PAÍS
Ni siquiera durante el período más complejo de la crisis socioeconómica y política, el Gobierno cambió la estrategia de entregar beneficios de forma parcelada, condicionando siempre las ayudas al clima y al contexto del momento, aun cuando los costos de estas decisiones se puedan pagar tanto en la calle como en las urnas. En lugar de medidas claras y estructurales, como han presionado incluso desde Chile Vamos, La Moneda optó por confiar en un margen de maniobra temerario, el de ver hasta dónde aguanta cada uno de sus anuncios. A sabiendas de las consecuencias, como que recurrir al TC para frenar el tercer retiro de los fondos de las AFP puede afectar de manera directa las oportunidades del oficialismo en las elecciones de mayo, la desconexión con la realidad, la falta de conducción y visión política –en medio de un contexto absolutamente excepcional–, según fuentes de Chile Vamos, responden al peso que tomó la ideología por sobre la realidad en el Gobierno, un asunto en el que el jefe del Segundo Piso, Cristián Larroulet, sería uno de los máximos responsables, después del Primer Mandatario.
Las palabras del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, un día después que fuera anunciado el ingreso del requerimiento en contra del tercer retiro ante el Tribunal Constitucional (TC), fueron elocuentes: “Si es necesario extender dichos apoyos sociales más allá de junio, el Gobierno lo hará”. Con estas palabras, La Moneda evidenció una vez más la utilización de una estrategia cuestionada transversalmente y que apunta a entregar ayudas sociales de forma parcelada, siempre condicionadas por el clima político y el contexto, como si el Gobierno del Presidente Piñera tratase de sortear por capítulos, gota a gota, la crisis socioeconómica y política que lo golpea en todos sus flancos.
El anuncio llevado a cabo en horas de la tarde de este miércoles, en voz del ministro de la Segpres, Juan José Ossa, terminó por hastiar a gran parte de Chile Vamos, que entendía –luego de varios traspiés en medio de la crisis– que el Ejecutivo había “aprendido la lección”. Pero no fue así. El Gobierno, finalmente, optó por desconectarse de la realidad y refugiarse en la inconstitucionalidad del proyecto de retiro del 10%, basado en una Carta Magna que agoniza y que el 80 % de los chilenos –en un plebiscito histórico– decidió cambiar.
Más allá de la falta de visión política, que se acusa desde Evópoli a la UDI, la apuesta de persistir en entregar beneficios con cuentagotas, que ya dio muestras de que no alcanza para alinear a los suyos y mucho menos para apaciguar los ánimos, fue la medida que terminó por aislar a La Moneda en momentos en que lo que más necesita, como Gobierno, es un mínimo de escuderos que protejan a la muy debilitada figura del Presidente Sebastián Piñera.
Aunque el empleo de esta estrategia no es nueva, lo que le cuestionaron a Palacio es que, si bien el abrir de a poco la billetera sí funciona en periodos de normalidad, los riesgos de un nuevo estallido social –que nadie puede asegurar que no se vuelva a producir– y la profundización de un desfonde oficialista –que va creciendo como bola de nieve–, eran una alarma más que evidente para haber pensado en cambiar la forma de enfrentar el problema. «Las advertencias se la hicimos llegar a La Moneda por todos los medios”, aseguraron en Chile Vamos.
Pero en Palacio no estarían escuchando a nadie, salvo a quienes se apegan al libreto del Presidente, quien confía en que su margen de maniobra seguiría intacto.
Desde el comité político aseguraron estar confiados en que con el anuncio realizado por el Presidente Piñera, respecto de la ampliación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), y que ahora llegaría al 80 % de la población inscrita en el Registro Social de Hogares, se alcanzaría para contener el descontento de la población, planteamiento realizado un día antes de que se ingresara el requerimiento al TC.
A eso, sumaron que sería una carta bajo la manga lo señalado por el jefe de la billetera fiscal, Rodrigo Cerda, quien sostuvo que se iría viendo eventualmente la ampliación de ayudas sociales, si así lo ameritan las circunstancias.
La insistencia desde diversos sectores del oficialismo, en cuanto a que la ayuda –en el marco de la obligación del encierro a través de la cuarentena– debía ser universal y más amplia, apuntaba precisamente al temor que ronda en varios de ellos en torno a un “nuevo despertar del estallido”.
