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Créditos: Agencia UNO
El parlamentario de la bancada del Partido Republicano, Mauricio Ojeda (Independiente) propone que todo trabajador fiscal que sea participe en este tipo de delitos “pierda su ciudadanía”, en otras palabras, no podrá votar, ni volver a trabajar en distintos cargos de administración pública durante su vida.
El caso Democracia Viva, el que involucra al exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, con el presidente de la fundación, Daniel Andrade, ha generado críticas desde todos los sectores de la política. En este contexto, el diputado de la bancada del Partido Republicano, Mauricio Ojeda (Independiente), propuso un proyecto de reforma constitucional que amplie los castigos contra los funcionarios condenados por delitos de corrupción.
El parlamentario propone que todo trabajador fiscal que sea participe en este tipo de delitos “pierda su ciudadanía”, en otras palabras, no podrá votar, ni volver a trabajar en distintos cargos de administración pública durante su vida.
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En concreto, el texto presentado por Ojeda busca modificar parte del numeral 3° del Artículo 17 de la Constitución Política de la República, en cual señala que serán sancionados quienes tengan “condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieren merecido, además, pena aflictiva”. Intercalando la oración “los cometidos por autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones” entre las frases “como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes”.
El legislador calificó como indignante que lo sucedido con el caso Democracia Viva. “Es por esto que vamos a presentar esta reforma constitucional para que aquellos que estén envueltos en delitos de corrupción, no solamente no puedan nunca más trabajar en un servicio público, sino que pierdan su condición de ciudadano, vale decir, que no puedan votar, ni tampoco optar a un cargo de elección popular”, acotó en Radio Bio Bío.
El proyecto también contempla que la excepción a quienes sean inhabilitados por estos delitos sea por medio de una “rehabilitación del Senado de la República”.
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