La exministra Clarisa Hardy criticó duramente a los gremios empresariales, acusándolos de querer socavar la institucionalidad en Chile, luego de que estos ingresaran un “téngase presente” sobre el proyecto de ley sobre delitos económicos. Hardy señaló que los delitos que han ensuciado la política deben ser sancionados correctamente y que la acción de la CPC y la Sofofa al recurrir al Tribunal Constitucional pone en duda la transparencia en la política y la economía. La militante socialista también se refirió a los 50 años del golpe de Estado, destacando la labor del exjuez Garzón, y al Caso Convenios, donde reconoció que se está cuestionando la gestión de los recursos públicos destinados a los más pobres.
La semana pasada, los abogados Gabriel Zaliasnik y Constanza Hube, en representación de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), ingresaron al Tribunal Constitucional (TC) un “téngase presente” ante el proyecto de ley que busca endurecer las penas para los delitos denominados “de cuello y corbata”.
La iniciativa “sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos”. El escrito, luego de su ingreso, generó una ola de críticas hacia el actuar del mundo empresarial, pero la polémica en torno al recurso no hizo retroceder a la CPC. Ahora, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) emitió un comunicado respaldando la acción de la confederación que también conforma. La declaración de la Sofofa enfatizó la condena a prácticas empresariales indebidas, pero remarcó la necesidad de revisar en profundidad la ley aprobada por el Congreso para evitar impactos significativos en la actividad empresarial.
Este fue uno de los temas que abordó la exministra de Planificación del primer gobierno de Bachelet, Clarisa Hardy (PS), en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler. La académica socialista se refirió en duros términos a los empresarios agrupados en la CPC y la Sofofa, acusándolos de querer demoler la institucionalidad en Chile.
La exministra Hardy sostuvo que la iniciativa sobre delitos económicos ya no es exclusivamente del Gobierno, sino que fue votada prácticamente por la totalidad de las bancadas de la Cámara. “El sistema político sabe de los riesgos que vive la política al tener la posibilidad de que no se sancionen como corresponde estos delitos que han ensuciado la política, que han puesto un manto de desconfianza en todas las instituciones partidarias”, agregó la antropóloga, y cuestionó: “¿qué hace la Sofofa y la CPC? Meter el dedo en esta llaga”.
Para Clarisa Hardy, expresidenta del Instituto Igualdad —ligado al PS—, “no cabe duda de que hay un retroceso amparado en una ampulosa declaración de que no hay un trato igualitario hacia todos los ciudadanos, como si el ciudadano Délano (Carlos Alberto “Choclo” Délano, del caso Penta), que fue sancionado con clases de ética fuera juzgable de la misma manera que quienes murieron en aquella cárcel (siniestrada en San Miguel) por robarse unos CDs”.
“En la medida en que no somos capaces de entender que este tipo de delitos no son solo gravosos para la economía, sino también para la convivencia del país y la democracia, estamos viviendo un momento grave”, declaró la exministra Hardy, además de afirmar que cuando la CPC y la Sofofa recurren al TC “nuevamente vuelven a poner manto de duda respecto al ejercicio de practicas transparentes en la política y la economía”.
El abogado constitucionalista Javier Couso ha señalado que la facultad del “téngase presente”, respecto de ley que ya fue despachada del Congreso, la tiene el Presidente de la República, la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado. En este sentido, Clarisa Hardy manifestó: “El propio TC va a tener que señalar la improcedencia del recurso, pero lo más grave es el esfuerzo por demoler la institucionalidad política en Chile”.
Para Clarisa Hardy, la de los 50 años del golpe de Estado, “ha sido probablemente la conmemoración más debatida desde que estamos haciendo estas conmemoraciones”.
Cabe mencionar que el Presidente Boric abrió una controversia tras valorar el rol de Baltasar Garzón, durante su participación en la cumbre Celac-UE de Bruselas. Desde la derecha calificaron como un “bochorno” que el Mandatario hiciera un homenaje al exmagistrado que dictó la detención de Augusto Pinochet en 1998. Para el gobierno, el Presidente se juega alzarse como un interlocutor relevante en América Latina, diferenciándose de otros líderes progresistas en temas como la defensa de la democracia y los derechos humanos.
La exministra planteó que existe hoy día un juicio mundial contra Pinochet y se establece un precedente de un juicio moral en Chile, “gracias a actuar del juez Garzón”. En la derecha, según Clarisa Hardy, posiblemente encontraron “un espacio más cómodo, más permisivo para decir lo que piensan”, sobre la dictadura.
La exsecretaria de Estado también tuvo palabras para el denominado “Caso Convenios” —relacionado a la investigación sobre transferencias estatales a fundaciones ligadas a partidos políticos—. Este caso, reconoció, “toca el corazón de lo que fue el fundamento del surgimiento de estas fuerzas políticas” del Frente Amplio. “Yo soy parte de aquella izquierda que ellos (Frente Amplio) criticaban y yo sentí que esa confrontación nos venía bien, era saludable, nos remecía”, expresó Hardy.
La militante socialista defendió “la tradición y la existencia” de muchísimas de estas organizaciones no gubernamentales, aunque destacó que “se está poniendo en tela de juicio un modo de gestionar recursos públicos” que están destinados a los más pobres. Y, eso, “tiene que ser castigado”.
