El Gobierno anunció la creación de una comisión ministerial para regular la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado, en medio de la controversia sobre las transferencias de fondos a fundaciones vinculadas a partidos políticos. La instancia, compuesta por seis personas, tiene la tarea de elaborar propuestas en un plazo de 45 días. Según explicó uno de sus integrantes, Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC, aunque no se centrarán en casos específicos, buscarán examinar la relación continua entre organismos estatales y la sociedad civil. El objetivo, explicó, es mejorar la coordinación administrativa entre diferentes registros e instituciones para evitar irregularidades, sin necesidad de cambios legislativos.
Con el objetivo de profundizar la agenda de probidad del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, el Ejecutivo anunció la creación de la Comisión Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado, en medio del escándalo por las transferencias que han recibido fundaciones como Democracia Viva o Urbanismo Social —ligadas al partido frenteamplista Revolución Democrática— de parte de entidades estatales.
La comisión estará compuesta por seis personas, quienes deberán elaborar propuestas en la materia en un plazo no mayor a 45 días. El equipo de trabajo será ad honorem y funcionará al alero del Ministerio Secretaría General de la Presidencia —a cargo del ministro Álvaro Elizalde (PS)—, el que prestará el apoyo administrativo para su adecuado funcionamiento.
Uno de sus integrantes, Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile, abordó la labor que tendrá su equipo, en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler. El experto, si bien sostuvo que la misión no es enfocarse en un caso en particular, señaló que, por ejemplo, en el caso Democracia Viva, “claramente hay varias válvulas que se podrían haber alertado, y algunas de ellas definitivamente no están”.
En ese sentido, Irarrázaval, miembro de la Sociedad Internacional de investigación en el Tercer Sector, planteó que la anunciada por el Mandatario “no es una comisión fiscalizadora” del caso Democracia Viva. “El encargo del Presidente es mirar al futuro para ver qué aprendizajes se puede tener”, explicó.
“No estamos haciendo la fiscalización del caso Democracia Viva. Ese caso lo va a ver la Contraloría, lo va a ver la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. El mandato nuestro es mirar hacia adelante y ver, considerando este caso de escándalo público, cómo es la relación permanente entre el Estado y la sociedad civil”, recalcó el profesor Irarrázaval, en El Mostrador Vodcast.
El experto e integrante de la Comisión Ministerial, también tuvo palabras para el caso del exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba —actualmente en prisión preventiva en el marco de una investigación por delitos de fraude—, ya que la instancia presentada ayer por el propio jefe de Estado extenderá su mirada cinco años hacia el pasado. Irarrázaval afirmó, respecto al caso de la Municipalidad de Vitacura, que puede haber hechos no tan notorios hacia atrás en el tiempo, pero —reiteró— “más que los años y casos particulares nos interesa aportar con una mirada de futuro en la relación entre el Estado y la sociedad civil que se puede ir mejorando”.
El gran desafío, según el comisionado, es “no entusiasmarse tanto con reformas legislativas, ya que hay espacio para mejoras administrativas y herramientas que el Estado ya dispone, pero muchas veces no conversan”. Mencionó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) tiene un registro de organizaciones, y lo mismo Registro Civil y la Contraloria. El tema, criticó, es que la mayoría de estos registros de información “no interoperan”. Con ese objetivo en mente, Irarrázaval destacó que se podría avanzar mucho “sin movernos del escritorio”, pero teniendo bases de datos que conversan entre ellas. “Diseñar un algoritmo que detecte ciertas transferencias, se puede hacer relativamente fácil y no es costoso, sin necesariamente cambiar leyes”, agregó.
