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Créditos: Agencia Uno
La coordinadora ejecutiva de la Unidad Silala, Johanna Klein Kranenberg, manifestó que «Chile necesita una decisión de la Corte que confirme la aplicación del principio de uso razonable y equitativo a todas las aguas del Silala y que no considera ningún tipo de compensación por usos pasados y futuros».
Este lunes comenzó la segunda ronda de alegatos orales entre Chile y Bolivia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) por el uso de las aguas del río Silala que atraviesa ambos países.
Por el lado nacional, el abogado, Samuel Wordsworth, fue el primero en tomar la palabra. «Consciente de que no puede articular ante ustedes ninguna base jurídica sostenible para su caso sobre los flujos artificiales, Bolivia ha introducido varios argumentos tortuosos, en cuanto a la naturaleza o prematuridad de una controversia, con el objetivo de hacer desaparecer la causa o al menos mostrar que ha estado actuando razonablemente y ha afirmado que ‘hay sombras de ambigüedad en la posición de Chile’, cuando en realidad no las hay», sostuvo.
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«El deseo subyacente por parte de Bolivia es que la Corte haga lo menos posible y despache a estos dos estados como si fueran dos niños en un parque infantil, a los que solo hay que decirles a los que deben cooperar. Sin embargo, la disputa es real y está ahora ante la Corte y hay cuestiones reales que determinar entre dos estados que no han disfrutado de relaciones diplomáticas desde que fueron cortadas por Bolivia en 1978», continuó.
Para Wordsworth «es un disparate decir que un estado aguas arriba puede elegir unilateralmente drenar aguas subterráneas que de todas formas fluirían hacia el estado aguas abajo y así hacer que pueda ser sometida esa agua a un tratamiento natural, especial y más favorable».
En tanto, la coordinadora ejecutiva de la Unidad Silala, Johanna Klein Kranenberg, manifestó que «Chile necesita una decisión de la Corte que confirme la aplicación del principio de uso razonable y equitativo a todas las aguas del Silala y que no considera ningún tipo de compensación por usos pasados y futuros».
«Chile nunca ha aceptado pagar por las aguas del Silala y la reclamación de deuda histórica de Bolivia supuso la sentencia de muerte de las negociaciones», agregó.
La profesora en derecho internacional, Laurence Boisson De Chazournes, expresó que «Chile quiere uso equitativo de aguas y ha dejado muy en claro que Bolivia también goza de ese derecho».
Mientras que la agente y subsecretaria, Ximena Fuentes, fue la última persona de la defensa nacional en hablar. «Bolivia ha tratado de enturbiar las aguas, esto parece tener relación con el tema del diferendo, pero no es nada más que una estrategia de defensa clásica», dijo.
Según la autoridad, «el hecho de que Chile haya acudido ante la Corte en busca de una decisión que resuelva un litigio con su vecina Bolivia, no es algo que se pueda concebir como algo hostil o poco amistoso».
Además, añadió que Chile y Bolivia ya «han tenido opiniones contradictorias» sobre aguas internacionales, puntualizando que el fallo de la Corte debe ser no debe ser «evitado ni minimizado».
La agente terminó su intervención señalando las expectativas que espera Chile sobre el trabajo de la CIJ: «Chile, por tanto, solicita a la Corte que adjudique y declare; A, que el sistema del río Silala, junto con las porciones subterráneas de este sistema, es un uso de agua internacional, cuyo uso se rige por el derecho internacional consuetudinario. B, Chile tiene derecho a utilización equitativa y razonable de las aguas del Río Silala de conformidad con el derecho internacional consuetudinario. C, Bajo la norma de utilización equitativa y razonable, Chile tiene derecho a su uso actual de las aguas del Río Silala».
«D, Bolivia tiene la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para prevenir y controlar la contaminación y otras formas de daño a Chile, importantes de sus actividades en las cercanías del Río Silala. E, Bolivia tiene la obligación de cooperar y proporcionar a Chile una notificación oportuna de las medidas planificadas que pudieran tener un efecto adverso sobre los recursos hídricos compartidos, intercambiar datos e información y de llevar a cabo cuando proceda una evaluación del impacto ambiental con el fin de que Chile pueda evaluar los posibles efectos», cerró.
