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Aguilera, quien se transformó en símbolo de la corrupción y la narcopolítica, fue formalizado por los delitos de cohecho reiterado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En su exposición de antecedentes, el fiscal Víctor Núñez apuntó a «las obligaciones que incumplió, las omisiones en las que incurrió al momento de suscribir los contratos administrativos, los decretos alcaldicios y su deber genérico de guardar la probidad en el municipio». A lo anterior se suman las «maniobras evidentes, ratificadas por los propios imputados, en cuanto a que había un ánimo de disimular la manera en que se gastaba el dinero, la manera en como ingresaban las cuentas y la manera en como se giraban”. Tras decretar la prisión preventiva, la magistrada Mariela Hernández estableció que “el tribunal estima que la libertad del imputado sí representa un peligro para la seguridad de la sociedad”, independiente que ya no ejerza su cargo. “Claramente son delitos de corrupción. El daño que se le hace al Estado de Derecho no es posible cuantificar”, indicó [ACTUALIZADA]
Luego de una maratónica jornada de casi 11 horas, y a pesar de las diferentes movidas judiciales para evitar someterse a la ley, el 15° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva contra el ex alcalde de San Ramón Miguel Ángel Aguilera, por representar «un peligro para la seguridad de la sociedad».
A juicio de la ministra Mariela Hernández, los ilícitos cometidos por el ex alcalde de San Ramón no son «cualquier delito, son delitos cometidos en el ejercicio de una función pública y no un cargo menor». En esa línea, consideró que «son estos delitos los que hacen a los ciudadanos desconfiar en el sistema. El daño que se le hace al Estado de Derecho no es posible cuantificar. Claramente son delitos de corrupción».
Y agregó que «el tribunal estima que la libertad del imputado sí representa un peligro para la seguridad de la sociedad” independiente que ya no ejerza su cargo».
Aguilera -quien se transformó en símbolo de la corrupción y la narcopolítica- fue formalizado por los delitos de cohecho reiterado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, ilícitos que habría cometido entre 2013 y 2017.
En su presentación, la fiscalía informó sobre la existencia de depósitos en dos cuentas del ex jefe comunal, que fueron realizados entre 2013 y 2017, sumando más de $263 millones. Durante la formalización, se conoció que Aguilera recibía al menos dos millones de pesos por caja al mes en su cuenta corriente de BancoEstado, sumando un total de $84 millones en el periodo de 2013 a 2017 por sobre su remuneración. Incluso, hubo meses en los que recibía cerca de 10 millones pesos.
Al respecto, el fiscal Víctor Núñez señaló que «los depósitos acumulan un incremento injustificado entre 2013 y 2017 que suman 263 millones 863 mil pesos. Adicionalmente a lo indicado, el imputado en su calidad de empleado público solicitó y aceptó un beneficio económico por haber omitido sus facultades de supervisión y haber ejecutado actos con infracciones a los deberes de su cargo en el artículo 63 de la ley 18.135 que exige el resguardo de los patrimonio del Estado».
En su exposición de antecedentes, el fiscal Núñez, sostuvo que «las obligaciones que incumplió y las omisiones en las que incurrió (Aguilera) al momento de suscribir los contratos administrativos, los decretos alcaldicios y su deber genérico de guardar la probidad en el municipio».
A lo anterior se suman las «maniobras evidentes, ratificadas por los propios imputados, en cuanto a que había un ánimo de disimular la manera en que se gastaba el dinero, la manera en como ingresaban las cuentas y la manera en como se giraban», justifican la prisión preventiva.
Al principio de la audiencia, la defensa del ex alcalde solicitó que no se transmitiera la audiencia y que previamente se discutiera la incompetencia del tribunal. Sin embargo, ambas solicitudes fueron desestimadas.
El ex alcalde buscó frenar su formalización por distintas vías. Al principio acudió con un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC). Luego, la defensa del imputado presentó antecedentes médicos para justificar su ausencia de la audiencia que estaba pautada para el 5 de julio pasado, la que finalmente no se concretó y se corrió para la jornada de este lunes.
Nada de esto sirvió y, luego que las partes expusieran sus antecedentes, el Juzgado accedió a la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva en contra de Miguel Aguilera.
Vale recordar además que las elecciones municipales en San Ramón tuvieron que repetirse luego que el proceso del 15 y 16 de mayo fuera parcialmente anulado por denuncias de irregularidades que atribuyeron al equipo del cuestionado ex alcalde, siendo el demócrata cristiano Gustavo Toro el ganador de dichos comicios.
A raíz de este hecho, Aguilera recurrió al Segundo Tribunal Electoral para pedir que se declarara la nulidad del proceso eleccionario. Al respecto, Toro sostuvo que «el recurso presentado por Miguel Aguilera está basado en mentiras, y no tiene ningún sustento de hecho y derecho, por cuanto esperamos que el tribunal lo va a desechar».
Esta acción se suma a la querella que presentó el jefe comunal en contra del concejal DC Gustavo Toro ante el Cuarto Juzgado de Garantía, por injurias graves con publicidad.
