PAÍS
La parlamentaria de Revolución Democrática e integrante de la comisión investigadora de las cuestionadas fundaciones, subrayó que se busca transparencia y transversalidad en el caso Convenios, negando que sea exclusivamente un problema gubernamental. Señaló que las fundaciones han sido un problema persistente, no limitado al caso detonante con Democracia Viva, y defendió una investigación objetiva por parte de la Fiscalía. Por su parte, el diputado Castro (RN), presidente de la comisión, dijo asumir una doble responsabilidad en la instancia, planteando plazos cortos para soluciones antes del 18 de septiembre y cambios legislativos para abordar la discrecionalidad en el uso de recursos públicos.
A casi dos meses de que estallara el denominado caso Convenios, se concretó la comisión investigadora que se hará cargo de revisar los polémicos traspasos entre el Estado y fundaciones, a nivel parlamentario. La instancia estará integrada por cinco diputados oficialistas y ocho de oposición.
El caso estalló tras el cuestionado convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la fundación Democracia Viva. Esta última está ligada al partido frenteamplista Revolución Democrática (RD) y las esquirlas despertaron serios cuestionamientos a la administración del Estado. La situación hasta ahora mantiene activas 19 investigaciones de la Fiscalía, en 11 regiones y con 37 fundaciones involucradas.
La comisión estará presidida por el militante de Renovación Nacional (RN), el diputado José Miguel Castro, y contará con la participación de una militante de RD, la diputada Ericka Ñanco. La parlamentaria sostuvo que la línea que ha anunciado en innumerables ocasiones el Presidente Gabriel Boric es que en este caso “tiene que haber la mayor transparencia posible para poder investigar estos sucesos”, pero también —añadió— “tiene que existir la mayor transversalidad”. A su juicio, es cuestionable que se haya “malintencionado” hacia la opinión pública el decir que lamentablemente este tema del Caso Convenios es un problema del gobierno, cuando en realidad —dijo la diputada Ñanco— “no es un problema del gobierno”.
La militante de RD aseguró que el caso de las fundaciones es “un problema que se viene desatando hace bastantes años” y si bien el detonante fue el convenio con Democracia Viva, en su opinión no es menor recordar que también están involucradas otras regiones, como en La Araucanía, donde también se ha solicitado una comisión investigadora para que se investiguen los traspasos de fondos del Gobierno Regional —a cargo de Luciano Rivas (cercano a Evópoli)— hacia instituciones sin fines de lucro.
“Esperamos que también el presidente de la comisión (el diputado Castro) pueda tomar los consejos que nosotros, los distintos parlamentarios, le podremos dar el día de mañana, para que se puedan invitar a distintas personas que tienen que ver con los casos del Minvu que se dio con los convenios que se celebraron, pero que sea lo más transversal posible para que de esta forma el mandato que dio el Presidente de la República, de caiga quien caiga, sea realmente un mandato transversal, y que todos seamos los más interesados en poder desarrollar esta temática y que se pueda investigar a fondo”, señaló la diputada Ñanco en un punto de prensa.
La diputada Ñanco reiteró que el Caso Convenios “no es un problema del gobierno”. Sostuvo que “no es el gobierno quien ha impulsado esta situación, ya que esto se viene dando durante muchos años, y solamente es la gota que rebalsa el vaso que nos ayuda a desenmarañar algo que venía desde hace bastante tiempo”. Por ende, añadió, “no corresponde que sea el Presidente de la República quien tenga que estar respondiendo cuestionarios en base a esto, porque no es él el responsable principal”.
Según la legisladora de RD, “acá los responsables tienen que ser investigados por Fiscalía”, y “será finalmente el Ministerio Público quien determine quienes son los culpables o no de todos estos convenios que se están celebrando”. Esto, “no solamente con el caso de Democracia Viva que fue la gota que rebalsó el vaso, sino también en todos los otros lugares de Chile”, insistió.
El presidente de la comisión investigadora expresó que para él es “una doble responsabilidad”. Número uno, explicó el diputado Castro, “porque están todos los ojos del país puestos en lo que son los casos fundaciones, en todos estos desfalcos de plata, en la falta de probidad; y segundo también porque todos estos casos nacen en la Región de Antofagasta de la cual yo soy representante”. El militante de RN dijo que planteará plazos muy acotados, plazos cortos, que les permitan llegar, ojalá, antes del 18 de septiembre con soluciones, con salidas.
Con la misión de poder prestar antecedentes a la Fiscalía y al Ministerio Público, y para poder ir a regiones, donde espera pedir citaciones a quien corresponda. Además, “para poder entregar insumos para leyes que puedan cambiar la forma de operar de todo el sistema público en cuanto a la discrecionalidad de los recursos”.
