Plan Calles sin Violencia no tiene calle

Ante la crisis de seguridad y los hechos recientes –asesinatos de carabineros de por medio–, el Gobierno reaccionó con el Plan Calles sin Violencia, anunciado el pasado 6 de abril por el Presidente Gabriel Boric. Y aunque el Plan fue lanzado el 24 de abril en la comuna de Santiago, Carabineros ya tiene un balance de él, considerando 27.024 controles preventivos efectuados entre el 10 y 30 del mes pasado. Sobre ellos, informó que ha cursado 1.027 infracciones, ha incautado 50 armas y decomisado 7,66 kilos de droga. Asimismo, ha detenido a 515 personas: 197 por orden de detención vigente, 38 por robos, 18 por porte de arma blanca, 14 por hurtos y 248 por otros delitos. La institución policial agregó que el 6,4 % de los detenidos es de nacionalidad extranjera.

Lo paradójico es que, más allá de Carabineros, en la Municipalidad de Santiago no tenían idea del contenido del Plan. Así respondieron: “Valoramos esta iniciativa del Gobierno, en la medida que busca responder a las urgentes necesidades de la comunidad en materia de seguridad, de acuerdo a las nuevas formas de operar de la delincuencia y a las características que esta tiene según la realidad de cada territorio. Chile atraviesa hoy una crisis de seguridad que exige la articulación del Estado y sus instituciones. No es lo mismo la realidad de una ciudad capital como Santiago, respecto de lo que pueda ocurrir en otras regiones, en otras ciudades, que tienen sus propias dinámicas, y por tanto, este plan debe adaptarse a esas realidades. Ese es un punto relevante para el correcto abordaje de este problema país. Desde los municipios es fundamental la colaboración y coordinación que podamos establecer para hacer mucho más eficiente esta intervención, comprometiendo el apoyo y colaboración de los equipos municipales. Esta tarea no puede entenderse si no es desde una perspectiva colaborativa y del objetivo final que es más seguridad para las personas. Esa es la disposición con la que concurrimos como municipio a este trabajo”.

Al reiterar la consulta sobre si habían leído el Plan, la respuesta fue que no, que tienen información muy parcial.

El Mostrador quiso acceder al documento, pero no fue posible. Desde la Subsecretaría del Interior enviaron a este medio un comunicado de prensa con las directrices generales. Consultados diversos especialistas y académicos dedicados a la seguridad, ninguno sabía cómo y quiénes lo habían diseñado. Dicho esto, el comunicado estipula que el Plan tiene como eje de diseño y también de criterio de aplicación, la frecuencia de ocurrencia de homicidios, de acuerdo con cifras del Centro Nacional para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Según estos parámetros, las comunas seleccionadas concentran la mayor ocurrencia de homicidios (65%), representando el 53% de la población.

Y aunque los índices siguen siendo de los más bajos de la región, los homicidios se han triplicado con relación a 15 años atrás. El INE informó 6,2 casos por 100 mil habitantes en 2022, muy lejos de la tasa de 2,4 que históricamente ha ostentado Chile.

“Es un dato objetivo que da cuenta de un cambio en el actuar delictual. Y si se agrega que ese tipo de homicidios es de otras características criminológicas, por ejemplo, por encargo; y aparecen delitos que no estaban dentro del repertorio criminal chileno, como las extorsiones, el secuestro, el sicariato, se conforma un cuadro complejo diferente a los que solíamos ver en Chile”, señala el director de Seguridad de la Municipalidad de Independencia, Adolfo González.

“Tener como criterio los homicidios es un buen pie de inicio”, agrega Alejandra Luneke, investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus), de la Universidad Católica, quien destaca el dato del imputado desconocido. “El análisis criminal dice que podrían estar ligados al crimen organizado. Más que los números, la gran diferencia acá es el creciente ‘anonimato’ de quienes están perpetrando las muertes. Lo que uno esperaría es que la focalización fuera más bien a nivel de calle, de barrio y no comunal. Cuando se georreferencia la ocurrencia de determinados delitos, lo que observas –y lo hace la policía a través del Sistema Táctico de Operación Policial (S.T.O.P.)– es que los delitos están concentrados en espacios y calles muy específicos. Uno esperaría que la localización tenga una escala menor a una comuna. Me imagino que eso lo tienen en cuenta la policía y el Ministerio del Interior”, señala.

