Narcotraficantes se jactaban de sus delitos por medio de redes sociales y, además, el líder del grupo destinaba parte importante de las ganancias ilícitas que obtenían a la creación de videos de música urbana, en los cuales se exaltaba la violencia.
Las imágenes de video recopiladas por la PDI muestran, desde lejos, a varios sujetos reunidos en una plazoleta un tanto árida, no muy distinta de cualquiera en alguna comuna chilena. De pronto, suenan disparos y se ve cómo distintas personas corren en diferentes direcciones, así como autos acelerando. Aunque de buenas a primeras es imposible entender lo que estaba ocurriendo, lo que sucedía en esa plazoleta de la localidad de Maipo (comuna de Buin), a plena luz del día, era el actuar de una organización criminal local que no estaba ajustando cuentas con sus rivales ni nada parecido: simplemente estaban intimidando a los vecinos de un campamento, a fin de que estos abandonaran sus precarias viviendas, pues el grupo mafioso pretendía controlar el lugar por completo para vender drogas, cigarrillos y –sí, suena extraño a estas alturas– alcohol que ellos mismos fabricaban, y para todo ello les resultaba molesta la presencia de los residentes.
En otras palabras, los miembros de la pandilla estaban efectuando un desplazamiento forzado en tres poblaciones de la comuna, a fin de dominar por completo todo lo que pasaba allí, de una forma muy semejante a la que comenzó a suceder en el México de fines de los años 90, cuando empezaron a eclosionar grandes y pequeños carteles que, de a poco, se fueron apoderando de diversos territorios, con los resultados ya por todos conocidos.
En el caso de Buin –según informó la PDI–, luego de un año de indagaciones y de allanar 66 inmuebles, se detuvo a 34 personas, decomisándose siete armas, municiones, cerca de dos kilos de drogas (entre pasta base, clorhidrato de cocaína, ketamina y marihuana) y 11 millones de pesos en efectivo.
Además, la policía incautó tres vehículos, un chaleco antibalas y 30 cartones de cigarrillos de contrabando, pero también elementos para la fabricación artesanal de alcohol, pues el grupo –que operaba en las poblaciones Tierras del Maipo, Los Viñedos y El Molino– cubría todo el espectro criminal, ya que fueron acusados de una gran cantidad de delitos, entre ellos, tráfico de drogas y asociación ilícita, lavado de activos, fraude aduanero, infracción a la Ley de Control de Armas, amenazas, disparos injustificados y robo con intimidación, así como usurpaciones violentas de propiedad y, también, contravención de la Ley de Alcoholes, ya que sus integrantes fabricaban y comercializaban su propia marca de ron, sin ninguna supervisión sanitaria, por supuesto.
El subprefecto Gabriel Yáñez, jefe de la Bicrim de Buin, señaló al respecto que la investigación comenzó debido a una serie de delitos cometidos en las poblaciones antes mencionadas, en particular por las denuncias relativas a las amenazas permanentes que los sujetos cometían en el sector, usando armas de fuego.
En dicho sentido, el oficial explicó que, luego de las pesquisas del caso, se dieron cuenta de la existencia de una asociación ilícita, que contaba con un líder que a su vez tenía dos lugartenientes, que eran los que operacionalizaban las instrucciones, cometiendo “un sinnúmero de delitos” por intermedio de los “soldados” armados con que contaba.
Sobre los videos, Yáñez aseveró que “hoy en día hay un tema cultural en la sociedad, que habla de la utilización permanente de las redes sociales, tanto para exhibirse como persona como para mostrar su autoría o su poder al interior de la población, en este caso, y era eso lo que generaban“.
Agregó que “en muchos videos hablan de violencia, de armas de fuego, del poder que tenía esta organización“, gracias a lo cual tenían a prácticamente todos los pobladores atemorizados.
El jefe de la Bicrim también detalló que parte importante del dinero obtenido con la venta de drogas, cigarrillos o alcohol artesanal, era destinado por el líder del grupo a la creación de videos de música urbana.
Alejandra Vargas Lay, fiscal de San Bernardo, detalló que la organización ilícita efectuaba frecuentes disparos en los sectores que controlaba, además de amenazar a los pobladores, puesto que “exigen la salida de estos vecinos, para instalarse (en sus lugares de residencia) como puntos de venta de droga“.
De los 34 detenidos, 21 eran “blancos” de la investigación y otras 13 personas fueron aprehendidas como producto de delitos en flagrancia, descubiertos al momento del allanamiento. Todos ellos son chilenos, salvo uno, de nacionalidad colombiana.
Tras el control de detención, 16 miembros del grupo quedaron en prisión preventiva y los restantes quedaron sujetos a arraigo nacional y otras medidas cautelares. El tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días.
