Corrupción: carabineros de Quillagua cobraban dos millones por no fiscalizar camiones con droga

Erick Cruz Mamani estaba a pocos kilómetros de llegar al límite entre las regiones de Tarapacá y Antofagasta, el 16 de febrero del año pasado, y hasta ese momento todo parecía ir sobre ruedas. Tan seguros estaban él y su jefe de que no habría problema alguno, que al interior del camión Volvo que Cruz conducía iba más de una tonelada de drogas sin nada que la ocultase, a diferencia de lo que sucede habitualmente en estos casos, donde la mercancía ilícita es escondida en medio de cajas, de pallets de madera, en dobles fondos, en los neumáticos o en cualquier otro lado.

La carga era valiosísima, tanto que, en una primera aproximación, al chofer le habían ofrecido 28 millones de pesos por conducir el camión cargado desde Alto Hospicio hasta Santiago. Cruz se negó en esa ocasión y algunas semanas más tarde el dueño del vehículo, el ariqueño Daniel Rodríguez, volvió a la carga. Le dijo que el negocio seguía en pie y que ahora el embarque de droga era menor: “solo” 700 kilos, por los cuales estaba dispuesto a pagarle ocho millones de pesos.

Cruz finalmente aceptó. Mal que mal, antes ya había participado de otras acciones clandestinas junto a Rodríguez, quien reconoció ante la justicia que previo a ingresar al negocio de los estupefacientes se dedicaba a contrabandear cigarrillos desde Bolivia hacia la Región Metropolitana, reconociendo tres viajes de ese tipo. En al menos uno de ellos había participado Cruz, aunque iba conduciendo un auto que cumplía las funciones de “punta de lanza“; es decir, aquel que va delante del móvil que lleva la droga y que avisa a los demás sobre si hay policías en el camino, trabajo por el cual recibió medio millón de pesos.

Producto de ello, conocía muy bien la llamada “Ruta del cigarrero“, un camino rural al cual se accede un par de kilómetros antes de la Aduana de Quillagua, situada en el límite regional, y que permite a los camiones cargados con contrabando eludir el control del retén de Carabineros y la Aduana que hay en dicho lugar, pues bordea los cerros y permite salir más al sur, ya en la Región de Antofagasta.

Además, contaban con un as bajo la manga, el sueño húmedo de cualquier narcotraficante o contrabandista: tenían policías a su servicio y estos incluían no solo a funcionarios del retén de Quillagua, sino también a algunos que pertenecían a María Elena, casi 100 kilómetros al sur. Al menos los primeros, según se establece en el fallo de primera instancia, cobraban dos millones de pesos por hacer la vista gorda ante los camiones cargados con contrabando o narcóticos.

Es por eso que ni siquiera habían hecho el esfuerzo de esconder la droga y, además, lo incluyeron en un grupo de whatsapp de nombre inofensivo: “Comunidad empresarial“. Sin embargo, dicho grupo era, en realidad, el sistema por medio del cual el camión y los tres vehículos de “punta de lanza” que lo acompañaban se coordinaban. Por cierto, en todos esos vehículos iban familiares de Rodríguez, incluyendo a menores de edad, uno de los cuales incluso manejaba uno de los móviles.

El comienzo del fin

Los narcotraficantes no sabían que desde hacía varios meses que sus comunicaciones estaban siendo interceptadas por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Oorganizado (Brianco) de Arica, por instrucciones de la Fiscalía de esa ciudd, que y los estaban siguiendo en forma muy discreta a lo menos cuatro vehículo. A ello, se sumó un hecho inesperado: que justo ese día, el patrullaje en carreteras lo estaba efectuando un sargento del retén de Quillagua que nada tenía que ver con los elementos corrompidos. Al contrario, al suboficial le llamó la atención el camión y, como presumió que este iba a entrar a la ruta de los contrabandistas, le impidió el paso y lo obligó a avanzar hacia la Aduana.

Los llamados entre los narcos y los carabineros coludidos con ellos, exhibidos en el juicio que recién terminó la semana pasada en Arica, evidencian la desesperación de todos. En una de las escuchas alguien avisa que “los ratis” están esperándolos. Dos de los policías corrompidos, a su vez, tratan de decidir qué hacer y uno sugiere que sobornen con 15 o 20 millones de pesos a los implicados en el operativo, pero el otro le responde que “no, ya están cagados, porque el Retamal ya lo entregó a Aduanas y no hay nada qué hacer allí“, refiriéndose al carabinero que obligó al camión a entrar al control del complejo aduanero.

En medio de la desesperación, Rodríguez ordenó al chofer que huyera del lugar y luego interpusiera una denuncia alegando que el camión le había sido robado. Aprovechando que el camión estaba en la fila, esperando el trabajo de Aduanas, Cruz lo abandonó y salió corriendo.