El desarrollo del Plan será de manera escalonada en 22 comunas de la Región Metropolitana, partiendo por Santiago (que ya comenzó), y seguida por Puente Alto, Recoleta, San Bernardo, Colina, Estación Central, Maipú, La Pintana, Lo Espejo, Quinta Normal, Pudahuel, El Bosque, Peñalolén, Cerro Navia, La Florida, La Granja, Melipilla, Renca, San Joaquín, San Miguel, Independencia y San Ramón. Posteriormente, será ampliado a la totalidad de las 46 comunas priorizadas, considerando todas las capitales regionales.

El Plan Calles sin Violencia tiene cuatro ejes: persecución penal efectiva, con un fiscal preferente 24/7 y un equipo de analistas criminales, abogados asistentes, profesionales de atención a víctimas y apoyo administrativo, para esclarecer homicidios sin imputado conocido y perseguir a los autores prófugos de delitos violentos.

Sin embargo, este punto demorará en establecerse, explican desde la Subsecretaría de Interior, porque hay que ver cuántos profesionales por región se requiere contratar y luego hacer la selección e incorporación al programa, “y el Estado se mueve lentamente”, puntualizan.

La Policía de Investigaciones (PDI) se unirá con un grupo de investigación especializado dedicado exclusivamente a esta labor. Los Grupos de Investigación Especial estarán conformados por funcionarios(as) entrenados(as) y especializados(as) en investigaciones criminales, con experiencia en delitos violentos.

El siguiente eje considera patrullajes policiales reforzados: la idea es prevenir la ocurrencia de homicidios y delitos violentos. Para ello, Carabineros identificó sectores conflictivos y horarios con mayor probabilidad de ocurrencia de homicidios, disparos, amenazas de muerte y drogas, los cuales contarán con patrullajes priorizados.

“Como municipio pedimos que eso se traduzca en más efectivos. Sin más fuerzas policiales no habrá cambio alguno, porque ya estamos administrando déficit. Necesitamos el auxilio de la fuerza pública, la dotación que tiene la 9ª Comisaría de Independencia es insuficiente para acompañar todos los procedimientos que se requiere hacer. Lo que dice el titular es que habrá una serie de recursos para implementarlo, esperamos que eso tenga una traducción concreta, que podamos verlo en las calles de Independencia. Sin eso, el Plan no existe. Poseemos conocimiento del territorio y sabemos precisamente dónde invertir cada peso, lo que necesitamos son los pesos”, subraya González, el director de Seguridad del municipio de Independencia.

El tercer punto se concentra en la fiscalización de infracciones e incivilidades, es decir: control de armas tanto legalmente inscritas como ilegales e irregulares. Se suman rondas focalizadas de fiscalización en todo el país para capturar a personas con órdenes de detención pendientes y prófugos. Aseguran que ya está en marcha la búsqueda de 2 mil personas de interés.

El cuarto ítem y el más importante para prevención y mantención del Plan es la intervención comunitaria y recuperación de espacios públicos, que considera: el fortalecimiento de la presencia del Estado a través de la recuperación de lugares con acercamiento de los servicios sociales y trámites públicos, activaciones culturales y deportivas, trabajo comunitario.

Ya en 1940 se estableció que el arma más efectiva para frenar el crimen era proteger los barrios del abandono. “Cuando no existe lo comunitario para defender los espacios, las plazas pierden su vegetación, se vuelven refugio de personas ajenas al vecindario, aparecen actividades ilegales y luego nadie más puede usar ese lugar”, explica Alejandra Mohor, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.

Agrega que la seguridad es responsabilidad de todos.

