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A juicio de expertos en derecho público y litigantes ante tribunales electorales, la interpretación del presidente del Servel, Andrés Tagle, es un error, que demuestra su desconocimiento de la ley. Tagle, además de sostener que el nombre de la candidata de todas maneras estará en la papeleta del 7 de mayo, ya que la condenada por tráfico recuperó su ciudadanía, sostiene que la inhabilidad perpetua a cargos públicos no afectaría a los que están sometidos a elección popular. Dicho eso, cualquier persona condenada por delitos graves o muy graves puede optar a cargos de elección popular, aun cuando los tribunales hayan señalado de manera expresa tal inhabilidad. Y por otra parte, parlamentarios y legisladores calificaron la candidatura de Añes como incomprensible y apuntaron al PDG, sobre todo en medio de la crisis de seguridad pública que afecta al país. “Es incomprensible, inaudito”, señalaron.
“Doña Karlita va a ser una fiel representante de la lista del Partido de la Gente”, decía Franco Parisi hace unos días, expresando todo su apoyo a la candidata de su partido Karla Añes. Hoy, tras las revelaciones de El Mostrador, Parisi se ha lavado las manos y ha desviado toda la responsabilidad hacia ella, exculpando al partido y buscando hacer un control de daños a tres días de las elecciones.
Quien no ha podido desprenderse de las críticas es el Presidente del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, quien también ha querido sacudir de responsabilidad al Servel, con el argumento de que la candidata –quien aparecerá en la papeleta el próximo 7 de mayo– cumplió su pena y, por lo tanto, recuperó su ciudadanía, lo que la habilita a presentarse a cargos de elección popular, olvidando la pena de “inhabilidad absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos” que impuso en la condena el 4to Juzgado Oral Penal de Santiago.
De acuerdo a la interpretación de Tagle, cuando se publicaron las inscripciones de candidaturas, cualquier elector tenía el derecho a reclamar en un cierto plazo ante el Tribunal Calificador. Pero eso no sucedió. Por consiguiente, “es una candidatura ejecutoriada y si sale electa le corresponderá al Tricel proclamarla para el cargo”, sostuvo.
Y agrega: “Respecto del derecho a postular a cargos de elección popular, lo que rige es el artículo 13 y el 17 de la Constitución (vigente). Y ese, si se pierde la ciudadanía, la ciudadanía se recupera y cuando se recupera se vuelve a tener derecho a postular a cargos de elección popular”, añadió Tagle, junto con detallar que hay muchos cargos públicos que no son de elección popular, “así que no confundamos las dos cosas”.
El Poder Judicial opina todo lo contrario y confirma que la inhabilidad es perpetua, algo a lo que el director del Servel no ha querido referirse. “La inhabilitación decretada por el Juzgado de Garantía de Arica, es absoluta y efectivamente perpetua para cargos y oficios públicos”.
Cristián Riego, abogado y académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, explica que hay dos inhabilitaciones, una es para profesiones y la otra para derechos políticos, una mientras dure la condena y la es otra perpetua. Por tanto, el Servel estaría incurriendo en un error al incluir el nombre de Añes en la papeleta de candidatos para integrar el Consejo Constitucional. “Si ella fuera elegida, cuando llegue a ocupar el cargo, le tendrían que aplicar la prohibición de ejercer cargos”, advierte.
Lo mismo aclara el abogado experto en Derecho Público y litigante ante tribunales electorales, Roberto Garrido, quien no está de acuerdo con la opinión de Andrés Tagle, toda vez que el artículo 28 del Código Penal es claro y la sentencia también. En ese sentido, comentó: “La pena impuesta trae aparejada la de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y además de sus derechos políticos, tanto para elegir como para ser elegido”. Por lo tanto, asegura el abogado, en este caso, “no correspondería que esta persona se presentara para efectos de ser elegida en las próximas elecciones”. “No conoce la ley”, argumenta.
El abogado y exfiscal Carlos Gajardo abordó el tema en Twitter y remarcó: “Me parece una interpretación equivocada. La condena de inhabilitación de derechos políticos como dice el fallo es absoluta y perpetua, por lo tanto la pena no está cumplida. Esta interpretación permite que una condenada por tráfico de drogas pueda ser candidata. Insólito”.
El exfiscal Gajardo manifestó que la declaración del titular del Servel, Andrés Tagle, es un error. “Un condenado por tráfico de drogas solo recupera su ciudadanía (derecho a voto y ser candidato) con una rehabilitación del Senado, lo que en este caso no ha ocurrido. Grave falla del sistema haber permitido esta candidata”.
El artículo 13 —al que hace referencia Andrés Tagle— de la Constitución vigente reconoce como ciudadanos a los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran.
El artículo 17, en tanto, estipula que la calidad de ciudadano se pierde:
“Los que hubieren perdido la ciudadanía por la causal indicada en el número 2º, la recuperarán en conformidad a la ley, una vez extinguida su responsabilidad penal”, señala la Constitución.
Al mismo tiempo, el Código Penal, en su artículo 38, decreta dos tipos se inhabilidades: la absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesiones titulares; y la de inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos y profesiones titulares. Y entre los efectos prácticos, se destaca:
Desde la Comisión de Seguridad Pública del Senado, el legislador del Partido Socialista (PS), José Miguel Insulza, argumentó que el cargo de miembro del Consejo Constitucional es financiado por fondos del Estado y, por lo tanto, es un cargo público y ella (Añes) está inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos.
