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Nueve profesionales presentaron sus antecedentes para postular al Tribunal Constitucional (TC) y ocupar la vacante que se produjo tras el fallecimiento, en junio pasado, del ministro Rodrigo Pica Flores. Corresponde a la Corte Suprema elegir al nuevo magistrado o magistrada. Según fuentes cercanas al proceso, correría con ventaja el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Raúl Mera, excandidato en tiempos del Presidente Piñera a ministro de la Suprema, aunque no obtuvo los 2/3 de los votos en el Senado. Al cierre de esta nota, el concurso estaba cerrado, sin embargo, aún no se fija la audiencia, porque hay un periodo de cinco días para posibles impugnaciones.
Tres abogadas y seis abogados son los postulantes, hasta ahora, para proveer el cargo de ministro o ministra del Tribunal Constitucional (TC) que quedó vacante, en junio pasado, tras el sorpresivo fallecimiento del magistrado Rodrigo Pica Flores. Esta designación la realiza la Corte Suprema por votación del Pleno, luego de una audiencia donde exponen los aspirantes.
Como la primera parte del proceso no está del todo concluida –al cierre de esta edición estaba aceptada la lista de candidatos y candidatas que enviaron sus antecedentes al Poder Judicial, pero faltaban hitos del procedimiento administrativo–, el día de la audiencia ante el máximo tribunal del país aún no se ha fijado.
Los candidatos y candidatas son los siguientes:
Laura Albornoz Pollmann, abogada por la Universidad de Chile, doctora en Derecho Civil, exministra del antiguo Servicio Nacional de la Mujer durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet. Albornoz ha sido académica en la Academia Diplomática, la Academia Judicial y la Universidad de Chile. También, fue candidata a convencional por Unidad Constituyente (PS, PPD, PR, DC, CIU) en el proceso constitucional anterior. Actualmente es integrante del directorio de Enap.
Pablo Alarcón Jaña, abogado por la Universidad Católica de Chile, presidente del Tribunal de Contratación Pública y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Finis Terrae.
Carlos Amunátegui Perello, abogado por la Universidad Católica de Chile, doctor en Filosofía, profesor del Programa de Derecho, Ciencia y Tecnología de la UC.
Pilar Arellano Gómez, abogada por la Universidad Católica de Chile, profesora de Derecho Constitucional de la UDD, exrelatora del TC, desde donde fue despedida por decisión del Pleno (en enero de 2019). Ella demandó y, tras el proceso, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó, en marzo de 2022, la sentencia que condenó al TC a indemnizarla con más de $73 millones, argumentando que existió una discriminación para su despido, en razón de su estado de salud y no por necesidad de mejor desempeño en el órgano jurisdiccional.
Carlos Dorn Garrido, abogado por la Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Derecho, magíster y profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Valparaíso.
Juan Carlos Ferrada Bórquez, abogado por la Universidad de Chile, doctor en Derecho, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valparaíso, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral.
También postulan Natalia Muñoz Chiu, abogada por la Universidad de Chile, actual ministra suplente del TC, profesora de Derecho Administrativo en la U. de Chile y presidenta del Instituto de Derecho Administrativo de Chile.
Hugo Tórtora Aravena, abogado por la Universidad de Valparaíso, doctor en Derecho, magíster en Derecho Constitucional, profesor de Derecho en la UDP y UDLA.
Y, por último, el hasta ahora preferido de la Corte Suprema, Raúl Mera Muñoz, abogado por la Universidad de Chile, ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, excandidato en tiempos del Presidente Piñera a ministro de la Suprema, aunque no obtuvo los 2/3 de los votos en el Senado.
Cada vez que hay una postulación, comienzan las cuentas y negociaciones en torno a las bondades de cada candidato y a sus “sensibilidades”, y los equilibrios políticos al interior de las instituciones. Esta elección podría ser más “simple”, porque la designación depende “solo” de la Corte Suprema, pero la decisión puede resultar fundamental en la composición del Tribunal Constitucional y sus equilibrios internos.
Varias fuentes señalan que el ministro Raúl Mera corre con cierta ventaja. Aunque su intento por llegar al máximo tribunal en 2020 fracasó en el Senado, donde pesaron su actuar indiferente ante recursos por la contaminación en Quintero y Puchuncaví, la falta de perspectiva de género en algunos casos y el fallo que absolvió a cuatro carabineros acusados de torturar, mutilar, violar y arrojar a un río, en 1988, a dos miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (Cecilia Magni y Raúl Pellegrín). Sin embargo, aquí no decide el Senado, y Mera goza de cercanía y confianza con muchos de “los supremos”. De ser designado, la “sensibilidad” al interior del TC se movería desde de la simpatía PS del fallecido Pica Flores hacia una mirada de derecha de Mera.
Fuentes señalan que también tienen posibilidades la candidata Natalia Muñoz Chiu (más progresista), actual ministra suplente del TC, y Laura Albornoz (ex-DC). Cualquiera de ellas podría mantener –por lo menos en parte– el actual equilibrio del Tribunal Constitucional. Además, desde el propio organismo ven con simpatía sumar una integrante femenina y, así, acercarse a la paridad.
Una vez realizado este nombramiento, el TC aún mantendrá dos vacantes sin llenar, tras un par de intentos fallidos, las cuales deben ser llenadas por la Cámara de Diputados, con la aprobación de 2/3 del Senado. Se trata de los puestos que dejaron los magistrados Juan José Romero Guzmán y Gonzalo García Pino, quienes se retiraron tras cumplir sus periodos legales como jueces del órgano. A esto se suma que, en enero de 2024, terminarán su labor los ministros Nelson Pozo Silva (cercano al PS) y Cristián Letelier Aguilar (UDI). Ambos cupos deberán ser definidos por el Senado.
Si los tiempos “se pillan” –lo que es bastante posible así como van las cosas–, en enero de 2024 podrían faltar cuatro de diez ministros. Existen solo dos suplentes, lo que suma ocho en total, situación que podría traer problemas para el funcionamiento diario de las dos salas del TC.
Pero no solo el Tribunal Constitucional está al debe en el número de sus integrantes. La Corte Suprema mantiene una vacante, tras el fracaso de la candidatura, por parte del Gobierno, de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Jessica González. A fin de año, además, les corresponde jubilarse a los ministros Haroldo Brito y Jorge Dahm. Igualmente, se jubilará próximamente la fiscal del máximo tribunal, Lya Cabello Abdala.
Está pendiente, también, desde el 1 de junio, nombrar a la Defensora de la Niñez, cuya designación fracasó al no obtener la candidata elegida por La Moneda los 2/3 de aprobación en la Cámara Alta.
Y para completar este complejo panorama, el 15 de diciembre termina su periodo el actual contralor general de la República, Jorge Bermúdez. Su sucesor deberá ser designado por el Presidente Boric, con la ratificación de 3/5 del Senado.