Es por eso que las palabras del presidente de la UDI, Javier Macaya, fueron decidoras. Un día después que el Ejecutivo recurriera al TC, el diputado gremialista señaló que “probablemente, nosotros vamos a tener que ir avanzando y reflexionando respecto a esta materia en el futuro, porque la simplicidad, la entrega de aportes directos a las personas es una manera más eficiente también de generar mayor paz social y cohesión con respecto a las medidas que aplica el Gobierno”. Una reflexión que caló hondo, toda vez que no proviene de RN, un partido que ha mostrado una profunda desafección con el Gobierno, y tampoco de los presidenciables, como Joaquín Lavín o Mario Desbordes, a quienes desde La Moneda les achacan meros “intereses electorales”.
Uno de los fundamentos en que se apoya la cada vez más trasversal crítica a La Moneda, estaría en el estado de total desconexión del Gobierno con lo que ocurre en el país. La falta de conducción y visión política, en medio de un contexto absolutamente excepcional, según fuentes de Chile Vamos, ha hecho que la fuerza de la ideología se instalara por sobre la realidad, un asunto en el que el jefe del Segundo Piso, Cristián Larroulet, es apuntado como uno de los máximos responsables, después del Primer Mandatario.
Frente a la evidencia –sostienen– el Gobierno se defiende de las críticas con frases trilladas de modelos comunicacionales obsoletos: “Siempre las cosas se pueden hacer de mejor manera” o que “entendemos que la ayuda nunca va a satisfacer a todos”.
En segundo término, y más allá de la estrategia, la molestia de los parlamentarios pasa por no tener respuestas a mano para su propio electorado, y acusan un destiempo “impresentable” en las reacciones de Palacio. Como ejemplo, muestran que ya estando toda la Región Metropolitana en cuarentena, sin considerar que ciudades en otras regiones ya cumplían un mes de encierro, recién se hizo el anuncio presidencial de extensión de ayudas sociales, y más tarde la ampliación del IFE. Si la idea era que la gente cumpliera la cuarentena, “claramente estamos viendo dos cosas diferentes”, indicaron.
El analista político Tomás Duval señaló que “respecto a las ayudas sociales no hay una estrategia, sino más bien reacciones con retrocesos y avances. Solo pensar en lo ocurrido recientemente con los anuncios del IFE y Bono Clase Media hechos por el Presidente, y que días después, luego de fuertes críticas, tuvo que anunciar la extensión y cambios al IFE, dañando profundamente su credibilidad y acentuando la desconfianza, demostrando no solo lejanía con la población, sino que siembra dudas sobre si hacen esfuerzos para llegar a la población o no”.
Por su lado, el analista Kenneth Bunker coincidió respecto a lo tardío de las reacciones de La Moneda, y precisó que “creo que ha actuado con cierta irracionalidad en su combate en las esferas más bien económicas de la pandemia. Creo que ha llegado, en general, desde el principio, lento y tarde a todos los cruces, teniendo toda la información sobre la mesa. Entendiendo que es un contexto político extremadamente complejo, donde tiene mucho en contra, aun así ha llegado tarde”.
En un momento en que la derecha dejó de asumir con triunfalismo que la batalla por los constituyentes estaba ganada y comienza a mirar con preocupación las elecciones de mayo, todas las decisiones que se tomen en Palacio se vuelven cada día más fundamentales, porque cualquier señal errática en discusiones de carácter nacional puede mover la aguja insatisfactoriamente. Es en este sentido que cierto sector del oficialismo advirtió que, haber recurrido al TC para bloquear el tercer retiro, era un paso que no había que dar, máxime considerando que el porcentaje de aprobación en pos del proyecto, nacido en el Parlamento, estaba por sobre el 70 %.
De esta manera fue posible comprender las reacciones inmediatas del sector, que vieron cómo su propio Gobierno podría estar jugándoles en contra en la elección calificada por algunos como la más importante en la historia del país.
Ya el lunes, en entrevista con La Segunda, el presidenciable de RN, Mario Desbordes, advertía que “lo que hace el Gobierno es muy grave, si uno quiere ver esto desde el punto de vista electoral, el daño es ahora en la Constituyente. Lamentablemente, si la mentalidad es la del ministro el Interior, que dice que el costo ya se hizo, es no entender mucho; el costo no se ha asumido todavía».
