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En su dictamen sobre las corporaciones municipales, la Contraloría subrayó el carácter eminentemente público de las funciones y financiamiento de este tipo de organismos vinculados al ámbito de la educación, salud y atención al menor, y determinó que estas instituciones se encuentran sujetas a lo establecido por una serie de normas, entre ellas, la Ley de Transparencia. «El vacío en el que estaban las corporaciones municipales y en que están otras entidades de derecho privado debía aclararse, y de esta forma la Contraloría despeja una materia fundamental para que instituciones que operan y reciben transferencias de recursos públicos eleven sus estándares de rendición de cuentas”, comentó la presidenta del Consejo para la Transparencia. El dictamen se produce luego una seguidilla de denuncias de irregularidades en la operación de las corporaciones municipales, sobre todo en municipios del sector oriente de la capital, controlados por la derecha, como Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea [ACTUALIZADA]
Tras una serie de polémicas derivadas de investigaciones por “platas negras” en corporaciones municipales y otras entidades de derecho privado de diversas comunas y que reciben financiamiento público, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, valoró el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), que determinó que estas instituciones se encuentran sujetas a lo establecido por una serie de normas, entre ellas, la Ley de Transparencia (N°160.316 del 29 de noviembre).
“El vacío en el que estaban las corporaciones municipales y en que están otras entidades de derecho privado debía aclararse, y de esta forma la Contraloría despeja una materia fundamental para que instituciones que operan y reciben transferencias de recursos públicos eleven sus estándares de rendición de cuentas”, dijo sobre el dictamen.
Las irregularidades en la operación de las corporaciones municipales volvieron a hacerse patentes este año, con la seguidilla de denuncias de corrupción en municipios del sector oriente de la capital, controlados por la derecha, como Vitacura, que tiene al exalcalde Raúl Torrealba en la mira, que se sumó a otras investigaciones en las municipalidades de Las Condes y Lo Barnechea.
En el caso de Vitacura, el exalcalde Torrealba se encuentra investigado por el Ministerio Público y enfrenta además una querella de la actual alcaldesa, Camila Merino (Evópoli), que solicitó investigar las subvenciones a los programas municipales Vita, en los que se revelaron irregularidades que apuntan a la antigua administración. De hecho, en medio del escándalo se reveló que el histórico exedil recibía sobres con billetes por hasta 5 millones de pesos mensuales.
En el caso de Las Condes y Lo Barnechea, un reportaje publicado por América Transparente destapó una “caja negra” en estos municipios, al revelar transferencias por más de $14 mil millones para seguridad a entidades privadas sin fiscalización (“Lo Barnechea Seguridad” y la “Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Las Condes”).
La Contraloría subrayó en su pronunciamiento el carácter eminentemente público de las funciones y financiamiento de este tipo de organismos vinculados al ámbito de la educación, salud y atención al menor. Al respecto, se puede leer en el dictamen que fueron: “constituidas para el cumplimiento de funciones municipales -que algunos órganos edilicios desarrollan directamente a través de sus departamentos-, y realizan sus actividades con financiamiento público”. Y agrega: “En consecuencia, las instituciones en referencia son entidades mediante las cuales las municipalidades ejercen atribuciones que la Carta Fundamental y el legislador les entregaron, particularmente, en los ámbitos de educación, salud y atención de menores, todas actividades de naturaleza jurídica pública”.
“El que instituciones como algunas corporaciones siguieran operando como cajas negras debía parar. Esto tenía que cambiar”, comentó De la Fuente. “Muchas de estas entidades, que perseguían fines de eficiencia, terminaban imponiendo prácticas de secretismo y falta de transparencia, lo que no es posible permitir si además hablamos de dinero de todas y todos que se destina a áreas muy sensibles como salud y educación, entre otras”, dijo.
La misma situación, afirmó la CGR, aplica a otro tipo de corporaciones de carácter municipal, como las destinadas a la promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte, el fomento de obras de desarrollo comunal y productivo (creadas según el artículo 129 de la ley Nº 18.695), y aquellas que tienen su origen en lo establecido por otras leyes que autoricen expresamente a los municipios en tal sentido (aplica dictamen N° 66.271, de 2015).
La Contraloría establece que estos organismos “colaboran en el cumplimiento de las funciones de las entidades edilicias, esto es, ejecutar obras, servicios y acciones en favor de la comuna, de manera de satisfacer de modo directo o inmediato una necesidad o interés de la población (aplica dictamen N° 5.668, de 2014)”.
Lo anterior, indicó “justifica que se les apliquen determinadas normas en términos similares a los órganos públicos, justamente para resguardar dicho interés público y cautelar que la actuación del Estado a través de ellas no adolezca de irregularidades (aplica criterio del dictamen N° 12.605, de 2016)”.
La CGR recordó además un dictamen de 2018 (N° 16.630), que había concluido le eran aplicables a las corporaciones municipales las disposiciones contempladas por la Ley de Transparencia, en materia de transparencia activa.
La presidenta del Consejo explicó que la acción de la Contraloría permite subsanar un vacío legal, que se pensaba, podría resolverse con el proyecto de ley que propone algunas readecuaciones a la normativa de transparencia, permitiendo abordar el caso de las Corporaciones Municipales y otras entidades de derecho privado.
Sobre el particular dijo: “aunque se trata de un proyecto de ley que sólo posibilita avanzar en algunos mínimos en materia de transparencia, nos permitía ponernos al día en este tema de las corporaciones, porque son sujetos con obligaciones si manejan recursos del Estado, ahora con un tope”.
Sin perjuicio de ello, De la Fuente reconoció que “una de las cuestiones relevantes de lo dicho por la Contraloría, posibilita poner coto a espacios que funcionan sin control social y con recursos de todos los chilenos”, cuestión “que no podía seguir esperando cambios a una normativa que está en trámite hace años”.
La iniciativa se mantiene aún sin discusión por parte de la Comisión de Gobierno del Senado, aunque desde la instancia se apuntó a que ésta podría ser discutida en su totalidad y despachada a sala próximamente.
