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Crédito: Pantallazo del Informe de la Defensoría de la Niñez
En el informe «Verdad, Justicia y Reparación: Estado de avance de las recomendaciones de la Defensoría de la Niñez a dos años del estallido social”, presentado durante esta jornada por la defensora Patricia Muñoz, se contabilizaron, con base de datos propia y de otros organismos como el Ministerio Público, un total de 1.314 casos que fueron víctimas de delitos que involucran violaciones a sus derechos humanos en el contexto del estallido social, entre el 18 de octubre de 2019 y hasta el 5 de marzo de 2020. De ellos, un 83,2% tenía entre 14 y 17 años en el momento de los hechos, y Carabineros resulta ser la institución con la mayor cantidad de delitos denunciados, con un 83% de los casos. “La falta de verdad, justicia y reparación para víctimas de violaciones a los derechos humanos no es algo que sólo afecte profundamente sus vidas en particular, es algo que va socavando a toda la sociedad y que, como país, no podemos permitir», señaló la defensora Patricia Muñoz.
A dos años del estallido social, la Defensoría de la Niñez realizó un balance de la gran cantidad de niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas de violaciones a los Derechos Humanos que aún no han tenido avances en sus casos.
Esa es la premisa del informe «Verdad, Justicia y Reparación: Estado de avance de las recomendaciones de la Defensoría de la Niñez a dos años del estallido social”, presentado durante esta jornada por la defensora Patricia Muñoz. Dicho informe fue elaborado con datos propios y de organismos como el Ministerio Público. A través de cuatro capítulos, el informe repasa la caracterización de las víctimas, además de describir los procesos de Verdad, Justicia y Reparación como obligación del Estado y un derecho de las víctimas, incluyendo la propuesta para una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para, luego, exhibir el estado de avance del seguimiento de las recomendaciones de la Defensoría de la Niñez en el contexto estallido social.
En resumen, se detectaron un total de 1.314 casos que fueron víctimas de delitos que involucran violaciones a sus derechos humanos en el contexto del estallido social, entre el 18 de octubre de 2019 y hasta el 5 de marzo de 2020.
De ellos, un 83,2% tenía entre 14 y 17 años en el momento de los hechos, y Carabineros resulta ser la institución con la mayor cantidad de delitos denunciados, con un 83% de los casos.
Los delitos más recurrentes son los de apremios ilegítimos (72%), abusos contra particulares (17%) y torturas y trato degradante hacia niños, niñas y adolescentes (5%). En el caso del delito de lesiones, 35 figuran como víctimas de trauma ocular.
De esos casos, se señala que se identifican mínimos avances respecto al estado procesal de las causas: a octubre de 2021, el 61% de estas causas se encuentran terminadas. De las causas terminadas, solo un 1,3% ha tenido una salida judicial. El principal tipo de término ha sido el “Archivo Provisional”, con un 49% respecto al total de causas. Sólo una causa ha terminado con sentencia definitiva condenatoria. En tanto, el 1% del total de causas cuentan con formalización de cargos en contra de algún agente del Estado, a quien se le atribuye la comisión del delito. El 5% de las causas tiene algún(a) imputado(a) conocido(a).
“La falta de verdad, justicia y reparación para víctimas de violaciones a los derechos humanos no es algo que sólo afecte profundamente sus vidas en particular, es algo que va socavando a toda la sociedad y que, como país, no podemos permitir. Por eso, como Defensoría de la Niñez hemos querido, una vez más, relevar la situación de los más de mil niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas en el contexto del estallido social y denunciar el abandono y desprotección por parte del Estado en que aún se encuentran”, indicó la defensora Patricia Muñoz.
“Se recomienda que el Presidente de la República disponga, mediante Decreto Supremo, el establecimiento de una Comisión de Verdad, para el esclarecimiento total de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de la crisis social (…) Se recomienda que todos los poderes y órganos del Estado, colaboren efectiva y oportunamente para que la Comisión de Verdad pueda cumplir con su mandato”, añadió.