El diputado Castro precisó que este miércoles 9 de agosto empezarán a ver los invitados y determinar, lo más probable, que sea los lunes de 10 a 2 de la tarde, cuando funcione esta comisión.
El diputado Eric Aedo (DC), también miembro de la comisión investigadora, precisó que en la instancia parlamentaria que revisará los convenios entre el Ministerio de la Vivienda y distintas fundaciones, igualmente “se va a ver toda la situación que existe de estas fundaciones, convenios y transferencias directas desde los gobiernos regionales”.
“Esto ha sido un verdadero escándalo y yo espero que la comisión investigadora que hoy día integro sea capaz de llegar hasta las últimas consecuencias de esta investigación”, declaró. El diputado Aedo afirmó que los objetivos serán “comprobar si aquí hay financiamiento irregular de la política, si acá estamos frente a gente que se ha unido, congregado, simplemente para defraudar el fisco, si ha habido negociaciones incompatibles y obviamente que tomemos todas las decisiones que permitan corregir esta situación”.
Lo que más “duele”, expresó el parlamentario democratacristiano, es que “todo este proceso que ha sucedido con las fundaciones, con los recursos mal habidos, ha impactado muy negativamente en el proceso de descentralización y lo va a retrasar un par de años”. Esto cree que ha sido lamentable simplemente por “el afán de meter las manos en los dineros públicos”.
La diputada Mercedes Bulnes, única integrante representante de Convergencia Social —el partido del Presidente Gabriel Boric— en la comisión investigadora del Caso Convenios, reveló algunas definiciones tras la primera sesión de la instancia en la Cámara de Diputadas y Diputados. “Lo único que se hizo hoy día fue elegir presidente de la comisión investigadora que se eligió por siete votos contra seis al diputado José Luis Castro (RN). Luego se acordó que mañana a las 9:15 va a funcionar nuevamente la comisión primero para determinar cuáles van a ser los horarios de funcionamiento que probablemente sean los días lunes y luego quiénes serían los primeros invitados”.
“Vamos a determinar de qué manera se va a llevar a cabo la investigación para aclarar en los casos que están cuestionados si hubo tráfico de influencias, fraudes o si simplemente existen errores administrativos. Son casos distintos, muchos de ellos están siendo investigados por la Contraloría y hay que determinar en cada caso qué irregularidades pueden haberse cometido y en este sentido hay que ser sumamente frío, no podemos pensar en nuestros afectos o en nuestras amistades sino que tenemos que investigarlo todo. La comisión tiene un mandato desde el 2015 a la fecha, por lo tanto tenemos que investigarlo todo y tenemos que investigarlo a profundidad porque el informe que emitamos va a tener consecuencias también legislativas”, detalló la diputada Bulnes.
Para la legisladora frenteapmlista, aunque dijo que no ha escuchado que alguien tenga intenciones de hacerlo, no procede enviar un cuestionario al Presidente de la República. “Pienso que no es procedente, pero tendrá que discutirse en definitiva y tomarse una decisión colectiva dentro de la comisión investigadora”, comentó.
La diputada Bulnes reiteró que no es procedente cuestionar al Mandatario, “porque los que tienen que responder son las autoridades que han intervenido en cada caso de convenios de trato directo o de otro tipo de convenios en que hayan actuado fundaciones”. Es decir, a las autoridades electas como los gobernadores regionales o las autoridades administrativas como son los ministros sectoriales, seremis u otras autoridades administrativas que hayan intervenido en la asignación de recursos a fundaciones a través de convenios, sea de trato directo o sea de licitación pública.
“Estos casos han ocurrido muchos en nuestro país, hemos escuchado durante muchos años casos semejantes y hay que investigarlos todos desde el año 2015 hasta parte según el mandato que tiene la comisión, sin atender a si son nuestros amigos o si son nuestros adversarios. Este es un tema que preocupa la opinión pública que es sumamente serio y en que la investigación debe ser acuciosa y objetiva”, concluyó la parlamentaria de Convergencia Social.
Cabe mencionar que los 13 diputados definidos para integrar la mencionada comisión son: diputados de oposición: Jose Miguel Castro y Juan Carlos Beltran (Renovación Nacional); Juan Antonio Coloma y Renzo Trisotti (Unión Demócrata Independiente); Chiara Barchiesi (Partiodo Republicano); Ruben Oyarzo (Partido de la Gente); Yovana Ahumada (ex PDG y actualmente parte del Comité Social Cristiano e Independientes) y Eric Aedo (Democracia Cristiana).
En tanto, desde el oficialismo, integrarán la Comisión Especial Investigadora los diputados Mercedes Bulnes (Convergencia Social); Raul Soto (Partido por la Democracia); Daniel Manoucheri (Partido Socialista); Carolina Tello (Partido Comunista) y Ericka Ñanco (Revolución Democrática).