“Si bien corresponde al Estado y sus instituciones resguardarla, cada ciudadano puede hacer algo. Todos los estudios dicen que eso se hace involucrándose. Ocupando y tomándose los espacios donde habitamos: calles, plazas, juntas de vecinos… Antes de que el voto fuera obligatorio, la gente no iba a votar porque no se sentía, y no se siente, convocada a la discusión democrática, a la construcción del país. Cuántas veces hemos escuchado: ‘Da lo mismo quien salga, total mañana me tengo que levantar igual a trabajar’. ¡Pero si ningún Gobierno va a hacer que nos quedemos todos acostados! ¿Qué hay detrás de esa frase? Desvalorización de lo público… Y es que es muy diferente cuando vas a trabajar con derechos laborales, que sin derechos laborales. Pero no hay reflexión sobre eso tampoco. Todo es en torno a cada uno como individuo, no como comunidad. Si el vecino pone la música muy fuerte no le toco la puerta para pedirle que baje un poco el volumen, prefiero llamar a seguridad ciudadana. Eso es parte de la descomposición social y la podemos combatir uniéndonos”, explica Mohor.

Por su parte, la investigadora del Cedeus, Alejandra Luneke, pone el foco en el equipamiento de seguridad.

“Supongo que van a existir las condiciones en el corto plazo para mejorar las capacidades policiales de vigilancia y control. Tener mejores sistemas de videovigilancia, con tecnología suficiente para que puedan ser medios válidos de prueba. También supone una gran inversión en factores ambientales como iluminación, alarmas, etc. Esto va a aumentar los artefactos de vigilancia de la ciudad. Esas medidas sirven, pero desplazan el delito y significa trabajar en varios territorios aledaños… Son respuestas a mediano y largo plazo porque, además, debe enfocarse el mejoramiento de los barrios, participación ciudadana, aumentar los factores de protección y disminuir los de riesgo. A eso se le llama la zanahoria. Y cualquier política pública orientada en esta materia requiere del garrote y la zanahoria. El garrote es lo punitivo, pero de manera efectiva, no efectista”, recalca Luneke.

Desde el Gobierno cuentan que el Plan fue probado, durante el verano, en la comuna de Alto Hospicio. El resultado arrojó que, de 17 homicidios, 14 fueron resueltos.

Aunque no hay parámetros de medición conocidos públicamente, “se sabe que en los últimos 10 años los homicidios han mostrado un alza consistente”, indica el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Y añade: “Si de aquí a un año logramos quebrar esa tendencia, ya será un triunfo”.

¿Qué tan efectivo y real puede ser este Plan?

Según los expertos consultados para esta nota –aunque se quejan de no tener mayores antecedentes (ninguno ha podido leer el documento)–, el Plan va en el sentido correcto porque recoge muchas de las recomendaciones para abordar la violencia criminal que debieran ser permanentes del Estado: “Trabajar en todos los territorios, con grupos de tareas especializadas en los delitos más complejos y graves para que la investigación sea todo lo eficiente que debe ser. Está archidocumentado que no sacas nada con aumentar las penas”, subraya Luneke.

Pero el principal escollo es la continuidad del mismo. Eso nunca ha ocurrido en la historia de la seguridad en Chile.

Como país comenzamos a hablar de seguridad ciudadana en los 90 del pasado siglo. El 2000 se sumó el concepto de prevención. “Quiero hacer un punto comparativo respecto del año 2003-2004, cuando también se observaba un alza de los delitos. No se llegó a hablar de crisis, pero se tomó la agenda pública, mediática y legislativa de la época. Esto no es nuevo, los que pasa es que los chilenos no estamos acostumbrados a observar estos niveles de violencia”, agrega Alejandra Luneke.

A raíz de esa crisis, en 2004 se planteó la primera Política Nacional de Seguridad Ciudadana, precedida por un comité de expertos. Fue la respuesta del Gobierno de Ricardo Lagos que, como ahora, pretendía ser una política de Estado de largo plazo. Pero la continuidad se perdió, cada Gobierno que vino después tuvo su propio plan, algunos objetivos coincidían, otros no, y se eliminaban. Hubo poca evaluación en cada caso y se discontinuaban sin saber su efectividad.

Por su parte, el experto en seguridad y académico de la USACH, Jorge Araya, destaca los distintos planes del actual Gobierno relacionados con la seguridad. “Plan sobre Crimen Organizado, Plan Calles sin Violencia, Plan Estado Presente, que son una reconceptualización de proyectos de prevención que se han venido haciendo a través de los años. Sin embargo, lo más valioso y concreto es el anuncio de los 1.500 millones de dólares anuales destinados a la implementación de Calles sin Violencia. Si realmente se concretan los recursos, se estará haciendo lo que realmente hay que hacer”, sostiene Araya.

