PAÍS
Crédito: ATON
En un punto de prensa en La Moneda, que se hizo esperar por más de una hora, el Mandatario entregó su versión después de la revelación de los Pandora Papers y la compraventa de su parte de minera Dominga a su amigo Carlos “Choclo” Délano en un paraíso fiscal. En su intervención, Piñera intentó bajarle el perfil a la denuncia, negando todo conflicto de interés. Además, señaló que no hay antecedentes nuevos, y que todo fue materia de interés periodístico en 2017, incluso el dato sobre la cláusula de que el último pago por la operación estaba sujeto a que no se estableciera un área de protección ambiental. Pero, sobre todo, remarcó que el asunto fue zanjado en tribunales, a su favor, aunque lo que en rigor ocurrió fue que la Fiscalía decidió no perseverar en su momento. En la previa, respecto a la posibilidad de una acusación constitucional, como han planteado desde la oposición, el ministro Bellolio sostuvo que «sería una lógica de golpe blanco inaceptable» y “un aprovechamiento político”. [ACTUALIZADA]
No bastó con la declaración oficial publicada ayer domingo en la tarde por La Moneda. Presionado por todos los frentes, incluso desde su misma coalición que le exige explicaciones, el Presidente Sebastián Piñera tuvo que salir a dar explicaciones tras la revelación de los Pandora Papers, que apunta a su rol en la venta del proyecto minero Dominga, en 2011, a su amigo personal Carlos “Choclo Délano, llevada a cabo en un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas, a través de una estructura offshore.
En un punto de prensa en La Moneda, programado inicialmente para las 13:10 horas, pero que recién se hizo efectivo con casi una hora de retraso, el Mandatario entregó una declaración que básicamente reitera lo que fue el comunicado de ayer de Palacio, y lanzó frases como que “jamás he dejado de privilegiar el interés público por sobre cualquier otro interés” y “el hecho de ser Presidente me ha significado perjuicio en lo personal”.
En su intervención, Piñera intentó bajarle el perfil a la denuncia, negando todo conflicto de interés. Además, señaló que no hay antecedentes nuevos, y que todo fue materia de interés periodístico en 2017, incluso el dato sobre la cláusula de que el último pago estaba sujeto a que no se estableciera un área de protección ambiental, y remarcó que el asunto fue zanjado en tribunales, a su favor.
«Me parece absolutamente inaceptable que se utilice una información ya conocida por la opinión pública, sobre la cual ya se pronunciaron sobre mi total inocencia los máximos tribunales de justicia de nuestro país», indicó Piñera, aunque en rigor lo ocurrido fue que la Fiscalía comunicó su decisión de no perseverar en el procedimiento, en atención a que no estaban en condiciones de formular una imputación por delito o de probar una intervención directa de Sebastián Piñera.
El Presidente partió diciendo que “quiero afirmar en forma clara y categórica: desde el mes de abril del 2009, desde hace 12 años me desligué totalmente de la administración de las empresas familiares», antes de asumir la primera Presidencia, y sostuvo que “voluntariamente” constituyó fideicomisos ciegos, al igual que su mujer Cecilia Morel y sus hijos.
Y en cuanto a la operación específica sobre Dominga, indicó que “la decisión de la administración de esas empresas de vender Minera Dominga el año 2010 no me fue consultado ni informado”, precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de interés, según dijo. Es más, indicó que en esa operación se cumplió “estrictamente con las reglas tributarias en Chile” y “se pagaron todos y cada uno de los impuestos”, otra de las aristas desprendidas del tema. “¿Cómo puede haber conflicto de interés por alguna participación que ocurrió hace más de 10 años y terminó hace más de diez años?”, añadió.
