PAÍS
Desde el retorno a la democracia la seguridad se ha convertido progresivamente en una tema de Estado. Sin embargo, prácticamente en todos los gobiernos, no se ha tratado como tal. Cada cual ha creado su propio plan, a veces cambiando solo el nombre, pero intentando reinventar la rueda en cuatro años. El nivel de evaluación de su efectividad ha sido casi nulo. Los argumentos para no hacerlo tienen razones técnicas y también estratégicas: los políticos no quieren evaluaciones que les entreguen malas noticias y que los perjudiquen en su carrera. Así, desde el primer plan de seguridad (2004), se han presentado cinco grandes y ambiciosos proyectos, además de varios otros complementarios –todos desarrollados con dineros públicos–, pero solo ha sido evaluado por la Dipres un porcentaje ínfimo, donde se encuentran el Plan Cuadrante y el Programa Barrio en Paz. A esto se ha sumado, en los últimos años, la ausencia de planes “en el papel”. “Si no existe un documento con diagnóstico, objetivos, etc., tampoco hay actores que asuman compromisos y otros que velen por que esos compromisos se cumplan”, señala el profesor Hugo Frühling.
Desde los 90 del pasado siglo la seguridad ha sido un problema transversal a todos los gobiernos. Es uno de los temas que históricamente los ciudadanos evalúan negativamente y consideran que la administración de turno –indistintamente de su tendencia– no es capaz o no hace lo suficiente para enfrentarlo. Solo cuando se producen crisis económicas o grandes movilizaciones estudiantiles, la seguridad baja en la agenda.
Pero hay que tener en cuenta que en nuestro país se da una paradoja: “Tenemos una baja tasa de victimización histórica y, al mismo tiempo, una percepción de inseguridad que se ha mantenido alta en los últimos 20 años. De hecho, ostentamos la tasa de encarcelamiento más alta de América Latina y la tasa de criminalidad más baja”, explica Alejandra Mohor, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.
Ya en mayo de 1997, el estudio “Delincuencia y opinión pública”, realizado por Paz Ciudadana, daba cuenta de que un 69% de los encuestados consideraba que había más delincuencia que en 1996, y que el fenómeno delictual era más violento que antes. El 68% sentía especial temor de ser víctima de un asalto al regresar a casa y señalaba, además, sentir miedo al caminar solo por su barrio, además de temer ser víctima de un robo dentro de su casa durante la noche.
Veinticinco años después, en la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), la percepción de aumento de la delincuencia 2022 llegó a un 86,9%. Es el registro más alto desde que se aplica (2003).
Esta encuesta es una “herencia” que quedó del primer plan formal que se promulgó en Chile: Política Nacional de Seguridad Ciudadana, durante el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, el cual fue delineado en el marco de un alza de los delitos entre el 2003 y 2004. “No se llegó a hablar de crisis, pero el tema se tomó la agenda pública, mediática y legislativa de la época. Esto no es nuevo, los que pasa es que los chilenos no estamos acostumbrados a observar estos niveles de violencia”, agrega la investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable UC-UdeC, Alejandra Luneke.
Siguiendo la tradición de los planes de seguridad, en julio del año pasado, el Presidente Gabriel Boric lanzó el Plan Nacional de Seguridad para el período 2022-2026, que contempla 33 medidas, entre las que destacan la creación del nuevo Ministerio de Seguridad, reforma a Carabineros, reforma a la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Seguridad Privada, aparte de otras medidas. En las páginas web oficiales del Gobierno no existe el plan, solo una minuta con lo que serán sus ejes y contenidos. El Mostrador pidió información al respecto a la Subsecretaría de Prevención del Delito, a cargo del subsecretario Eduardo Vergara, sin recibir respuesta.
Además del señalado plan, en el Ministerio del Interior –incluidas las subsecretarías del Interior y de Prevención del Delito– figuran otros planes y programas, como Fronteras Protegidas, Violencia Rural, Denuncia Seguro, Lazos, Somos Barrio, todos los cuales carecen de un plan estructurado –algunos tienen un PDF; otros, una nota de prensa–. Lo mismo sucede con el recién estrenado Calles Sin Violencia. La excepción es la Política Nacional contra el Crimen Organizado.
La carencia de planes escritos no es baladí. Entre otros motivos, porque se implementan con financiamiento público, por lo que debería saberse en qué y cómo se invierte ese dinero. Y, luego, poder evaluar su eficacia.
“Se han llamado ‘planes’, pero en lo formal no lo son: no hay textos en que exista un diagnóstico claro y cuantitativo, que establezca prioridades, costos, objetivos a alcanzar en cada caso. Lo que hay es más bien una descripción de un montón de iniciativas que se van a ir realizando, buena parte de ellas legales. Si no existe un documento, tampoco actores que asuman compromisos y otros que velen por que esos compromisos se cumplan. Es preocupante”, señala el profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Hugo Frühling.