Sin embargo, echa de menos la que –a su entender– es una pieza clave y condición para que cualquier programa funcione: la reforma de Carabineros. “Creo que se ha tenido un cierto temor en abordarlo, pero hay que hacerlo de todas maneras. La coordinación entre instituciones es un desafío que viene teniendo el Estado chileno hace tiempo. Los problemas que hemos tenido en inteligencia tienen que ver con que cada rama de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) tiene su propia inteligencia, y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), que es ‘LA’ unidad de inteligencia del Estado de Chile, depende de la información que le entregan (o quieran entregar) las policías y/o ramas de las FF.AA. ¡Es insólito! Otras coordinaciones que hay que hacer de manera urgente son entre el Ministerio Público y las policías, Gendarmería, Aduanas…”, agrega el experto Jorge Araya.

La investigadora del CESC, Alejandra Mohor, extraña un ítem de evaluación, lo que –apunta– suele faltarles a los planes que se han implementado en el país.

“Este Plan es un listado de cosas por hacer. Pero pocas de las que propone el Estado contemplan unidades de medida que permitan evaluar los resultados. En general se concentran en medir los procesos: número de reuniones, número de detenidos…”, sostiene.

Y entrega un ejemplo: “Cuando se empezó con el Sistema Táctico de Operación Policial (S.T.O.P.) –un programa que se transformó en ley–, se trajo a consultores de EE.UU. para que instalaran un modelo que se hizo en Nueva York a mediados de los 90. Fue un piloto en Carabineros que nos tocó, como CESC, medirlo. Cuando pedimos la evaluación del piloto, no existía, lo único que había era un archivo Excel con el número de denuncias. Descubrimos que uno de los indicadores asociados era robo en lugar habitado, el que había bajado notablemente, pero al mismo tiempo había aumentado el allanamiento de morada. Lo que pasaba era que, como a la policía se la estaba midiendo por robo en lugar habitado, registraban la denuncia en otra categoría de delito por la que no los estaban midiendo. Eso pasó también en Nueva York. Sin embargo, se dijo que fue un éxito y se extendió en todo el país. Hemos sido irresponsables en la política pública y mucho de esa irresponsabilidad ha tenido que ver con intereses político-ideológicos, particularmente en la línea de mantener formas de política pública basadas en el control”, afirma Mohor.

¿Y cómo llegamos hasta aquí?

Los especialistas indican varios factores. Entre los más determinantes están: el modelo de desarrollo económico, la pérdida de la confianza en las instituciones, en especial, en las encargadas de resguardar el orden y la seguridad, y también el desarrollo del narcotráfico nacional, potenciado con la llegada de bandas internacionales.

“El modelo chileno, que tuvo grandes logros, fue dejando a ciertos sectores en condición de marginalidad. Otros quedaron fuera del mercado laboral. Gente que empezó a sobrevivir por sus propios medios, en algunos casos ligados al comercio ambulante y/o al narcotráfico que se dio en poblaciones. Fueron adquiriendo la narcocultura de defender su negocio, su territorio, y se fue configurando un cuadro más complejo. Ese traficante mediano se fue empoderando cada vez más, adquirió bienes, poder de fuego, y cuando se da la migración más descontrolada (2016-2018), entran estas bandas de crimen organizado internacionales y se da una competencia territorial con los locales”, explica el académico de la USACH, Jorge Araya.

En medio de este fenómeno se produce la pérdida de confianza en las instituciones.

“Cuando se evidencia una decadencia de las instituciones públicas, preocupadas de la justicia y la seguridad, esto tiene efectos directos en los niveles de confianza ciudadana, y si no existe confianza, aparecen tendencias anómicas, ausencia de afección a las normas jurídicas. Los episodios específicos que afectaron a Carabineros de Chile, relacionados con techos de corrupción y con derechos humanos, sumados al estallido social, que terminaron de poner en evidencia la crisis del modelo social y económico chileno, contribuyeron a una crisis mayor de la sociedad. Esa situación está cambiando producto de la percepción de inseguridad y la necesidad de la población de contar con protección. De esta manera, el apoyo a Carabineros se ha incrementado”, agrega Adolfo González.