De acuerdo a la revelación de Ciper junto a LaBot, la operación se efectuó nueve meses después que Piñera asumiera su primera Presidencia, en diciembre de 2010, y el monto debía satisfacerse en tres cuotas, pero el último pago estaba sujeto a que no se estableciera un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, en medio de reclamos ambientalistas. Al respecto, Piñera indicó que esa arista no es nueva, insistiendo en que “la estructura de venta y cláusula de pago sí fueron conocidas por los medios de comunicación el 2017 y sí fueron conocidas e investigadas por la Fiscalía que decretó no persistir con la investigación porque estaba de acuerdo con la ley”.
En el plano político, y aludiendo a la ola de reacciones que ha generado esta denuncia periodística, Piñera indicó que “es verdad que la política chilena está viviendo un clima de poco respeto por la verdad”, pero lamentó que se vuelva sobre el punto, siendo que “ya se pronunciaron sobre mi total inocencia los máximos tribunales de nuestro país, descartando existencia de delito”.
Frente a la amenaza de una acusación constitucional, el Mandatario indicó que el libelo “no tiene ningún fundamento”. “Entiendo que estamos en periodo electoral, pero también entiendo que los que estamos en cargos públicos tenemos que actuar con responsabilidad”, añadió.
Una de las tres preguntas permitidas a la prensa apuntó a la relación de la negativa a instalar Barrancones, más la decisión aún no tomada de declarar área protegida ambiental en el sector de Dominga, y la persistencia de su Gobierno a no suscribir el Acuerdo de Escazú. La respuesta de Piñera al respecto fue que dichos temas “no tienen ninguna relación uno con otro”.
Esta jornada, Ciper y LaBot develaron nuevos detalles sobre cómo Piñera traspasó sus negocios a sus hijos. En los documentos obtenidos por el ICIJ, sus cuatro hijos reconocen que la fuente de los activos declarados en las Islas Vírgenes Británicas son producto de las donaciones que recibieron de su padre.
Esto abre la pregunta sobre si se pagaron los impuestos por el traspaso de ese dinero, pues la donaciones en vida pagan en Chile un impuesto del 25 %.
El patrimonio offshore de los hijos provendría de la venta de negocios históricos de Piñera, como la empresa de tarjetas de crédito Transbank, la aerolínea LAN (ahora conocida como Latam tras su fusión con la brasileña Tam en 2012) o el canal de televisión Chilevisión, de acuerdo a la investigación.
En la antesala, un incómodo vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, insistió en la tesis que ha tratado de instalar La Moneda de que «esa información original fue ampliamente conocida» y no hay nada irregular en las nuevas revelaciones.
En una conversación con la prensa, al término del comité político de los lunes, Bellolio aseguró que Piñera «no tiene participación porque se terminó de hacer esa venta el año 2011».
Consultado por el rol de la familia de la máxima autoridad, señaló que «ya terminó esa misma parte. Ya se hizo. Entonces, ¿cómo podría existir un conflicto de interés 10 años después, en donde no existe ninguna relación al respecto? Entonces, no desinformemos, volvamos a la información original, esa información original fue ampliamente conocida, ya está presente, y el Presidente ahora hará su propia declaración», sentenció.
Es más, respecto a la posibilidad de una acusación constitucional, como han planteado desde la oposición, Bellolio indicó que «sería una lógica de golpe blanco inaceptable» y “un aprovechamiento político”.
A su juicio, hay parlamentarios que «están desesperados por quizás sacar un poquito más de notoriedad y proponen una regla antidemocrática que es que un Presidente no termine su periodo, de qué estamos hablando, en algo que ya fue sobreseído por la justicia».
En esta línea, indicó que «todo fue parte de la investigación y en esa investigación quedó clarísimo que no hay ningún tipo de irregularidad, en que se había ajustado a la ley y que el Presidente no había tenido ningún tipo de participación, tanto es así que quien se querelló fue obligado a pagar las costas de dicho juicio». «En el expediente judicial, si lo buscan, sale absolutamente todo, en esto no hay nada que ocultar, porque está ahí presente, fue difundido, es absolutamente legal y el Presidente no tuvo participación», acotó.
