéndose a la Ley de Seguridad del Estado e introduciendo nueva legislación penal. La pandemia afectó de manera desproporcionada a quienes vivían en situación de pobreza y a quienes dependían de los servicios públicos de salud, así como al personal sanitario del sector público». Además destacan el «Estado de Catástrofe» por la pandemia, que el país no se suscribió al Acuerdo de Escazú y el Plebiscito que ganó el «Apruebo».
El informe de AI recuerda, entre otros hechos que marcaron el excesivo uso de la fuerza por parte de agentes del Estado el bullado Caso Pío Nono, que dejó a un carabinero formalizado por empujar a un manifestante al lecho del Río Mapocho; y la entrada en vigencia de la «Ley Antibarricadas», la que podría «criminalizar actos de protesta legítimos».
Pasando al tema sanitario, según detalla AI, funcionarios de la salud denunciaron que «durante la fase aguda de la pandemia, habían trabajado en condiciones de falta de seguridad —sin suficientes equipos de protección individual y con elevados niveles de ansiedad— lo que puso en peligro su salud física y mental. También dijeron que podían recibir sanciones si hablaban públicamente de ello».
«Esta situación afectaba sobre todo a los hospitales públicos que prestaban servicio a las comunidades más pobres. Los centros médicos privados no denunciaron estos problemas y presentaron índices de mortalidad considerablemente más bajos», agregan.
AI también rememora, en cuanto a «pueblos indígenas» lo ocurrido en Temuco, cuando mujeres mapuche que vendían verduras en las calles de la ciudad presentaron una demanda penal contra Carabineros por actos de tortura durante su detención, incluido el desnudo forzado; y la toma de la Municipalidad de Curacautín y los hechos ocurridos posteriormente protagonizados por un grupo que llegó a «apoyar a Carabineros», los que dejaron a todos los mapuche detenidos pero a ninguno de los particulares que se manifestaron en actos en contra de los pueblos originarios.
En cuanto a «derechos sexuales» y de la comunidad LGBTI, AI dice que el Gobierno no dio prioridad a la atención de la salud sexual durante la pandemia «ni emitió protocolos para proporcionar servicios de aborto» y que en junio 2020, una orden judicial reconoció por primera vez a dos mujeres como madres de un niño.
Finalmente, sobre «derecho de las personas migrantes», AI recuerda que «en diciembre, el Congreso aprobó un nuevo proyecto de ley sobre migración que podría reducir las oportunidades de las personas migrantes de regularizar su condición jurídica una vez que se encontraran en Chile y que socavaba el principio de no devolución»; y el “plan humanitario de regreso ordenado” del Gobierno para extranjeros que desearan regresar a su país. «A quienes se acogieron al plan se les exigió que aceptaran que se les prohibiera regresar a Chile durante nueve años», dice AI.
