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Magistrada Verónica Vymazal desmiente acusaciones de esconder pruebas en caso de menor enviada al Sename en Valdivia

por 5 septiembre, 2021

Magistrada Verónica Vymazal desmiente acusaciones de esconder pruebas en caso de menor enviada al Sename en Valdivia
Todas las indagatorias derivadas de la tramitación de la causa culminaron con su archivo. Durante el tiempo en que esta causa estuvo abierta, la Corte de Apelaciones de Valdivia tramitó al menos dos quejas o denuncias en contra suya, iniciadas por el padre de una menor que acusa que su hija fue torturada en el Sename, en 2014 y 2015, ambas archivadas. Esto es, sin que llegase a establecerse alguna infracción disciplinaria por la jueza. El Ministerio Público, en sede penal en 2010, investigó y posteriormente también archivó por falta de mérito una denuncia por prevaricación efectuada por el mismo denunciante.
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En relación con una nota que el medio digital La Otra Diaria publicó bajo el título “Vicepresidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados fue denunciada por desaparecer pruebas de la tortura a una niña en un hogar colaborador del Sename”, y cuyo contenido ha sido reproducido y citado por otros medios, manifiesto públicamente lo siguiente:

1° La niña cuyo caso motivó el reportaje nunca estuvo ingresada en un centro residencial. El texto recoge la versión del padre de una menor de edad respecto de la cual el Juzgado de Familia de Osorno ordenó diversas medidas de protección entre 2007 y 2012, iniciadas tras una denuncia que motivó la intervención de dicho tribunal, correspondiéndome a mí las decisiones adoptadas durante 2007 y 2008, en que tras recoger la opinión técnica, evaluaciones y diagnósticos de un extenso listado profesionales e instituciones, se entregó el cuidado de la niña a colocaciones familiares de la red Sename, en atención a las graves vulneraciones que se acreditaron

2° Todas las indagatorias derivadas de la tramitación de la causa culminaron con su archivo. Durante el tiempo en que esta causa estuvo abierta, y con posterioridad a la sentencia que dicté, la Corte de Apelaciones de Valdivia tramitó al menos dos quejas o denuncias en mi contra iniciadas por el padre, en 2014 y 2015, ambas archivadas; esto es, sin que llegase a establecerse alguna infracción disciplinaria por mí cometidas. El Ministerio Público, en sede penal en 2010, investigó y posteriormente archivó por falta de mérito una denuncia por prevaricación efectuada por el mismo denunciante, en la que declaré en calidad de testigo.

La nueva denuncia que dio a conocer la publicación (de 2020) es infundada. A la fecha no he sido notificada de investigación alguna originada en la denuncia que recoge la publicación de La Otra Diaria y que da cuenta nuevamente de hechos supuestamente ocurridos hace casi 15 años; sin embargo, soy clara en señalar que esta nueva acusación carece de fundamento. Nunca conocí los antecedentes que agrega ahora, como tampoco la pérdida o desaparición de carpetas o documentos.

Ni La Otra Diaria u otro medio me contactaron para recoger mi versión. Esto es especialmente grave considerando las resoluciones n° 28 y 55 del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación. Ayer hice uso de mi legítimo derecho de respuesta consagrado en la Constitución (19° N° 12 inciso 3°) y en la ley “Sobre libertades de opinión e información  y ejercicio del periodismo” (art. 16) en carta dirigida a La Otra Diaria, sin respuesta hasta ahora.

En estos años, he soportado silenciosamente una larga lista de situaciones que incluyen  seguimientos en la vía pública y en mi antiguo domicilio. Debí cambiar mi número telefónico y ahora comenzar a cerrar mis perfiles en redes sociales por las mismas razones. Este hostigamiento es conocido por mis colegas y personas cercanas; me ha afectado a mí y a mi familia, riesgo al que nos exponemos habitualmente juezas y jueces en el ejercicio de nuestra función. Me he reservado todas las acciones que estime pertinentes.

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