El experto en salud y defensor de usuarios de isapre mostró su preocupación por la falta de claridad en el proyecto de ley corta del Gobierno en cuanto a los tratamientos en curso en el sistema privado, lo que puede afectar la calidad de la atención y al mismo tiempo violar un principio fundamental de los Derechos Humanos; donde no puede haber regresividad. Barría propone un diálogo entre todas las partes, liderado por la ministra de Salud, Ximena Aguilera, para diseñar una salida al problema para los afiliados a Fonasa e Isapres. Aunque asegura que la cifra de pago es inabordable, el abogado cree que es posible hacerlo a través de prestaciones, excedentes o rebaja de planes”.
La Superintendencia de Salud informó que las isapres deben devolver 1.400 millones de dólares a sus afiliados para cumplir con el fallo de la Corte Suprema por la aplicación de la tabla de factores. La cifra corresponde a una cartera de 725 mil contratos y ha sido calificada por las mismas aseguradoras privadas como una “lápida” para el sistema.
El organismo fiscalizador solicitó una prórroga de seis meses para que las isapres puedan dar cumplimiento al fallo, solicitud que fue aceptada por el máximo tribunal del país. La petición fue formulada por la superintendencia que encabeza Víctor Torres, luego del envío del proyecto de ley corta con el cual el Ejecutivo estableció el marco de cumplimiento del polémico fallo.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, señaló que el Ejecutivo dará cumplimiento sí o sí a la sentencia. Sin embargo, en medio de esta disputa, surge la pregunta: ¿Qué pasará con los afiliados?
El defensor de usuarios de isapres, el abogado Pedro Barría, quien integró la comisión asesora presidencial para reformar el sistema privado de salud en 2014, manifestó que la Corte Suprema se excedió en sus atribuciones al entrar a darle instrucciones a una entidad administrativa fijando un plazo.
En conversación con Mirna Schindler, durante el programa Al Pan Pan de El Mostrador Radio, el abogado criticó que un poder del Estado invada las atribuciones de otro, aunque valoró que el Gobierno esté tratando de cumplir un fallo “de la forma que sea menos lesiva posible para la continuidad del sistema”.
Las isapres, por su parte, “no tuvieron una actitud proactiva”, señaló el abogado. “Se quedaron y siguieron aplicando la tabla de factores”, agregó, junto con expresar no entender por qué las aseguradoras privadas han tenido una actitud displicente de lo que pasa. “Cuando sale el fallo, inmediatamente debieron iniciar reclamo ante la Superintendencia”, fustigó.
Al mismo tiempo, el abogado Pedro Barría sostuvo que la Superintendencia ha tenido una falta de proactividad total (la actual y las anteriores), mientras veían que el problema se incrementaba. Además, aseguró que la deuda no está precisada mientras el deudor no reconozca que debe cierta cantidad de plata o que no debe nada y que lo va a demostrar. La deuda, insistió, judicialmente, “no ha sido establecida de acuerdo a las reglas del debido proceso”.
En ese sentido, a su juicio, ha habido “desconfianza política y emocionalidad total”.
El abogado Pedro Barría puso sobre la mesa un ejemplo que, a su entender, desborda preocupación: “Si una persona, que a los 72 años tiene un plan de salud por el cual hace cinco años decidió pagar 500 mil pesos mensuales, y esa persona ha tenido dos cánceres y un montón de enfermedades crónicas, todas atendidas por isapre, piensa que en esta etapa es cuando más se va a enfermar y cuando más necesitará a la isapre, y se termina la isapre en la cual ha estado invirtiendo todo este tiempo, es una injusticia atroz”.
El experto en sistema de salud cuestionó que el proyecto de ley corta del Gobierno no determine qué pasa con los tratamientos en curso con las isapres. “¿Cómo lo hará Fonasa? No está establecido”.
El abogado comentó que esto traerá una baja de la calidad que, al mismo tiempo, viola un principio fundamental de los Derechos Humanos (DDHH), que es la progresividad. En materia de DDHH, afirmó, no hay que retroceder. Entonces, “es absolutamente injusto que el ‘pato de la boda’ lo paguen los afiliados de las isapres, sobre todo los más viejos”, recalcó.
Su análisis es categórico: “Lo que ha faltado, al igual que en el proceso constitucional, es diálogo bis a bis”.
Para el abogado Pedro Barría, además, la ministra Aguilera, con liderazgo e imparcialidad, debiera hacer lo mismo que hizo la expresidenta Michelle Bachelet en 2014; citar a una comisión integrada por todas las partes y diseñar una salida al problema para afiliados a Fonasa e Isapres.
Por ahora, concluye, la cifra de pago es “inabordable de un golpe, pero sí lo es con prestaciones, excedentes, rebaja de planes”.