Agrega que esto se fue generando en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, por un actuar ante la emergencia. “No hay que olvidar que se encuentra con una crisis en Carabineros que se había profundizado en la última parte del mandato anterior. Hay un cambio en el mando de la institución y lo primero que hace él, en 2018, es convocar a una comisión, de la cual se desprenden propuestas especialmente dirigidas a reformar Carabineros. De allí sale una serie de propuestas legislativas que el Gobierno no convierte en un plan similar a los anteriores, pero después vienen el caso Catrillanca, el estallido, y entonces las acciones del Gobierno en materia de seguridad pasan a ser reactivas. Como el proyecto de ley que dice relación con el control de las manifestaciones, nuevos protocolos para la labor policial y el respeto a los derechos humanos. Los tiempos no están para planes sino para enfrentar la pandemia, la crisis de Carabineros…”, apunta Frühling.
El doctor en Ciencias jurídicas de la Universidad de Harvard añade que la actual administración ha seguido la misma dinámica: “Este Gobierno también ha sido muy reactivo, y en muchos casos lo ha hecho bien: ha cuidado estándares respetuosos con los derechos humanos en materia de seguridad. Hace meses ya se anunció un Plan contra el Crimen Organizado, luego una agenda transversal en materia de seguridad y, ahora último, una agenda legislativa acordada con el presidente del Senado y el de la Cámara de Diputados para aprobar un número importante de proyectos de ley. Pienso que se está avanzando en temas muy importantes, como la creación del nuevo Ministerio de Seguridad, un nuevo sistema de inteligencia, pero es fundamental que esa discusión sea pausada y que la justificación y la posterior implementación de la ley sean lo más rigurosas y completas posible”.
Durante los 90 hubo esfuerzos por diseñar programas estratégicos de seguridad. Uno se hizo en el Gobierno de Patricio Aylwin, el otro en el de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, pero en esos momentos no existía el “convencimiento político” para tener planes al respecto y, en consecuencia, no salieron a la luz. El primero fue la Política Nacional de Seguridad Ciudadana durante la administración de Ricardo Lagos.
Desde entonces, los gobiernos fueron aprobando planes con diferentes nombres, tratando de imponerles un sello propio, pero que decían cosas muy similares y que duraban al menos los cuatro años de mandato. Cuando llegaba un nuevo Gobierno, se anunciaba otro. A ellos se sumaron programas específicos que ya existían, por ejemplo, el destinado a encuestas de victimización que dio origen a la ENUSC (INE), que se realiza hasta hoy. Y en materia policial, el Plan Cuadrante, que también se mantiene todavía. En orden de implementación, los planes que siguieron al del 2004 son: la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (2006-2010); el Plan Chile Seguro (2010-2014); Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito: Seguridad para todos (2014-2017); Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública (2018-2021) y el actual Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito (2022-2024).
“En un comienzo los gobiernos realizaban planes que ordenaban programas que ya existían, pero con el tiempo se fueron introduciendo cambios relevantes. Bajo el Presidente Lagos aparecen las intervenciones en barrios con presencia de microtráfico. En el primer Gobierno del Presidente Piñera se cambió el foco de las intervenciones preventivas de carácter territorial, trasladándolas desde las comunas a los barrios y se crea el programa Barrios en Paz: residencial, y Barrios en Paz: comercial. En el caso del segundo Gobierno de Bachelet, hubo esfuerzos por cambiar la institucionalidad de las intervenciones municipales, para lo que se aprobó una ley que requiere que los municipios aprueben un plan de seguridad municipal obligatorio, con una comisión de seguridad en cada municipio del país”, detalla el profesor Frühling.
Sin embargo, nunca hubo una apreciación de conjunto sobre los programas de las distintas administraciones y del efecto de las políticas públicas. Solo hay alguna producción académica al respecto.
La Dirección de Presupuestos (Dipres), ha realizado evaluaciones específicas de Programas de Seguridad, como el Plan Cuadrante (2007) y el Programa Barrio en Paz (2014). Son evaluaciones más bien de procesos antes que de impacto. La Subsecretaría de Prevención del Delito también ha licitado evaluaciones y estudios específicos a universidades y organismos especializados. Por otra parte, hay producción de académicos sobre el tema.
¿Por qué no se ha hecho de manera sistemática?
“Porque para eso se habría requerido un instrumental más sofisticado de evaluación que el que ha existido en nuestro país y, también, porque ha habido una cierta desconfianza de hacerlo. Las universidades estarían dispuestas a realizarlas si contaran con el financiamiento, pero, por otro lado, los académicos se dan cuenta de que los políticos no recogen necesariamente estas evaluaciones… En consecuencia, ¿cuál es el sentido de hacer esto si no va a tener un efecto práctico? Los políticos muchas veces no quieren evaluaciones que les entreguen malas noticias y que los perjudiquen en su carrera. Las políticas de seguridad son especialmente sensibles y los gobiernos prefieren no correr riesgos, por lo que no todo aquello que se objeta en las evaluaciones tiene resultados. Por otra parte, hay una constante crítica a las políticas de seguridad por quienes están en la oposición, lo que hace que la seguridad se convierta en un escenario de refriega que evita que todos se sienten a la misma mesa para hacer bien las cosas”, concluye Hugo Frühling.
