Un tercio de causas penales por detenidos desaparecidos ha recibido sentencia definitiva

A 25 años de las primeras acciones legales por crímenes de lesa humanidad en la dictadura chilena, se reveló que las causas totales terminadas en tribunales superiores ascienden a 658, según los últimos datos del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales.

En el desglose de cifras, de ese total, 85 se dictaron entre julio del 2022 y junio del 2023, casi el doble que en los 12 meses anteriores, las que sumaron 47.

Además, las 85 que se dictaron son el mayor número desde que la entidad comenzó a medir el indicador, en el año 2010.

Del total, 124 son de carácter civil y 534 son penales o mixtas (incluyen arista penal y civil). La mayoría fueron resueltas por la Corte Suprema, y otras en la Corte de Apelaciones, sin elevación a casación.

También en el periodo la Corte ha empezado a dar pasos significativos en otras materias relacionadas: disolviendo condenas espurias impuestas por Consejos de Guerra en tiempos de dictadura y a punta de tortura; ordenando el retiro de monumentos y homenajes a figuras autoritarias y a criminales de lesa humanidad, e invocando la figura de ‘cosa juzgada ineficaz’ para hacer prevalecer el deber de reparación en el caso Paine.

En conversación con El Mostrador, Cath Collins, directora del Observatorio de Justicia Transicional UDP, destacó “el ambiente deteriorado que se siente, en contraste con los 40 años en que se respiraba mayor consciencia, sobriedad, y disposición a reconocer el horror con todas su letras, y condenarlo con todo el vigor necesario. Esa firmeza y claridad se echa de menos hoy tanto el el espacio político como en el ámbito social, con tendencias de opinión pública preocupantes. Muchas personas dicen no saber qué fueron los informes Rettig y Valech, pero a su vez, una proporción creciente de la población no tienen problemas para reconocer que la dictadura fue, en efecto, una dictadura mientras dicen aprobar el Golpe”.

“Es decir, no es (solamente) que la verdad no se sabe: es que existe una chocante subvaloración do lo que una verdad que aun se reconoce – la del golpe- inexorablemente significó, y siempre significará, en vidas, terror, tortura, y quiebre”, agregó.

Por otro lado, un cambio con la edición anterior, según Collins, “es justamente que ahora se le recurren a los tribunales por todo, o por muchas más cosas. Para reparación, en la forma de demandas civiles. Para memoria, en la forma de limpieza del espacio público de homenajes a la dictadura. Para garantías de no repetición, en intentar cambiar los valores y símbolos con los que se forman las nuevas generaciones de cadetes, soldados, y carabineros . Para verdad, en revertir condenas espurias y poder decir “no soy ni nunca fui, traidor(a) a la patria”.

“Lo llamativo es que todo esto se busca en tribunales, cuando en realidad buena parte de ello debió venir desde fuera del resto del Estado, de la sociedad en su conjunto. Es que el Poder Judicial, con todos sus problemas, deficiencias y demoras, es el poder que más ha respondido, por cuanto todo se judicializa. Pero un tribunal no es ni puede ser el reemplazo por la consciencia moral y ética de un pueblo y su clase política”, añadió.

Otra cosa que destacó Collins fue que “la Corte Suprema o al menos una mayoría en una sala – que no es lo mismo – va afirmándose en doctrinas jurídicas más sólidas y sofisticadas, para intentar hacer justicia mejor, o al menos, ‘menos deficiente’ con los malos ingredientes que son las leyes penales domésticas, de la época de los hechos”.

Las deudas existentes

Pese a la gran cantidad de cifras, a más de 30 años del inicio de la democracia, sólo se han emitido sentencias definitivas en materia penal respecto de algo más de un tercio (34.7%) de las cerca de 3.200 personas reconocidas por el Estado de Chile como víctimas ausentes (detenidas desaparecidas o ejecutadas).

En tanto, la proporción de personas sobrevivientes actualmente reconocidas por el Estado que cuentan con una causa penal resuelta por los crímenes cometidos en su contra es tan solo 0,60%.

“Se nos está haciendo tarde. Nadie en su sano juicio podría disputar que se está en deuda sobre todo con las y los familiares y sobrevivientes que con ‘ardiente paciencia’ han exigido justicia durante casi 5 décadas y han tenido que buscar a sus propios seres queridos, investigar sus propias causas, ser la consciencia moral de la nación durante demasiado tiempo. Ya no les toca cargar esta mochila sola. Nunca debieron estar tan solas en esto. Muchas y muchos se nos van. Pero hay hijas y hijos, de desaparecidos, de ejecutados, del exilio, e incluso de perpetradores. A ellas y ellos les debemos un país en paz con su consciencia, que haya enfrentado sus culpas y pagado sus pecados. Y nos falta aún para llegar a eso”, explicó.

Otro dato relevante del informe da cuenta del número de individuos condenados por estas causas. Entre julio de 2022 y junio de 2023 recibieron sentencia 334 personas, repartiendo entre sí 362 condenas y 309 absoluciones. De los sentenciados, al menos 14 se mantienen prófugas de la justicia. A ellos se suman tres de los ocho agentes condenados en el caso Soria (en agosto de 2023), quienes no han sido aprehendidos a una semana de ordenarse su detención, y dos fugas y un suicidio en el caso Víctor Jara.

“Sorprendió para mal, la cantidad de fugados y que esto al parecer se haya abultado por cinco personas mas, en dos casos muy connotados (Víctor Jara y Littre Quiroga, y Carmelo Soria) a apenas dos semanas del aniversario del golpe. Es un contra símbolo y socava el peso disuasivo de la justicia y de la sanción penal. Sorprendió también, que casi 17% de los agentes sentenciados en estos 12 meses ya se encontraban fallecidos. Y que hay causas enteras que ya terminan sin acusados, ni victimas, ni testigos vivos . Deja una sensación de vacío”, dijo.

Sin embargo, 57 de esos 334 sentenciados ya habían fallecido al concluir la causa, por ende, “no vivieron ni para ver ratificados sus condenas, ni para ser absueltos, en el caso de que fueran inocentes”, señala Cath Collins, directora del Observatorio, quien agrega que “ambas situaciones son malas desde la perspectiva del debido proceso”.

En el mismo período, además, se abrió un número récord de causas nuevas: más de 2.000, donde más de la mitad son por tortura. En tanto, en agosto de 2022 se concretó una condena y una indemnización por tortura con violencia sexual, “es decir, ni mito urbano, ni mucho menos”, señaló Collins.

Para el informe del próximo año, esperan contar con datos del Plan de Búsqueda. “Esperamos verlo andando, vigoroso, con recursos, perfil, apoyo y encaje con el poder judicial, y sobre todo habiendo podido crear la sensación de que este es un desafío país, que todas y todos asumimos porque a todas y todos nos concierne y nos importa: ‘que todo Chile busque'”.