El camión, en total, transportaba 41 sacos de cannabis sativa con 899 kilos de ella; 38 paquetes de clorhidrato de marihuana, con un peso de 40 kilos, y 12 paquetes de Pasta Base de Cocaína, con un peso de 12 kilos.

Desde uno de los vehículos de “punta de lanza”, en tanto, una camioneta Chevrolet, lanzaron por la ventana (mientras escapaban) otros 39 paquetes de marihuana, con un peso de 76 kilos, además de 18 kilos de ketamina, el elemento base para la fabricación de tussi. En total, se estima que la droga incautada tenía un valor de mercado superior a los tres mil millones de pesos.

La PDI detuvo ese día y en los posteriores a todos los presuntos implicados, incluyendo a quien conducía el Volvo, así como a los suboficiales de Carabineros Manuel Godoy Avila y Alfredo Villanueva Varreira, ambos de dotación de Quillagua. Pese a lo ocurrido, los hechos anómalos se continuaron sucediendo en esa unidad y así fue como dos meses más tarde los oficiales de la PDI captaron una conversación telefónica digna de The Shield, serie de televisión que retrataba las acciones de un grupo de policías corruptos en Estados Unidos.

En el audio, uno de los policías se jacta de tener un supuesto contacto que le permitiría entrar a la Escuela de Suboficiales, mientras el otro, de voz aguardentosa, le dice “estoy curado, hermano“. Sin embargo, el fondo del llamado no tenía nada que ver con lo uno ni con lo otro, sino con la búsqueda de un entierro que uno de ellos había realizado, escondiendo un alijo de drogas.

De ese modo, uno de los suboficiales dio una serie de confusas instrucciones al otro, acerca de cómo llegar a un hoyo que habían hecho a un costado de la carretera, cerca de una tranca y un puente por donde antiguamente “pasaban los cigarreros” (refiriéndose a los traficantes de cigarrillos). No obstante, seguramente por el estado etílico del carabinero, no puedo dar con el lugar.

Distinta fue la situación cuando la fiscalía ordenó al OS-7 de Carabineros buscar la droga, lo que hicieron sobre la base del mismo audio, encontrando un entierro con casi un kilo de ovoides.

Según lo que un oficial de la PDI declaró en el juicio “esa droga había sido encontrada por el carabinero Manuel Godoy y (el también policía) Carlos Contreras Contreras, quienes en vez de remitirla al servicio de salud correspondiente optaron netamente por enterrarla y buscar compradores“. Ciertas versiones que se recogieron durante la indagatoria aseguraban que la droga en realidad había sido quitada a burreros procedentes de Bolivia, pero ello no se pudo establecer en el juicio.

Según declaró el mismo investigador, uno de los carabineros, Gonzalo Rojas Escobar, admitió que “esa conducta era totalmente normal en el retén Quillagua“, agregando que la mayoría de los carabineros que lo integraban “tenían conocimiento de que se estaba traficando y dejaban pasar a camiones por una ruta paralela, a cambio de cobrar dinero“. En el mismo sentido, se estableció que Contreras ya había entregado un cargamento de drogas que habían sepultado previamente a Rojas Escobar, quien lo habría vendido a un sujeto de la ciudad de Los Angeles.

A estos dos carabineros les encontraron 2.7 millones de pesos en efectivo. Tanto ellos como otros dos suboficiales (Miguel Angel Ríos y Antonio Sáez Araya), fueron objeto de juicios abreviados en los cuales fueron condenados a penas de entre tres y cinco años, como autores de tráfico de drogas y de asociación ilícita para el tráfico, recibiendo todos el beneficio de la libertad vigilada.

Las condenas

Sin embargo, otros dos policías implicados en los hechos recibieron condenas mucho más duras. El ex sargento segundo Alfredo Villanueva fue condenado a 7 años y 183 días, por tráfico ilícito de drogas, mientras que el sargento Manuel Godoy Avila recibió una pena de 15 años y un día por el mismo delito, la misma que se impuso contra Daniel Rodríguez, penalidad que los jueces estimaron adecuada para ellos “por estimar estos sentenciadores que en virtud del mal causado es la más adecuada“, haciendo presente el enorme volumen de droga que se estaba traficando. Cruz Mamani, en tanto, recibió una pena de cinco años y 41 días.

Al mismo tiempo, aplicaron una pena adicional en contra de Godoy: cinco años y un día, por lavado de activos, puesto que a pesar de que sus únicos ingresos legales eran su sueldo (un millón de pesos líquidos), en 2021 constituyó una empresa llamada MYG, en Quillota, por medio de la cual compró vehículos por 87 millones de pesos mientras que él, como persona natural, adquirió otros por un total de 27 millones más, adquisiciones que (a juicio de Tribunal Oral en lo Penal de Arica) no pudo justificar.