Al margen de eso, Insulza apuntó directo al corazón del PDG: “Creo que hay un problema interno de la fuerza política que se crea sin constituir ninguna idea muy clara respecto de cuáles son sus propuestas. Yo dije que se conocían poco en el PDG y algunos se molestaron. Creo que se conocen poco entre ellos, no dialogan mucho, tienen ideas dispersas y esto abre la puerta a oportunismo y a la situación dramática como esta de que mañana va a haber un voto que contiene a la señora Añes”.
“No la pueden borrar, por lo tanto, pueden decir que renunció, pero su nombre estará en el voto”, sentenció el senador Insulza.
Su par de la DC, el senador Iván Flores, también integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta, categórico, abordó la compleja situación de la candidata Karla Añes. “No se puede entender que un partido político lleve de candidata a una persona que ha sido condenada por narcotráfico, justo cuando en Chile una de las principales preocupaciones es la violencia, el crimen organizado y los niveles de narcotráfico que hoy día tenemos”, comentó el legislador a este medio.
Para el senador Flores, “no es posible que el líder de ese partido, Franco Parisi, haga gala de la condición de experta en seguridad de la candidata por Arica y Parinacota”. Asimismo recalcó que “no es posible que se le haya pasado al Servel”. Pero, por sobre todo, “no es posible que el PDG haya proclamado y sostenga candidatura de una persona condenada por narcotráfico. Aun cuando siempre la posibilidad de la rehabilitación existe, el tema del narcotráfico es muy delicado, particularmente en el norte de Chile”.
El también integrante de la Comisión de Seguridad del Senado, Manuel José Ossandón (RN), lamentó que “desgraciadamente a veces los partidos no tienen los filtros éticos y morales que corresponden. Y en el fondo presentan a cualquiera como candidato”. Mencionó que no conoce a Karla Añes, pero estima que una persona que ha sido condenada por tráfico de drogas está absolutamente inhabilitada de por vida para ser candidata. “Yo creo en el derecho al arrepentimiento, a rehacer la vida, a la reinserción. Pero otra cosa es que los partidos políticos no filtren eso. Eso es muy grave”.
Quien también reaccionó a los antecedentes de Añes fue el senador por Arica y Parinacota, José Miguel Durana (UDI), para quien este tipo de hechos “demuestra que es necesario que los conglomerados políticos seleccionen con prolijidad a sus candidatos, quienes a su vez tienen el deber ciudadano y moral de transparentar sus antecedentes para no empañar el proceso eleccionario, ya que, independiente de la guerra sucia que se va generando en las campañas, este tipo de hechos desmotiva aún más al electorado que está reticente a este voto obligatorio”.
El senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, señaló que poner en el voto a una persona condenada por drogas es grave. Se mostró de acuerdo con que haber cumplido su condena efectivamente la habilita a ser candidata, sin embargo, cree que hay un deber de información y transparencia: “Esto debió conocerlo la ciudadanía antes, al partido que la promovió corresponden las explicaciones”. Respecto de la inhabilidad, el senador Cruz-Coke afirmó que hay una discusión jurídica respecto de si ella perdió o no ciudadanía. “Imagino que el Servel hizo ese examen previo, si no podría ser recusada ante el Tricel si llegara a ganar, asunto que se ve difícil”, añadió.
Cabe mencionar que, de acuerdo al Servel, si bien se está investigando el caso de Añes, la candidatura seguirá en curso, salvo que la candidata deponga su postulación al cargo. No obstante, se mantendrá en la papeleta de este domingo 7 de mayo.
El PDG emitió una declaración pública, una vez conocida la condena de Añes. Dijeron que si bien están de acuerdo con defender el derecho de la reinserción, por conocimiento público y de acuerdo con los antecedes recopilados, como equipo nacional, decidieron “desistir de apoyar la candidatura de Karla Añes al Consejo Constitucional, debido a la omisión de su condición previa, al Consejo Regional, órgano encargado de la validación de las candidaturas”.
El diputado Daniel Manouchehri (PS), calificó como impresentable la candidatura de Añes. El jefe de la bancada socialista emplazó al PDG a hacerse cargo de “abrirle las puertas a la narcopolítica”. “Es impresentable que lleven candidaturas ligadas al narcotráfico. En medio de una crisis de seguridad, llevar candidaturas con este prontuario es escandaloso. ¿Qué pretenden? ¿Abrirle la puerta a la narcopolítica?”, fustigó. En esa línea, Manouchehri indicó que “acá deben hacerse responsables del daño que le están causando al país y a la lucha en contra del narcotráfico”.
Las críticas suman y siguen, incluso internamente. “Faltaron filtros dentro del partido, porque cualquiera sabría obviamente que se usarían con fines electorales como ocurrió”, declaró previo a la declaración del partido el diputado Roberto Arroyo. En esa misma línea, la diputada del PDG Karen Medina calificó los hechos que involucran a la candidata Añes como gravísimos.
Asimismo, la también postulante del PDG por la Región Metropolitana, Elizabeth Rodríguez, explicó a Radio Universo que Añes “ha tomado la decisión de dar un paso al costado en esta candidatura, presentando su renuncia a la campaña, a la candidatura, entendemos sus razones”.
“Consideramos que Karla se merece todas las oportunidades de la vida y del mundo, porque todos tienen derecho a arrepentirse”, señaló Rodríguez, junto con afirmar que la condena era desconocida para el partido, pues la excandidata “ya no tiene ningún tipo de antecedentes en su certificado de antecedentes penales (…), tuvo una parte de cumplimiento efectivo de condena”.
